La reforma de la ley del aborto sigue sumando voces críticas a tan sólo unas pocas horas de que el Pleno del Congreso traslade el proyecto al Senado. La Organización Médica Colegial (OMC) dice que la nueva norma carece de las suficientes garantías.
El comunicado de la Organización Médica Colegial (OMC) recuerda que “la profesión médica está al servicio de la vida humana”, y exige unas mínimas garantías a la reforma propuesta.
La crítica más contundente se dirige contra uno de los argumentos estrella del gobierno: “Los médicos rechazamos que se utilice el argumento de que la nueva ley les dotará de una mayor seguridad jurídica a la hora de realizar una interrupción voluntaria del embarazo, ya que no se ajusta a la verdad. Ni los médicos y menos aún el nasciturus, estarán mejor protegidos que con la ley anterior”.
A continuación, el texto se refiere al plazo de 14 semanas durante las cuales el aborto es libre: “Este límite es difícil de precisar con el rigor que las leyes exigen a pesar de los medios técnicos actualmente disponibles, por lo que se introduce un aspecto subjetivo, que aconseja establecer cautelas”.
Entre las mínimas garantías que la OMC echa en falta en el proyecto está el establecimiento de “un sistema que impida irregularidades en los informes médicos”, destinados a avalar que el embarazo supone un peligro para la salud psíquica o física de la embarazada, que ya con la ley actual se ha convertido en un pretexto para justificar cualquier aborto.
También exige que se elabore “un protocolo de consentimiento informado que ofrezca las debidas garantías de validez y respeto a la opinión y autonomía de la mujer, con información de la naturaleza de la intervención y sus riesgos”.
Frente a los escasos tres días que el proyecto deja a la mujer para que se reafirme en su intención de abortar, la OMC pide más tiempo. Además, dice que se debería dar más información sobre las medidas sociales para ayudar a las mujeres con dificultades que quieren tener el hijo.
En la misma línea garantista, la declaración pide que se establezcan comisiones técnico-éticas en todos los centros donde se realizan abortos para determinar si son legales o no. Y añade: “Una decisión tan importante y de consecuencias irreversibles, cual es un aborto, no puede ser adoptada por un solo facultativo”. Hay que tener en cuenta que si en el proyecto original se requería el dictamen de dos especialistas para realizar un aborto por encima de las 14 semanas y hasta la 22 por razones de salud de la madre o de malformaciones fetales, en el trámite parlamentario se ha reducido a uno.
Recortes en la objeción de conciencia
La declaración también hace referencia a la objeción de conciencia. Por un lado, “ve con satisfacción que se reafirme el derecho constitucional a la objeción de conciencia para todos aquellos profesionales que deban intervenir como cooperadores necesarios en la práctica de un aborto”.
Pero, por otro, deja entrever una crítica sutil al gobierno: “Los médicos colegiados aceptarán, como no puede ser de otra forma, las leyes emanadas del Parlamento, pero sometiéndolas siempre al valor superior de la libertad de conciencia de cada uno. La objeción de conciencia es un derecho fundamental e irrenunciable”.
Para entender este velado reproche se ha de tener en cuenta la última modificación que ha sufrido el proyecto de ley. Hasta la semana pasada, el texto no decía nada sobre la objeción.
Aunque este punto era motivo de polémica, lo cierto es que la objeción de conciencia de los médicos y del personal sanitario a la práctica de abortos fue expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/1985. Pero ahora el nuevo proyecto de ley dice que sólo se podrán declarar objetores los profesionales directamente implicados en el aborto, excluyendo así al resto del personal sanitario. Además, el proyecto establece que los objetores deberán ejercer su derecho de forma individual y por escrito.
La Universidad de Navarra solo enseñará a curar
La Universidad de Navarra también ha querido terciar en el debate sobre la reforma de la ley del aborto con una declaración firmada por los decanos de las Facultades de Medicina, Enfermería, Ciencias y Farmacia, y el director general de la Clínica Universidad de Navarra, que se cuentan entre los centros de más prestigiosos del país en la enseñanza y la práctica sanitaria.
A diferencia del comunicado de la OMC, dirigido a criticar puntos concretos de la ley, el de la Universidad de Navarra opta por un enfoque más amplio. Conscientes de que el debate sobre el aborto “trasciende los límites de nuestro país y el presente que nos toca vivir”, los firmantes se centran en una argumentación de fondo.
La primera idea es que el aborto nunca es una solución a un embarazo imprevisto, sino una “tragedia superior” que añade nuevos sufrimientos. Por eso, aboga por desarrollar una asistencia social con corazón al servicio de las mujeres embarazadas y de los bebés, que se encuentran “en una posición de mayor debilidad todavía”.
