El Observatorio

Las bombas de racimo, aunque prohibidas, siguen matando

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El número global de personas que han sido víctimas del estallido de bombas de racimo (cluster munition, en inglés) se duplicó en 2016, según un informe dado a conocer en Ginebra por la Cluster Munition Coalition (CMC), una campaña internacional dedicada a monitorear el uso de estos medios de exterminio, formalmente prohibidos por un convenio internacional en vigor desde 2010.

La CMC refiere que 971 personas resultaron muertas o heridas en 2016 por la explosión de estos artefactos, más del doble de las fallecidas en 2015, y que el 98% de las bajas fueron civiles. Siria (con 837) y Yemen (con 20) lideran este aciago listado.

Según informa la campaña, el gobierno de Damasco ha llevado a cabo al menos 238 ataques con bombas cluster sobre áreas controladas por fuerzas rebeldes, mientras que Rusia, que no ha suscrito el tratado de prohibición, ha participado en estas operaciones de bombardeo en apoyo del ejército sirio. Por su parte, la coalición de estados árabes que comanda Arabia Saudí contra los grupos armados pro-iraníes en Yemen también ha utilizado estas armas, si bien su empleo ha declinado tras la condena internacional que ha suscitado.

Uno de los argumentos de mayor peso contra la fabricación y el uso de las bombas de racimo en los conflictos armados radica en su propio mecanismo: se trata de municiones que pueden ser lanzadas por la artillería terrestre lo mismo que por la aviación, y que tienen la particularidad de que pueden abrirse en el aire y liberar una multitud de pequeñas bombas en un área del tamaño de un campo de fútbol. A menudo, muchas quedan sin estallar al tocar tierra, por lo que representan un enorme peligro para la población civil una vez terminadas las acciones militares –a veces tienen forma de pelota, por lo que atraen la atención de los niños con fatídico resultado–.

En tal sentido, el informe revela que otras más de 100 personas de unos 10 países murieron o resultaron heridas por submuniciones que quedaron sin detonar cuando fueron lanzadas. Solo en Laos, país implicado en la guerra de Vietnam entre las décadas de 1960 y 1970, se reportaron 51 nuevas bajas por bombas cluster en 2016. Otro tanto ocurrió en el vecino Vietnam, con 9 víctimas, y en Bosnia-Herzegovina y Serbia, donde los explosivos dejaron de caer a finales de los años 90 (una víctima en cada país).

El Convenio contra las Bombas de Racimo reclama la destrucción del stock de estas armas en 8 años desde su entrada en vigor; la limpieza, en un plazo de 10 años, de las áreas contaminadas por la munición remanente, y la asistencia a las víctimas. Hasta el momento, 28 estados que lo han suscrito han destruido cerca de 1,4 millones de bombas (con 175 millones de submuniciones), lo que representa el 97% de todas las bombas de ese tipo que se han declarado bajo el tratado.

En 2016, Eslovaquia, Suiza y España inutilizaron 56.171 bombas de racimo y 2,8 millones de submuniciones. De igual modo, expertos en esos explosivos supervisaron y limpiaron al menos 88 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la alcanzada en el año precedente.


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