La intolerancia de una nueva ortodoxia

Modos de intimidar

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La intimidación del adversario se manifiesta otras veces en amenazas de boicot a instituciones, empresas o intelectuales que mantienen opiniones contrarias a las que defiende un grupo. En estos casos se actúa conforme a la ley del embudo.


Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 18/14

Esto se ha visto de modo muy gráfico en las campañas sobre el matrimonio gay en Estados Unidos. Si grandes magnates de Hollywood o si el fundador de Amazon, Jeff Bezos, donan millones de dólares para apoyar la causa del matrimonio gay, es muestra de su liberalidad progresista y nadie pondrá en duda su derecho a hacerlo.

Pero si Dan Cathy, dueño de la cadena de restaurantes Chick-fil-A, declara en una entrevista que la empresa apoya la familia tradicional y además resulta que ha dado apoyo financiero a organizaciones contrarias al matrimonio entre parejas del mismo sexo, grupos de activistas gais piden el boicot de sus restaurantes y los alcaldes de Chicago, Boston y San Francisco se apresuran a decir que la cadena no sería bien recibida en sus comunidades. Cathy dejó bien claro que, aunque ideológicamente sea contrario al matrimonio gay, su cadena jamás ha hecho ninguna discriminación por la orientación sexual ni entre sus empleados ni entre sus clientes.

Un truco del laicismo integrista es rechazar de entrada un verdadero debate público sobre argumentos defendidos por creyentes considerándolos una “intromisión” de la Iglesia

Paradójicamente, los mismos que llaman al boicot por una cuestión ideológica gritan escandalizados por el hecho de que un fotógrafo, cristiano, no quiera hacer el reportaje fotográfico de una boda gay y le llevan ante los tribunales por discriminación. El pasado agosto, el Tribunal Supremo de Nuevo México multó a un pequeño negocio, Elane Photography, por negarse a hacer el reportaje de una boda de ese estilo. ¿Sería también discriminatorio si el fotógrafo se negara a hacer un reportaje para promocionar un circo que tiene espectáculos con animales, cuando resulta que el fotógrafo es contrario a tal práctica?

Cátedra menos libre
Pero los promotores del matrimonio gay ya no se conforman con menos que la adhesión incondicional. Esta actitud llega a poner en cuestión incluso la libertad de cátedra, cuando alguien se atreve a poner en duda la nueva ortodoxia. Así, los partidarios de la adopción por parejas del mismo sexo no se cansan de repetir que los niños criados en estas parejas no tienen ninguna desventaja respecto a los demás, y para eso aducen diversos estudios que serían el “consenso científico”.

Pero si un sociólogo como el estadounidense Mark Regnerus, de la Universidad de Texas, presenta una completa investigación que ofrece nuevas e importantes pruebas de las diferentes consecuencias que tiene en los hijos criarse en un hogar homosexual o en un hogar de madre y padre casados, entonces la libertad de cátedra deja de ser inviolable. Activistas gais calificaron sus conclusiones de “fraudulentas” y “difamatorias”, e incluso provocaron que un comité de la Universidad revisara la metodología del estudio, para concluir que no había incurrido en ninguna mala praxis (cfr. Aceprensa 28-06-2012).

Pero, en el afán de normalizar cualquier conducta sexual, la presión y el voluntarismo pueden sustituir a la evidencia científica. En esta línea, la citada resolución Lunacek pide a la Organización Mundial de la Salud “suprimir los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento, y garantizar una reclasificación de dichos trastornos como trastornos no patológicos”. Ya no cuenta lo que diga la medicina sino lo que exija un lobby.

Lo dice la Iglesia
Un truco propio del laicismo integrista es rechazar de entrada un verdadero debate público sobre argumentos defendidos por ciudadanos creyentes o por la Iglesia católica. No es que se les pida que presenten argumentos que puedan ser compartidos en la esfera civil y política, en vez de razones de autoridad religiosa. Simplemente, se considera que sus argumentos están contaminados por su procedencia, de modo que admitirlos supondría rendirse a una “intromisión” de la Iglesia, o de los creyentes en general, que pretenden “imponer sus propias convicciones”. Con lo cual habría que dejar que solo el punto de vista “laico” se impusiera a todos.

