Nueva campaña de los obispos católicos estadounidenses contra la pena de muerte

"No podemos defender la vida eliminándola", dice el Arzobispo de Washington

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El pasado 21 de marzo, la Conferencia Episcopal estadounidense dio a conocer a la prensa su nueva campaña para abolir la pena de muerte en Estados Unidos. Los obispos han insistido en que no se trata de una "nueva causa", sino de un llamamiento más rotundo a los católicos y a los líderes políticos del país para que impulsen una legislación a favor de la vida.

En cuanto a su mensaje, la campaña no hace más que confirmar la postura que la Conferencia Episcopal lleva manteniendo desde hace 25 años. Pero tiene de novedoso un mayor sentido de "urgencia y unidad", pues ha crecido el número de católicos norteamericanos que se muestran partidarios de abolir la pena de muerte.

El lanzamiento de la campaña se ha hecho coincidir con el aniversario de la primera Declaración conjunta de obispos norteamericanos sobre esta cuestión, en 1980. En esta Declaración se decía que si bien es cierto que la enseñanza tradicional de la Iglesia católica ha reconocido el derecho del Estado a "tomar medidas para protegerse a sí mismo y a sus ciudadanos de un daño serio" (sin excluir, en casos de extrema gravedad, la pena de muerte), la cuestión que debe plantearse en nuestros días es "si la pena capital es justificable en las actuales circunstancias".

Tras analizar las tres justificaciones clásicas en que se apoya la imposición de cualquier pena (la rehabilitación del criminal, la disuasión de criminales actuales o potenciales y el restablecimiento del orden de la justicia), la Declaración concluía que "en las condiciones de la sociedad contemporánea americana, los legítimos propósitos de castigar no justifican la imposición de la pena capital". La Declaración expresaba también la convicción de los obispos de que la abolición de la pena de muerte fomentaría determinados valores cristianos, tales como el rechazo a la violencia, el valor de la dignidad de la persona o la convicción de que sólo Dios es el Señor de la vida.

En la rueda de prensa en la que se presentó la campaña, el cardenal Theodore McCarrik, Arzobispo de Washington, declaró que "no podemos enseñar que matar es malo matando; no podemos defender la vida eliminándola". Asimismo, se presentaron los resultados de una encuesta -realizada por un experto independiente- sobre la posición de los católicos norteamericanos ante la pena de muerte. Según esta encuesta, el porcentaje de católicos que apoyan la pena de muerte ha pasado del 40% al 20%. McCarrik terminó su intervención enfatizando el compromiso de la Iglesia con las víctimas de la violencia y con sus familias como parte central de la campaña.

Además de las principales líneas de acción que se van a llevar a cabo, la página oficial de la campaña (www.ccedp.org) contiene un nutrido fondo de documentación: desde algunos datos sobre la pena de muerte en el país y el estado de la cuestión en los tribunales norteamericanos, hasta una explicación acerca de la enseñanza de la Iglesia católica sobre este punto (a la que se acompañan discursos de Juan Pablo II y las declaraciones de algunos obispos).

Nuevo clima de opinión

La campaña de la Conferencia Episcopal está en sintonía con lo que empieza a ser el sentir común de los estadounidenses. En efecto, desde el año 2000, el número de ejecuciones en Estados Unidos ha bajado. Ese descenso se debe en parte a las dudas sobre la justicia de las condenas, pero también -y sobre todo- a la formación de un clima de opinión general favorable a la abolición de la pena de muerte. En el año 2000, por ejemplo, más de 30 ayuntamientos norteamericanos pidieron que en sus Estados se suspendiera la aplicación de la pena de muerte, por falta de garantías suficientes (ver Aceprensa 152/00).

En febrero de ese mismo año, el gobernador de Illinois -partidario de la pena capital- decidió suspender indefinidamente las ejecuciones para revisar el sistema de justicia, al saber que 13 inocentes habían sido condenados a muerte, si bien no llegaron a ser ejecutados. También en Maryland se inició un estudio sobre la equidad de las sentencias de muerte, en este caso por la desproporción de condenados pertenecientes a minorías raciales.

Y Virginia, el Estado que más rápido ejecuta a los condenados, reformó los procedimientos penales para facilitar a los presos la presentación de pruebas adicionales en su favor (ver Aceprensa 82/00).

En junio de 2002, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio dos sentencias que ponían condiciones más estrictas para dictar condenas a muerte. La primera sentencia declaraba contrario a la Constitución ejecutar a un deficiente mental. La segunda revocaba una pena de muerte dictada en Arizona porque había sido impuesta por el juez, contra el derecho constitucional a ser juzgado por un jurado (ver Aceprensa 102/02).

A principios de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte por delitos cometidos antes de los 18 años. De esta manera se pone punto final a una práctica que estaba en vigor en 19 de los 38 estados que permiten la pena capital.

Juan Meseguer Velasco

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