Los planes de reforma y apertura económica en China van acompañados de paro y hábitos laborales inéditos. La llegada de empresas de capital mixto y de firmas extranjeras, dentro de un marco económico que impulsa la propiedad y la iniciativa privadas, se traduce en una competitividad que ocasiona paro. Aunque las estadísticas oficiales ofrecen datos más favorables, se calcula que más de treinta millones de chinos están sin trabajo.
Según el International Herald Tribune (3-VI- 99), las empresas del Estado necesitarán despedir a 25 millones de emplados más. Por otro lado, sólo 6 millones de chinos tienen colocación en empresas privadas, cuyos convenios con el gobierno las obligan a contratar un excesivo número de empleados, amén de repartir con el Estado un porcentaje de las ganancias. De hecho, sólo el 40% de las empresas extranjeras, según un sondeo de A.T. Kearney, asegura obtener beneficios. Y eso que las compañías europeas suelen invertir una media de 108,5 millones de dólares. La falta de formación y la abundancia de las plantillas desaniman a los extranjeros, que en ocasiones deciden retirar sus negocios de China.
En los últimos meses, el descontento de muchos trabajadores en fábricas -sobre todo extranjeras- ha provocado movilizaciones violentas. The Wall Street Journal (8-VI-99) informa de diversos altercados en empresas que están despidiendo trabajadores, como Unilever o Chip PAC. La policía no actúa contra los manifestantes en la mayoría de los casos, pues así son las consignas del gobierno, consciente de la precariedad a la que se ven sometidos los chinos. Sin embargo, el Partido Comunista cierra los ojos frente a la situación laboral, y sus sindicatos -los únicos autorizados- firman convenios que favorecen más a las empresas que a los empleados. La única salida de los trabajadores chinos está en los sindicatos independientes. De hecho, ya hay uno en marcha, organizado por activistas demócratas.
Las principales demandas de los despedidos son que se eleven los subsidios de paro y se refuercen los planes de formación profesional y promoción de empleos alternativos. En este terreno, las empresas occidentales llevan la delantera: suelen dar uno o dos meses de sueldo por cada año trabajado en la empresa. Además, proporcionan ayuda para la formación y para buscar trabajo. Por el contario, las empresas del Estado en muy contadas ocasiones conceden un subsidio, de duración y cuantía menores.