El gobierno español abre las puertas a la clonación

Un manifiesto promovido por científicos denuncia la explotación de embriones de la Ley de Investigación Biomédica

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Antes de fin de año el Congreso de los diputados español debatirá el proyecto de Ley de Investigación Biomédica, presentado por el Consejo de Ministros. Uno de los fines de esta ley es permitir la clonación o transferencia nuclear en España. Una técnica que consiste en incorporar el núcleo de una célula adulta a un óvulo enucleado (que previamente ha sido manipulado para extraer su núcleo). De esta forma se logra un embrión con la misma herencia genética que la persona de la que se ha extraído el núcleo de la célula adulta.

Así, la denominada clonación "terapeútica" se hará un sitio en la legislación española, a pesar de las recomendaciones de la ONU qu ha pedido en una resolución que no se aprueben leyes sobre ningún tipo de clonación. El procedimiento es el mismo que para la clonación reproductiva, con la diferencia de que la ley estipula que el proceso deberá detenerse antes de los 14 días.

Además, la normativa regulará otros aspectos bioéticos como: la investigación con células embrionarias, los análisis genéticos, los bancos de material biológico, etc. Por otro lado, se creará un Comité de Bioética en España y se promoverá la investigación biomédica.

Para el catedrático de Bioquímica de la Universidad de Valencia Luis Franco Vera, el proyecto de ley esconde "numerosas inexactitudes científicas". Con este motivo ha elaborado junto con otros científicos un manifiesto que pone de relieve los defectos de la Ley y sus consecuencias. El manifiesto está abierto a la firma de otros científicos.

El manifiesto defiende en doce puntos la condición humana del embrión. A lo largo del texto se descubren con explicaciones científicas las lagunas e incorrecciones de la futura ley. Los puntos 2 a 5 del manifiesto resaltan que el cigoto, desde el momento de la fecundación, adquiere una identidad genética propia. Cuando el embrión está compuesto por tan solo cuatro células, al día siguiente de la fecundación, ya existen "productos de la expresión génica del embrión" como las conexinas, un gen necesario para la implantación que no se da en organismos unicelulares. Poco después, a los cuatro días, aparece la gonadotropina coriónica, una hormona encargada de preparar al organismo materno para la implantación y el embarazo.

Estos datos invitan a considerar no solo la dignidad humana del embrión sino también la falta de sentido que tiene la denominación de "preembrión" (embrión obtenido por fecundación in vitro). Cualquiera que sea el origen del embrión -fecundación natural, fecundación in vitro o transferencia nuclear a óvulos enucleados- hace inadmisible que se le identifique con "una simple masa de células, ni siquiera en los días anteriores a su implantación" (puntos 6 a 8).

Los puntos finales del manifiesto recuerdan la importancia de realizar una investigación biomédica que realmente avance y no cree falsas esperanzas. Como ocurre en la investigación con células madre embrionarias, que hasta ahora no ha dado lugar a aplicación terapeútica alguna en seres humanos. De hecho, las realizadas en animales han provocado la aparición de tumores en más del 60% de los casos. Sin embargo, la investigación con células madre adultas ha servido para dar tratamiento médico a más de 70 patologías humanas. Y existen 544 protocolos con células madre adultas, muchos de ellos con muy buenos resultados.

Por otro lado, los firmantes del manifiesto, denuncian la "fuerte carga ideológica" de la ley. Esta nueva legislación se complementa con la reciente Ley de Reproducción Humana Asistida aprobada el pasado mes de febrero. La actual ley prohíbe crear embriones para investigación mediante fecundación asistida, sin embargo permite que los ya existentes puedan ser destinados a investigación. Sea de una forma u otra el embrión queda desprotegido y al vaivén de intereses económicos de clínicas de fertilidad e investigadores biomédicos.

De aprobarse esta ley, España se convertirá, junto con Reino Unido, Bélgica y Suecia, en uno de los pocos países europeos que permiten estás prácticas.


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