Un procurador de Carolina del Sur, Richard Harpootlian, ha propuesto que los padres de delincuentes juveniles contribuyan a costear la reclusión de sus hijos en la cárcel o reformatorio. La idea -basada en una ley que exige a los padres mantener económicamente a los hijos menores- ya ha sido aplicada en cuatro ocasiones, por decisión judicial. Si prospera un proyecto presentado por dos senadores, la medida puede convertirse en ley del Estado.
El «castigo» económico a los padres es más bien simbólico, ya que se les exige que sufraguen sólo una pequeña parte de los gastos que ocasionan los hijos delincuentes: de 17 a 24 dólares semanales -según la renta de la familia-, mucho menos que el coste total, que es 30 dólares al día en la cárcel o 137 dólares en un reformatorio. Pero se espera que la medida tenga un valor ejemplar y estimule a los padres a preocuparse más del comportamiento de sus hijos. La idea ha sido bien recibida por la opinión pública, dado que la delincuencia juvenil en Carolina del Sur ha alcanzado cotas elevadas: un tercio de los delitos que se registran en el condado de la capital, Columbia, son cometidos por menores de 17 años.
El proyecto de ley presentado en el Parlamento recoge la fórmula de Harpootlian, con importantes correcciones: que el juez tenga en cuenta la atención prestada por los padres antes de obligarles a pagar, eximirles en caso de que el hijo tenga más de 14 años y no aplicar la «multa» hasta que el chico sea condenado. Uno de los promotores del proyecto afirma que «los ciudadanos de mi distrito piensan que esta ley por lo menos dará que pensar a los padres».
La misma idea subyace en el gesto del alcalde de la ciudad francesa de Evreux, que decidió hace dos meses retirar la ayuda social alimenticia a diez familias con hijos delincuentes. La medida no fue bien considerada por la ministra de Asuntos Sociales, Simone Veil, que la tachó de «deplorable e inhumana». El alcalde, Roland Plaisance, un comunista con cuarenta años en el cargo, justificó su decisión alegando que es absurdo que los ciudadanos de Evreux que sufren la delincuencia paguen además a las familias de los jóvenes atracadores o vándalos.
En una carta de réplica a la ministra, Plaisance subraya que el Ayuntamiento no está obligado a facilitar esas ayudas, sino que las instauró por propia iniciativa. También señala que la suspensión afecta sólo a una pequeña parte de las 400 familias beneficiarias. Y añade, diriguiéndose a Veil: «¡Piense en el desasosiego de estos habitantes, víctimas de exacciones cometidas por un puñado de pequeños desaprensivos! ¡Piense en estos comerciantes que han tenido que cerrar sus establecimientos, arrasados por actos de vandalismo! Piense en el malestar de los educadores, de los policías… y comprenda la cólera de un alcalde».