Pasaportes covid: ¿solución o problema?

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Duración lectura: 6m. 36s.
pasaporte covid

El Parlamento Europeo ha decidido tramitar por urgencia la propuesta de la Comisión de crear un certificado digital verde con el objeto de facilitar la circulación libre y segura de los ciudadanos dentro de la UE mientras continúe la pandemia de covid-19. Si todo transcurre según lo previsto, en las próximas semanas recibirá la aprobación definitiva.

Este certificado consiste en una acreditación digital de que una persona tiene un riesgo muy bajo de infectar a otras porque o ha sido vacunada contra el covid-19, o cuenta con una prueba negativa reciente, o se ha recuperado del covid-19 en los últimos 180 días.

Las ventajas de esta medida son obvias. Facilitará la libre circulación de las personas, evitando los principales obstáculos que ahora presenta, como las cuarentenas que imponen algunos países de la UE. Eso contribuirá a reactivar muchos sectores de la economía, de manera destacada el turismo, que en países como España es trascendental para la recuperación económica y de los puestos de trabajo.

El riesgo de que se prolongue la excepción

Desafortunadamente, esta propuesta no está exenta de riesgos. Con el pasaporte digital, nuestra libertad de circulación estará limitada por nuestra condición de salud: si estamos vacunados o hemos pasado el covid-19 en los últimos seis meses, podremos viajar sin problema. Si no es el caso, tendremos que hacernos tantas pruebas como viajes queramos realizar.

Esta medida, adoptada con un carácter temporal y excepcional, puede tener justificación, pero el riesgo de que se prolongue más tiempo del necesario y, sobre todo, de que nos lleve a pensar que el conocimiento de ciertos datos de salud pueden justificar un mayor o menor disfrute de los derechos, es muy grave. Medidas de este tipo podrían tender a mantenerse, o incluso extenderse a otros ámbitos, porque ha arraigado el miedo a relacionarnos físicamente con los otros y queremos que se mantenga todo lo que nos proporcione una seguridad real o percibida.

Activar el pasaporte inmunitario antes que el acceso universal a la vacuna haría que mucha gente se sintiera discriminada

Si, tal como ha anunciado la Comisión Europea, el pasaporte verde digital se activa en junio, es seguro que muchos ciudadanos de la UE no habrán tenido todavía la oportunidad de vacunarse. Entonces resultará que muchas personas sufrirán una mayor dificultad en el ejercicio de sus derechos solo por haber guardado cívicamente el turno que les tocó a la hora de vacunarse. Así que las personas que no fueron priorizadas en la administración de vacunas, verán encima dificultada su libre circulación. Entre estas personas estarán los jóvenes, que serán los últimos en ser vacunados. Activar el pasaporte inmunitario con antelación al acceso universal a la vacuna incitará a mucha gente, que se sentirá con razón doblemente perjudicada, a considerar opciones nada convenientes: contagiarse para lograr la inmunidad, comprar la vacuna en el mercado negro, saltarse la cola, o falsificar el certificado.

Desigualdad de derechos

Sin llegar a crear ciudadanos de distintas categorías, el certificado verde digital ampara una cierta desigualdad en el disfrute de los derechos. Además, no se debe perder de vista que la persona que no disponga de ese pasaporte también se ve expuesta al estigma social. Las personas que carecen de ese salvoconducto de salud son vistas como distintas; y de ahí a considerarlas de menor valor, o incluso socialmente peligrosas, el salto no es tan grande.

Aunque el certificado propuesto está inicialmente pensado para que las personas puedan moverse libremente dentro del territorio de la UE, no debe olvidarse el uso que cada país pueda darle. Algunos Estados miembros se plantean franquear el acceso a determinados espacios a quienes dispongan del ansiado pasaporte. Pero no es lo mismo exigir el certificado inmunitario para asistir a un concierto, visitar un museo o entrar en una cafetería, que para ir a la escuela, el centro de salud, el supermercado, la peluquería o la playa.

El riesgo de que el pasaporte inmunitario dé pie a discriminación en el ámbito laboral es particularmente grave y no improbable. Por un lado, parece lógico que una persona que cuida a otras acredite estar inmunizada. Pero, por otro, no es aceptable que un empleador exija por defecto el certificado, de modo que quienes carezcan de él o no tengan opción a ser contratados o puedan perder su trabajo. Se trata de prácticas que no cuentan con amparo legal, pero no es descabellado pensar en que proliferen en cuanto se active el pasaporte inmunitario.

Para asegurar que el pasaporte no da pie a prácticas discriminatorias, debería cumplir al menos, con los siguientes requisitos: que solo revele que su titular es no contagioso (no el modo en que ha alcanzado la inmunidad); que se establezcan garantías para evitar toda forma de discriminación laboral y, aunque resulta mucho más difícil, evitar también la estigmatización social; que la medida tenga una aplicación temporal, limitada al tiempo imprescindible de transición hasta alcanzar la inmunidad de grupo; y que se supervise periódicamente su funcionamiento para adoptar, en su caso, medidas que eviten efectos colaterales indeseados. Algunas de ellas están contempladas en la iniciativa europea.

A la solidaridad de quienes esperan a que les llegue el turno de vacunarse debería corresponder la de los ya vacunados para no eximirse de las restricciones

En todo caso, conviene recordar que el pasaporte inmunitario no nos brinda una total seguridad. Sabemos que las vacunas son seguras y eficaces, pero aún desconocemos aspectos importantes sobre su efectividad. Aunque es mucho menos probable, una persona vacunada todavía puede infectarse y, en consecuencia, infectar a otros, aunque con un impacto previsiblemente menor.

Ventajas de no implantar el pasaporte

En conclusión, el pasaporte inmunitario en sí mismo no tiene por qué ser malo, incluso puede tener importantes ventajas en los planos personal, social y económico. Pero existen tantos riesgos de que no se aplique adecuadamente que cabe albergar una duda razonable sobre la conveniencia de ponerlo en marcha. La única manera de escapar de la pandemia es alcanzando la inmunidad de grupo y, para ello, es fundamental vacunar cuanto antes al 70% de la población.

Mantener las medidas de protección que nos afecten a todos tiene inconvenientes de gran entidad, pero tres ventajas sobre el pasaporte inmunitario: primera, como a todos nos molestan por igual, será mucho más probable que las mantengamos solo el tiempo estrictamente necesario; segunda, la solidaridad que muestran los que están esperando pacientemente su turno para vacunarse, pueden ejercerla los vacunados con respecto a los que todavía no lo están, sujetándose a unas medidas que para ellos no son necesarias pero sí para todos los demás; y tercera, mantiene toda la presión sobre la UE y los gobiernos nacionales para que administren la vacuna a toda la población cuanto antes. Dicho lo anterior, no se puede desconocer que la imposición de restricciones a la movilidad de quienes no constituyen una amenaza para la salud pública tiene difícil amparo legal.

En cuestiones éticas a veces hay que decidir entre lo bueno y lo malo. Pero con más frecuencia, como en este caso de los pasaportes inmunitarios, se trata de elegir entre distintos cursos de acción que concilien de la mejor manera distintos bienes fundamentales en juego. En situaciones así se revela con toda claridad el papel fundamental de la virtud de la prudencia en la labor de legisladores, gobernantes y jueces para discernir y acertar en la decisión, y en el modo de llevarla a cabo.

Vicente Bellver Capella
Miembro del Comité de Bioética de España

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