A partir del próximo otoño, las universidades chinas cobrarán tasas a los estudiantes. El plan, que comenzó a implantarse en 1994 en las 40 universidades más prestigiosas (ver servicio 166/94), pone fin a la gratuidad de la enseñanza superior y a la obligación de los recién licenciados de trabajar en empresas o instituciones públicas en compensación por haber estudiado gratis.
Según un portavoz del Ministerio de Educación, «el sistema de adjudicación de empleos no sirve para atender las necesidades de una economía de mercado» (The Economist, 10-V-97). Por eso, se irá suprimiendo a medida que acaben su carrera los alumnos que estudian gratis.
De los 900.000 estudiantes que se gradúan este curso, 10.000 ya han pagado sus estudios. La matrícula más cara cuesta 180 dólares, más de la tercera parte de la renta anual media de un habitante de la ciudad (525 dólares) y casi tres cuartas partes de la del campesino. No obstante, muchos estudiantes, especialmente los de universidades prestigiosas y los que viven en las zonas más desarrolladas, confían en que es una inversión rentable, habida cuenta de la libertad que ganan para diseñar su futuro profesional.
Los demás estudiantes lamentan el cambio, porque arriesgan dinero y pierden la garantía de un empleo público. Pero el gobierno asegura que las universidades pondrán en marcha sistemas de préstamos a estudiantes, y que se crearán más puestos de trabajo.
Además, los estudiantes que se hayan endeudado y no encuentren trabajo podrán devolver los créditos si aceptan los empleos temporales que ofrece el gobierno en lugares remotos del país.