Como consecuencia de lo anterior, la Universidad se niega “a incorporar las técnicas abortivas a los contenidos de la educación” (única alusión implícita a la reforma española de la ley del aborto, que pretende obligar a que las Facultades de Medicina enseñen a practicar abortos). En cambio, se compromete “a formar profesionales para curar, investigar y ayudar”.
En segundo lugar, los firmantes aspiran a situar el debate sobre el aborto -cada vez más ideologizado- en el contexto más amplio de la historia humana. “Nuestra ilusión es que pronto se estudie como histórico el triunfo de una humanidad valiente que superó el aborto como superó la esclavitud. (…) Nuestra ilusión es que los hombres y las mujeres tomemos decisiones hoy que nuestros hijos aplaudan mañana”.
En sintonía con este enfoque, la declaración confía en que los avances científicos acaben inclinando la balanza hacia el respeto a la vida, porque “una sociedad que protege al débil es fuerte”.
“Nuestra ilusión es que la medicina, la enfermería, la biología, la farmacia y la universidad en general sean aliados por la vida. La historia juzgará nuestra pasividad cómplice o nuestro compromiso solidario con el débil. No hay mejora sin cambio. Hoy es el día de cambiar en España, en Europa y en el mundo”.
Rechazos de la sociedad civil
Estos últimos pronunciamientos críticos se suman a los que ha venido recibiendo el proyecto por parte de varios organismos consultivos y exponentes de la sociedad civil.
El primero en abrir fuego fue el Consejo Fiscal, que emitió el pasado junio un dictamen contrario a la reforma del aborto. El documento cuestionó la constitucionalidad de varios artículos del anteproyecto y advirtió que la nueva ley del aborto dejaría “absolutamente desprotegido en determinados momentos” al nasciturus.
Un mes después, el Consejo General del Poder Judicial fue incapaz de llegar a un acuerdo sobre el dictamen preceptivo que debía emitir sobre el proyecto. El resultado de la votación (10 votos a favor, 10 en contra y una abstención) puso de manifiesto la división que siembra este proyecto radical (cfr. Aceprensa, 24-07-2009).
En septiembre llegó el polémico dictamen del Consejo de Estado. Los partidarios de la reforma celebraron a bombo y platillo el visto bueno a la constitucionalidad de una ley de plazos. Pero no repararon en el resto del dictamen: el Consejo recomendó 21 ajustes a los 23 artículos del proyecto y otros tres a sus seis disposiciones (cfr. Aceprensa, 29-09-2009).
Después entró en escena la sociedad civil. La multitudinaria manifestación que se celebró en Madrid el 17 de octubre en defensa del respeto a la vida, la mujer y la maternidad fortaleció la convicción, en gran parte de la prensa, de que el gobierno no podía desoír el rechazo social a la ampliación del aborto (cfr. Aceprensa, 19-10-2009).
Las encuestas han mostrado también que cuanto más avanzaba la tramitación del proyecto más rechazo social despertaba. El pasado octubre, un sondeo del Instituto Doxa para el diario La Vanguardia, el 46% se manifiesta en contra de la reforma de la ley frente a un 44% a favor.
Errores jurídicos de bulto
A la falta de respaldo popular hay que añadir las “graves carencias jurídicas” que, según el profesor Rafael Navarro-Valls, presenta el proyecto. En un informe que presentó el martes bajo el auspicio del Foro de la Sociedad Civil, este catedrático de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia denuncia que la nueva ley se aleja de la doctrina del Tribunal Constitucional.
Navarro-Valls cree que el sistema de plazos, que consagra el aborto a petición, es incompatible con lo que dice el TC en su sentencia 53/1985. Pese a que el tribunal exige “la ponderación de todos los bienes e intereses en juego cuando se trate del sacrificio de derechos fundamentales”, el proyecto sólo tiene en cuenta la libertad de la madre pero no la protección de la vida del feto.
Además de ser inadmisible desde el punto de vista constitucional, la decisión de priorizar sin condiciones los derechos de la mujer “supone el abandono por parte del Estado del deber básico de establecer un sistema legal que suponga una protección efectiva del concebido y no nacido”.
La inconstitucionalidad del proyecto alcanza también a otro de los puntos más polémicos de la reforma: el reconocimiento del aborto como un derecho de la mujer. Según el informe, no hay fundamento jurídico alguno ni en la Constitución española ni en el Derecho internacional que justifique ese cambio.
La conclusión de Navarro-Valls es que el proyecto utiliza “construcciones normativas de técnica deficiente, incompatibles con la seguridad y la certeza jurídicas”. Prueba de ello es el uso “indiscriminado” y “falto de precisión” que hace de algunas palabras: por ejemplo, presenta como “derechos fundamentales” los relativos a “la salud sexual y reproductiva”, pero no dice qué derechos son esos ni cuál es su contenido.