El protagonismo de la sociedad civil en la educación

Pasar del Estado gestor de la educación al respeto de la autonomía

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Pasar del Estado gestor de la educación al respeto de la autonomía

En un momento en que se debate la gestión estatal en muchos ámbitos, se impone también una reflexión sobre el nuevo reparto de papeles entre el Estado y la sociedad civil en el terreno educativo. Éste era el objetivo del Simposio internacional que ha tenido lugar en Ginebra los días 20 y 21 de noviembre, promovido por la Organización Internacional para el Desarrollo de la Enseñanza Libre (OIDEL), con la colaboración del Fórum Democrático Europeo.

Si en bastantes países europeos la educación ha estado concebida como "gran servicio público", el actual descontento de los usuarios indica que ese servicio deja mucho que desear. Así lo señala el documento de trabajo de la sesión final, donde se advierte que los sistemas educativos europeos se han convertido en ingobernables por su tamaño y su excesiva centralización. Y si su eficacia es cuestionada, tampoco el monopolio o casi monopolio estatal se adapta a los distintos requerimientos de los usuarios en una sociedad pluralista.

Ponencias y debates subrayaron la urgencia de revisar este planteamiento. La idea de la educación como "gran servicio público" está superada, en cuanto que parte del prejuicio de considerar que sólo la Administración pública sabe gestionar el interés público y atender a sus necesidades.

Fue convicción ampliamente compartida que es necesario pasar de un Estado gestor de la educación a un Estado subsidiario que deje la más amplia autonomía y libertad posible a los padres de los alumnos y a las instituciones educativas. No es solución que el intervencionismo de la Administración central sea sustituido por el de otros poderes públicos intermedios. Lo importante es que la sociedad civil recupere el protagonismo que le arrebató el intervencionismo administrativo.

Esto no implica que el Estado abdique de su responsabilidad. Los objetivos prioritarios de los poderes públicos preocupados por la justicia en el campo educativo deberían ser dos: la igualdad de oportunidades y la promoción del pluralismo de las instituciones educativas.

A partir de ahí habría que potenciar el papel de la sociedad civil, para lo cual se enunciaron algunos criterios: reforzar la autonomía pedagógica, administrativa y financiera, tanto de los centros públicos como de los privados; revalorizar la consideración social y económica de los profesores; dar mayor protagonismo a los padres, y respetar una real libertad de elección del colegio que desean para sus hijos, para lo que es indispensable la financiación en pie de igualdad a todos los centros, ya sean de titularidad pública o privada.

También se consideró prioritario volver a dar a la educación una dimensión humanística y personalizada, lo que comporta cuatro exigencias: un alto grado de excelencia, intelectual y ética, de los profesores; la autonomía de los centros educativos, basada sobre un proyecto de centro coherente, tolerante y respetuoso con los derechos del hombre; la educación personalizada, para responder a las diferencias de los alumnos y a los requerimientos de los grupos sociales; una verdadera colaboración entre la escuela y la familia, creando mecanismos de participación que respeten tanto la autonomía de los profesores como la iniciativa de los padres.

En el simposio participaron ochenta expertos. Entre los conferenciantes y ponentes se contaban Lady Blatch, ministra de Estado para la Educación del Reino Unido; E. Di Rupo, ministro de Educación de Bélgica; O. Eiken, subsecretario de Estado para las Escuelas y la Educación de Adultos, de Suecia; M. Humblet, ex ministro belga de Educación y presidente de OIDEL; J. Álvarez Vita, vicepresidente del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas; J.C. Tedesco, director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO; V. Guillén-Pecker, vicepresidente de la Asociación Europea de Padres de Alumnos, así como profesores universitarios entre los que se encontraban F. Delperée, decano de Derecho de Lovaina; J. Barnes, de la London School of Economics; Ch. L. Glenn, de la Universidad de Boston, y José Luis Martínez López-Muñiz, catedrático de la Universidad de Valladolid.


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