A principios de octubre, la autoridad británica de defensa de la competencia dio el placet para la fusión de las televisiones privadas Granada y Carlton. Según el acuerdo previo entre ambas, Michael Green, presidente de Carlton, iba a ocupar el mismo puesto en la nueva compañía. Pero un grupo de accionistas, que entre todos poseen un tercio del capital, ha aguado la fiesta de la fusión. Los rebeldes exigieron y consiguieron la destitución de Green, que ha quedado fuera. Allen, que iba a ser el director ejecutivo, solo lo es en funciones, dentro del consejo de administración interino nombrado el 5 de noviembre hasta que se encuentre sustituto de Green. El nuevo presidente -también en funciones- es un consejero de Carlton, Brian Pitman.
Este episodio es «la exhibición de poder accionarial más violenta, súbita y abierta que se ha visto en Gran Bretaña», a decir de The Economist (25-X-2003). El grupo que ha dado el golpe representa en conjunto el 36% de las acciones de Carlton y el 33% de las de Granada. Justifica la maniobra con el argumento de que quien gobernó mal una mitad de la nueva empresa, no merece estar al frente tras la fusión… lo cual se aplica igualmente a Allen. En el último decenio, Carlton y Granada han perdido audiencia y publicidad de modo ininterrumpido. A esto se suma el fracaso de ITV Digital, proyecto común de las dos compañías, que cerró el año pasado con pérdidas de 1.200 millones de libras (1.755 millones de euros), debido sobre todo a los pagos astronómicos por los derechos de la segunda división de fútbol (ver servicio 73/02). Se espera que, una vez consolidada la fusión, los accionistas rebeldes pidan también la cabeza de Allen.
Este golpe de mano refleja el nuevo activismo de los accionistas, muy fuerte en Gran Bretaña. Otro caso reciente es el de los seguros Standard Life, blanco de dos asaltos -fracasados- por parte de accionistas empeñados en que deje de ser una mutua. Y en curso están tres batallas más, contra los nombramientos de nuevos presidentes en Sainsburys, Barclays y BSkyB.
El gobierno británico ha dado alas a esta tendencia, al aprobar una ley por la que los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa están obligados a presentar y someter a votación en la junta general un informe anual sobre los salarios de los directivos (ver servicio 163/01). Aunque el resultado de la consulta no es vinculante, la medida da a los accionistas ocasión de pronunciarse y dar un rapapolvo a la dirección. Poco después de la defenestración de Green, la ministra de Industria y Comercio anunciaba una nueva reforma legal que permitirá a los accionistas tener mayor influencia, aunque sin darles derecho de veto.
Este nuevo panorama no gusta a todos. Según algunos, los accionistas no tienen experiencia en gestión de empresas, por lo que difícilmente pueden tomar las decisiones estratégicas adecuadas. También hay que preguntarse si el activismo de los accionistas es el «poder del pueblo» o la dictadura de unos pocos. A la cabeza de la rebelión en Carlton y Granada figuran Fidelity y otros fondos de inversiones, no una multitud de accionistas de a pie. No es extraño, pues solo los fondos controlan suficientes participaciones de distintos titulares para intentar una acción «popular». Pero, justamente por eso, señala The Economist, son también, en la práctica, los únicos que pueden defender con eficacia los intereses de los pequeños inversores.