El cierre temporal de la televisión pública en Grecia, en la que trabajaban 2.700 personas, ha puesto en primer plano el papel y la dimensión de las cadenas públicas. Grecia se convierte en el único país de la UE sin un medio televisivo estatal, eso sí, solo temporalmente, ya que el gobierno de Samaras se ha comprometido a reabrirla tras una reestructuración que puede durar tres meses. Pero ha advertido que la nueva contará solo con unos 700 profesionales (cuatro veces menos que los que había hasta ahora).
La drástica decisión del gobierno griego supone una llamada de atención en un país como España donde, en una época de recortes en el gasto público, aún se mantienen 15 cadenas públicas que en conjunto cuestan al contribuyente unos 1200 millones de euros al año. Además acumulan deudas que en conjunto suman 2.200 millones.
Un informe de El Mundo (2-06-2013) muestra que en España las cadenas públicas de las autonomías cuentan con 10.000 trabajadores, a los que se añadirían los más de 6.000 de Radio Televisión Española (RTVE). Este dato contrasta con que en las televisiones privadas, entre Tele cinco, Cuatro, La Sexta y Antena 3 juntas suman 2000 personas contratadas. En Cataluña, en este momento, trabajan casi los mismos que en toda la televisión pública griega.
Actualmente hay en España 28 canales públicos regionales de los cuales nueve no superan el 1% de media en los niveles de audiencia y solo cuatro cadenas (TV3, Canal Sur, Aragón Televisión y la cadena autonómica gallega) superan el 10% de cuota de pantalla en sus respectivas comunidades autónomas.
Todos estos datos por sí mismos no reflejan el verdadero problema de gestión. Las televisiones públicas regionales (sin contar RTVE) recibirán en 2013 unos 1.400 millones de las arcas públicas y se estima que apenas ingresarán 100 en publicidad. Muchas de las televisiones públicas han vivido por encima de sus posibilidades. Llama la atención que el Canal Extremadura estuviera pagando 3 millones de euros anuales por los derechos de la Champions League o que Canal Sur tenga casi 100 millones de pérdidas en los últimos seis años.
Quizá no se llegue al extremo griego. Pero la crisis está obligando ya a los gobiernos regionales a reducir presupuestos y plantillas en las cadenas públicas. La misma magnitud de los despidos indica hasta qué punto las plantillas estaban sobredimensionadas. Telemadrid ha despedido a 861 trabajadores; Canal Nou de Valencia a otros 800;, en la televisión autonómica murciana redujeron la plantilla de 350 a 20 empleados. Por último, en Cataluña acaban de aprobar un ERE por el que se despedirá a 312 trabajadores de TV3 y Catalunya Radio. Otro modo de reducir gastos ha sido externalizar servicios. Así, Murcia, Canarias, Aragón y Baleares tienen externalizados los informativos.
Sin embargo hay quien quiere ir más allá. La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que se están buscando nuevos modelos que permitan la entrada de participación privada e incluso el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid destaca que “vendería Telemadrid si recibiera una buena oferta” cosa que de momento no ha ocurrido. Por otro lado Raúl Berdonés, presidente del grupo Secuoya, afirma que la cesión para que haya una gestión privada de las televisiones autonómicas puede reducir un 60% sus costes.