La pena de muerte retrocede en el mundo, aunque se practica en 86 Estados

Un congreso en Estrasburgo reclama una moratoria universal de las ejecuciones

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El hemiciclo del Parlamento europeo sirvió de plataforma el 22 de junio para que presidentes de asambleas legislativas de distintos países, ONG y grupos defensores de los derechos humanos lanzaran un manifiesto solemne en favor de la abolición de la pena de muerte. Este foro ha sido organizado por iniciativa de una asociación francesa con apenas un año de vida, Ensemble contre la peine de mort (Juntos contra la pena de muerte).

En las últimas semanas, Estados Unidos ocupó un lugar relevante en la información, por la ejecución de Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma en 1995, que causó la muerte a 168 personas. Por paradoja, este caso ha reabierto el debate en Norteamérica. Inicialmente parecía justificar la privación de la vida: se trataba de un convicto recalcitrante, sin circunstancia atenuante alguna, tras un procedimiento penal riguroso. Pero la autorización a transmitir la ejecución en circuito cerrado cambió la perspectiva emocional, y aportó nuevas razones a los abolicionistas.

En Estrasburgo se considera que un cambio en Estados Unidos sería muy importante, por su efecto multiplicador. Pero no se ignora que fue sólo el quinto país del mundo en 2000, con sus 85 ejecuciones. Muy por delante estuvieron China, con más de 1.000; Irak, con 400; Irán, con 125; Arabia Saudita, con 123. En términos relativos, Singapur (6 ejecuciones por millón de habitantes el año pasado) y Arabia Saudita (5,3 por millón) sobrepasan con gran diferencia a los demás países.

En Oriente se respeta menos la vida que en el mundo occidental. Los países de Asia -salvo Camboya, Nepal, Hong Kong y Macao- mantienen la pena de muerte, sin problemas de opinión. China ejecuta cada año a más personas que todo el resto del mundo, tras juicios sumarios, que sancionan alguno de los sesenta delitos tipificados con la pena máxima. Al menos, en Filipinas existe una moratoria hasta 2004, término del mandato de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo.

Ninguna nación del Próximo Oriente ha abolido tampoco la pena capital, salvo Yibuti (1955). Muchas veces se trata de una consecuencia de la ley islámica, en caso de delitos de sangre, aunque la ley del talión no se aplica siempre, si la familia de la víctima ejerce su derecho de perdón.

Más cerca de Europa, a lo largo de los años 90, ha desaparecido en dos tercios de la antigua Unión Soviética, y la propia Rusia no la aplica desde 1996. El Consejo de Europa le exige la abolición para admitirla entre las democracias occidentales. Pero las autoridades rusas no acaban de decidirse. Y no debería ser excusa el incremento de la criminalidad, pues está demostrado que la pena de muerte no tiene efecto disuasorio alguno para la gran delincuencia.

El contraste es grande respecto de América Latina, donde está abolida en los grandes países -a excepción de Santo Domingo y Guatemala y, por supuesto, Cuba-, aunque se conserva en algunos códigos militares o para delitos cometidos en tiempo de guerra. No deja de ser significativo que Costa Rica, país pacífico donde los haya, abolió la pena de muerte en 1877.

La pena de muerte está en retroceso en todo el mundo, aunque se mantiene y practica aún en 86 de los 195 Estados existentes.


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