En principio, en un debate cívico lo importante no son los motivos subjetivos por los que uno defiende una postura, sino las razones que ofrece. Pero el recurso fácil de denunciar la supuesta intromisión religiosa evita entrar a discutir si un argumento está bien fundado.

Hoy día el peligro es más bien que el Estado intente imponer a la Iglesia sus propias convicciones. Lo hemos visto en las recientes recomendaciones que ha hecho el Comité de la ONU de los Derechos del Niño, que, saliéndose de su cometido, ha aprovechado la ocasión para pedir que la Iglesia cambie su doctrina sobre el aborto, la homosexualidad y el acceso de los adolescentes a la anticoncepción. O cuando la Administración Obama, para implantar la reforma sanitaria, intenta imponer que el empleador cubra en su seguro médico determinados métodos anticonceptivos y el aborto, aunque eso repugne a sus convicciones.

Otras veces la intromisión estatal llega incluso al interior de la Iglesia. Cuando el Sínodo de la Iglesia de Inglaterra (anglicana) decidió en 2012 no aprobar, por el momento, la ordenación de mujeres obispo, hubo parlamentarios que no solo insistieron en que las mujeres debían ser obispos, sino que plantearon que el Parlamento obligase a la Iglesia a retomar el tema sin esperar al siguiente Sínodo.

Newspeak orwelliano
Una nueva ortodoxia exige también un nuevo lenguaje, o, mejor, un cambio de significado de las palabras. De este modo, en la línea del “newspeak” orwelliano, algunas palabras pasan a significar justo lo contrario de su sentido original.

Christina Odone, periodista, cuenta en el semanario New Statesman (14-01-2014) que cuando se estaba discutiendo en el Reino Unido la cuestión del matrimonio gay, la organización Christian Concern organizó un acto en la Law Society para debatir el tema, acto al que ella misma fue invitada. Pero pocos días antes, la Law Society les negó sus locales, aduciendo que podían expresarse opiniones contrarias al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual iba contra su “política de diversidad”. El mismo rechazo y la misma excusa de la “política de diversidad” se repitió al intentar utilizar los salones del Queen Elizabeth II Conference Centre.

En suma, la invocación ritual al respeto a la “diversidad” y a la “inclusión”, puede servir para imponer el pensamiento único y excluir al que expresa una opinión diversa.

Y es que nunca ha sido fácil tolerar al disidente. La novedad actual es que, en nombre de la tolerancia, algunos gobiernos occidentales actúan de modo intolerante contra grupos que mantienen posiciones distintas a lo “políticamente correcto” del momento. Ha captado bien el cambio Michael Casey, sociólogo australiano, quien explica: “En su sentido genuino, la intolerancia sería negarse a respetar los derechos de otras personas, pero ahora se ha extendido a algo que de ninguna forma es intolerancia: el derecho a negarse a dar por buenas elecciones con las que no estamos de acuerdo. La ‘tolerancia intolerante’ pretende obligar, en nombre de la tolerancia, a admitir como buenos valores y prácticas con los que se discrepa”.

Tampoco importa mucho que la mayoría de la gente piense que la ley no debe respaldar esos valores y prácticas. Eso se ha visto muy claro en la ya larga batalla en EE.UU. respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta 2012, en 32 estados donde se había sometido a referéndum, siempre había perdido. Solo en 2012, en consultas coincidentes con las elecciones presidenciales, ganó por votación popular en tres estados (Maine, Maryland y Washington) por mayoría muy ajustadas. Pero no cualquier referéndum vale: si gano yo, es expresión de la voluntad popular; si ganan los otros, no se pueden aplastar los derechos de las minorías.

Por eso, los promotores del matrimonio gay han ido dando la batalla sobre todo en los tribunales federales y en el Tribunal Supremo para frustrar esa voluntad popular. En nombre de la democracia se puede hacer caso omiso de lo que vote el pueblo.

Esperemos que no se llegue al orwelliano “crimen de pensamiento”. Para no profundizar por ese camino, la nueva ortodoxia debería recordar lo que afirmaba Orwell en su prólogo a Animal Farm: “Si la libertad significa algo, significa el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír”.


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