Conferencia mundial sobre el cambio climático en Durban

El Protocolo de Kioto casi ha muerto, pero se está cumpliendo

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La “cumbre del clima” que comenzó ayer en Durban (Sudáfrica) probablemente servirá para certificar la defunción del Protocolo de Kioto. En 2012 expirará, y no hay prácticamente esperanza de renovarlo con otro acuerdo que fije nuevas metas vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El fracaso estaba cantado desde la “cumbre” de Copenhague (2009), que terminó sin compromisos concretos. El gran objetivo se deja para más adelante y mientras tanto se intentarán otros más modestos.

El Protocolo de Kioto (1997), adicional a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (1992), no obliga a todos los países signatarios –prácticamente el mundo entero–, sino solo a los más desarrollados (menos Estados Unidos, que no firmó) y los de “economía en transición”, que son los ex comunistas. Estos 38 se comprometieron a bajar sus emisiones de GEI en distintos porcentajes respecto a 1990 (u otro año posterior, en algunos casos). Los 23 del primer grupo tienen además que ayudar a los países en desarrollo a adoptar energías más limpias o a aliviar los efectos perjudiciales del ascenso de las temperaturas.

Todo el mundo coincide en que después de 2012 habría que extender la obligación de reducir emisiones por lo menos a los países en desarrollo más grandes, pues si estos no las bajan, no será posible detener el aumento de GEI en la atmósfera. China, ya el primer emisor del mundo, y otros países grandes que también crecen deprisa, principalmente India y Brasil, son cruciales para mitigar el calentamiento. A la vez, al no estar en el elenco de desarrollados, no tienen que participar en la ayuda a los más pobres.

En fin, el mayor desacuerdo es entre ellos y los países ricos: cada parte cree que la otra pide demasiado y no ofrece lo suficiente. China, en particular, solo promete reducciones relativas a su PIB mejorando su eficiencia energética, lo que no asegura que bajen sus emisiones totales. Entre los obligados por el Protocolo de Kioto, ya han rehusado renovarlo Rusia, Japón y Canadá. Los que quedan son principalmente los de la Unión Europea, y no están en condiciones de comprometerse a grandes gastos. Así, es casi seguro que se abandonará el proyecto de un nuevo pacto vinculante hasta 2015 por lo menos.

La otra disputa más importante es sobre el fondo de ayuda a países en desarrollo propuesto en la conferencia de Copenhague y aprobado en la del año siguiente en Cancún. El acuerdo es que llegue a suministrar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020. Pero queda por negociar cómo se repartirán las contribuciones.

El previsible final del Protocolo de Kioto no significa, sin embargo, que haya sido un fracaso. Según los datos más recientes, referidos a 2009, las metas prácticamente se han alcanzado ya. A finales de 2012, los países obligados a reducir emisiones tienen que haberlas bajado un 5% respecto de 1990. Y hasta 2009, la reducción efectiva ha sido mucho mayor, del 17,6%. La única salvedad es que la mayor parte se debe a los resultados de las naciones ex comunistas (–54,4%), donde se han abandonado antiguas industrias ineficientes, mientras que los países más ricos no han cumplido (+0,6%) y, en general, solo han empezado a recortar emisiones a partir de la crisis económica. O sea, que los logros no tienen asegurada la continuidad si para las economías de unos y otros llegan tiempos de expansión. Pero lo importante para la atmósfera es que hasta ahora han emitido entre todos menos GEI que antes de Kioto.

Tampoco es escaso lo hecho en la ayuda climática a los países en desarrollo. Un estudio del think tank Climate Policy Initiative estima que en 2009-2010 se les ha dado unos 97.000 millones de dólares anuales, casi tanto como el objetivo fijado para el nuevo fondo mundial. Es verdad que, a diferencia de lo aprobado en Cancún, no es todo dinero nuevo e incluye inversiones, no solo ayudas directas. Pero es una suma muy elevada en todo caso y real, no mero proyecto. El 38% fue aportado por bancos de promoción del desarrollo. Más de la mitad, 54.600 millones de dólares, vino de fuentes privadas. Esto permite esperar que se puedan reunir los 100.000 millones de dólares deseados aunque los maltrechos presupuestos públicos de los países desarrollados no den para tanto.


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