Una niña, víctima en Paraguay

El abuso de utilizar a una niña en campañas pro aborto

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Una niña paraguaya de 10 años, violada por el compañero de su madre, está embarazada de cinco meses. Este caso extremo y dramático se convierte en la bandera de una campaña del lobby abortista para denunciar la irracionalidad de la legislación que impide la interrupción voluntaria del embarazo.

A menudo se olvida que el origen de la situación dramática no es la legislación sobre el aborto, sino el delito cometido por el padrastro

La historia se repite periódicamente. No hace mucho tuvimos el caso “Beatriz” en El Salvador (cfr. Aceprensa, 31-05-2013) y antes el caso “Rosita” en Nicaragua, que además encubría una mentira (cfr. Aceprensa, 22-04-2010), siempre con la pretensión de forzar un cambio legislativo en Latinoamérica.

Los casos tienen en común un trasfondo de abusos, frecuentemente dentro de la propia familia, y algún tipo de negligencia médica o legal. En este caso, se ha sabido que la madre denunció a su pareja hace un año por acosar a la niña, pero el juez no llevó adelante la investigación. Ahora el padrastro se encuentra en búsqueda y captura, mientras que la madre ha sido encarcelada por encubrirle. En cuanto a la chica, los médicos que la atienden han asegurado que, dentro del dramatismo de la situación, se encuentra bien, tanto física como psicológicamente.

La ley paraguaya solo despenaliza el aborto cuando hay riesgo real para la vida materna, aunque siempre debe ser realizado antes de la vigésima semana de gestación. El embarazo de la niña ya va por la semana 23 (está a punto de sobrepasar el límite de viabilidad del feto comúnmente aceptado), y el criterio de los médicos hasta ahora no hace temer su muerte, por lo que parece claro que ninguno de los dos condicionantes legales se cumplen en este caso. La chica que ha saltado a la actualidad no sería la primera en tener un hijo a una edad tan temprana en Paraguay. Ciertamente una niña esa edad no está preparada para ser madre, pero no se sabe por qué se da por supuesto que está preparada para abortar. Cualquiera solución que se adopte será un mal arreglo.

La mortalidad materna en el país (unas 99 muertes por cada 100.000 nacidos vivos) es alta si se compara con la de los países europeos, pero no si la referencia son otros países latinoamericanos con un PIB per cápita similar. De hecho, Colombia o Venezuela, con una riqueza mayor, tienen tasas de mortalidad muy parecidas. A la cola del ranking –es decir, con menos muertes de madres– están dos países con legislaciones muy restrictivas en cuanto al aborto: Chile y Costa Rica. Un ejemplo claro de que para evitar el fallecimiento de las gestantes, lo importante es contar con hospitales de calidad, más que con más supuestos de aborto legal.

El caso debería servir para ver cómo se está regulando la convivencia de menores con padrastros, que se ha demostrado la causa de muchos de esos abusos

Proteger contra el abuso

Sin embargo, ni la débil relación entre mortalidad materna y legislación, ni el hecho de que la situación sanitaria de la niña esté aparentemente controlada, ni mucho menos la vida del feto, han distraído al lobby abortista de reclamar que se modifique la ley para permitir que la chica aborte (y ya de paso que puedan hacerlo muchas otras mujeres en otras situaciones menos dramáticas). Otros también aprovechan la situación para recuperar sus propias aspiraciones: un congresista pide que se retome con urgencia su proyecto –rechazado ya una vez en sede parlamentaria- para modificar la educación sexual en los colegios de forma que enfatice lo referente a los medios anticonceptivos. Pero es evidente que lo que ha conducido al embarazo de la niña no es la falta de educación sexual.

Tanto una como otra reclamación tocan temas suficientemente importantes (la consideración legal del feto y su derecho a la vida, o la educación sexual y afectiva de los más jóvenes) como para que sean discutidos en frío; hacerlo al calor de un caso tan dramático como el de esta pobre niña es una muestra de oportunismo político y de demagogia.

Y es que en casos como este frecuentemente se olvida que el origen de la situación dramática no es la legislación sobre el aborto, sino el delito cometido por el padrastro. Si alguna modificación legal hay que emprender, debería ser para proteger mejor a las adolescentes que tienen que convivir con una nueva pareja de su madre.

Este caso debería servir para abrir otros debates interesantes, por ejemplo qué están haciendo las autoridades para luchar contra el maltrato infantil en un país donde el año pasado se registraron 2.000 casos de abuso sexual a menores de 14 años; o cómo se está regulando el tema de la convivencia de menores con padrastros, que se ha demostrado la causa de muchos de esos abusos. Estos temas parecen tener una relación mucho más directa con el problema concreto de esta niña. Forzarla a que aborte no va a solucionar el trauma que posiblemente ya sufra.


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