Desde la Torre Eiffel, el domingo 31 de enero, podía contemplarse la muchedumbre congregada en París -no menos de cien mil personas- para protestar contra el proyecto de ley sobre parejas no matrimoniales. El proyecto fue aprobado en diciembre por la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría la llamada «izquierda plural» (socialistas, comunistas y verdes), aunque no todos sus diputados están a favor. Comienza ahora el debate en el Senado, donde la izquierda no goza de mayoría.
Mucho se había discutido sobre esa figura, el pacto civil de solidaridad (PACS), que intenta dar cobertura jurídica a las uniones de hecho, fundamentalmente de carácter homosexual (ver servicio 133/98). Pero resulta llamativa la amplitud del rechazo popular que ha concitado, como pudo comprobarse en la manifestación del día 31, convocada por diversas asociaciones pro familia, así como por el Colectivo de Alcaldes -también socialistas- a favor del «matrimonio republicano». La convocatoria había sido valorada como una «buena causa» por parte de las autoridades religiosas. Aunque los organizadores excluyeron motivaciones políticas, no faltaron líderes centristas y gaullistas, así como los inevitables representantes de los dos grupos ultras en que se ha dividido el Frente Nacional de Le Pen. El ambiente de la manifestación fue alegre, juvenil, festivo.
Se ha destacado que, por primera vez en la historia reciente de un país como Francia, que hace gala de su «laicidad republicana», un proyecto legislativo ha suscitado la oposición unánime de católicos, protestantes, musulmanes -la segunda confesión religiosa en el país- y judíos. Las autoridades religiosas no desean lógicamente bajar a la arena política, pero consideran esencial que la familia sea protegida, también jurídicamente. En la práctica, el consenso es muy superior al que se produjo en 1984, que obligó al gobierno a abandonar sus proyectos a favor de una escuela única, laica y republicana.
La jerarquía católica, así como el gran rabino de Francia, se había pronunciado públicamente en su momento contra el PACS. Ahora se reprocha además al gobierno su incoherencia: a comienzos de año, Alain Jospin ha lanzado una gran ofensiva para luchar contra el gravísimo problema de la violencia juvenil y del incremento de la delincuencia entre los adolescentes; entre las diversas medidas para alcanzar el objetivo de la seguridad ciudadana -la segunda prioridad del ejecutivo, tras el empleo-, el gobierno cuenta con una mayor responsabilidad de los padres en la atención y educación de sus hijos. En ese contexto, no parece coherente apoyar fórmulas jurídicas que más bien contribuyen a desintegrar la familia, por muy políticamente correctas que se presenten.