La emigración del campo a la ciudad, sobre la que ha descansado en gran parte el boom económico chino de los últimos años, ha fracturado sin embargo muchas familias. Una muestra particularmente dramática son los “niños dejados atrás”, que se crían sin sus padres.
Según datos oficiales, en 2010 había 61 millones de niños menores de 17 años viviendo en zonas rurales, cuyos padres han emigrado a la ciudad. De ellos, la mitad quedan al cuidado del otro progenitor; 29 millones, al cuidado de algún pariente cercano, generalmente abuelos, y 9 millones a cargo del Estado o de otros parientes lejanos. Se calcula que cerca de 2 millones viven solos, sin mayores que les atiendan.
Unos 13 millones de chinos que se trasladaron del campo a la ciudad son inmigrantes ilegales en su propio país, sin permiso de residencia ni derecho a prestaciones sociales
The Economist (20-02-2016) calificaba este fenómeno como uno de los más dramáticos costes que ha supuesto la transformación que condujo a China a su despegue económico, junto con la contaminación y las empobrecidas condiciones de la población rural.
Los niños pequeños, sobre todo las niñas, son las que más posibilidades tienen de quedarse en el campo mientras sus padres viajan a la ciudad para ganarse la vida. Además, es difícil que estos niños mantengan contacto periódico con sus progenitores.
Según los cálculos realizados por la ONG Road to School Project, 10 millones de estos niños no ven a sus padres ni una vez al año y 3 millones tampoco tienen ningún tipo de contacto telefónico. Más de 20 millones ven a sus padres una o dos veces al año como mucho, coincidiendo normalmente con la celebración de determinadas fiestas, como la del Año Nuevo Chino.
Privados de sus padres
La situación en la que quedan estos niños puede determinar su desarrollo y lastrar su rendimiento escolar. Así, por ejemplo, hay que tener en cuenta que en las zonas rurales son más altos los índices de analfabetismo, sobre todo entre las personas de mayor edad, con las que estos niños crecen. Según la Federación China de la Mujer, la cuarta parte de las abuelas que viven con ellos no fue nunca a la escuela.
Un estudio elaborado por una universidad de Shanghái comparó las condiciones de vida entre un grupo de niños de zonas rurales que vivían con sus progenitores y otro cuyas familias habían emigrado. Y pese a que sus niveles de desarrollo físico son similares, hay importantes diferencias en cuanto a su evolución psicológica, emocional, social y en el rendimiento escolar.
Con el fin de incentivar el desarrollo de las zonas rurales, el gobierno ha cerrado en los últimos años escuelas pequeñas para concentrar a los alumnos en instituciones educativas más grandes y supuestamente mejores, pero distantes de sus lugares de residencia. Se calcula que en esos nuevos internados, el 60% de los alumnos tiene a sus padres trabajando en las ciudades. Su rendimiento es menor que el resto, además de que sufren con más frecuencia de depresión o ansiedad.
Sin un contexto familiar adecuado, estos niños son más vulnerables a los abusos sexuales y a ser víctimas de la delincuencia. También hay más riesgo de que desarrollen comportamientos antisociales o ilegales. Desde 2000, ha aumentado la delincuencia juvenil en China, especialmente la cometida por jóvenes de procedencia rural.
En enero el gobierno reconoció su preocupación por estos niños y se comprometió a fortalecer los programas de ayuda y asistencia en la infancia. Uno de ellos, que comenzó en 2010, funciona en cinco provincias y está destinado a promover el bienestar infantil en comunidades rurales. En aquellos sitios donde se ha puesto en marcha se han reducido las tasas de abandono escolar y mejorado la asistencia médica. A pesar de que el gobierno quiere extenderlo a otras tres provincias, su eficacia es limitada porque beneficiará solo a 250.000 niños.
Pero tampoco las condiciones de los inmigrantes en las ciudades son buenas, ya que sin permiso de residencia o hukou no pueden acceder a ningún tipo de prestación. Por eso, también cerca de 9 millones de niños permanecen en núcleos urbanos separados de sus familias, que se han visto obligadas a trasladarse a otros lugares en busca de trabajo.
Sin libertad de residencia
Son justamente las restricciones que sufren los inmigrantes rurales que llegan a las ciudades lo que explica que no se lleven a sus hijos con ellos. Sin hukou (permiso de residencia), no gozan de los derechos que están garantizados para los ciudadanos legales: entre ellos, llevar a sus hijos gratuitamente a una escuela pública. Tendrían que escolarizar a sus hijos en un colegio privado o pagar en los públicos las tasas previstas para los no residentes, algo que muchos de ellos no se pueden permitir.
En China, 61 millones de menores de 17 años viven en zonas rurales separados de sus padres, que han emigrado a la ciudad
El hukou es una de las herencias que todavía subsisten de la época maoísta y su vigencia ha acentuado la desigualdad que existe entre la ciudad y el campo en China. El último Plan Quinquenal, aprobado a finales del año pasado, fija el objetivo que el 45% de la población disponga de permiso de residencia para 2020, 5 puntos más que ahora.
Según muchos expertos, los pasos dados en la reforma del hukou son insuficientes. La intención de las autoridades chinas es apoyarse en los inmigrantes para reavivar la economía. Así, si el despegue de la industria recayó sobre la mano de obra inmigrante, barata y sin derechos, ahora es necesario mejorar su nivel económico con el fin de fomentar la demanda interna y superar la última desaceleración.
Inmigrantes en el limbo
Según las últimas estadísticas del gobierno, en las zonas urbanas hay 270 millones de inmigrantes procedentes del campo. En las ciudades, el hukou es un requisito para poder optar a determinados beneficios sociales: además de la educación, da acceso a asistencia médica o al subsidio de desempleo, y permite comprar una casa, algo vedado a los residentes de zonas rurales, a los que se asigna una vivienda de la que no pueden disponer.
Se estima que son 13 millones los inmigrantes que no tienen ningún tipo de permiso y por tanto se encuentran en una situación de total desprotección. Se trata, en muchos casos, de hijos nacidos en familias que vulneraron en su momento la política del hijo único y que no pudieron ser registrados entonces. Otros son titulares de un hukou rural, del que no quieren desprenderse por temor a perder sus posesiones en el campo.
Las autoridades centrales, entre ellas el Consejo de Estado, han manifestado su voluntad de regularizar la situación de los inmigrantes. En un documento publicado este último mes, el gobierno señala la necesidad de eliminar las diferencias entre el hukou rural y el urbano, y permitir el acceso a la enseñanza pública y la asistencia sanitaria a todos los residentes de las ciudades.
Los cambios serán graduales y dependerán de cada ciudad. De un lado, en las más pobladas, seguirán siendo inaccesibles para los inmigrantes no cualificados; en el caso de ciudades más pequeñas, se flexibilizarán. En uno y en otro caso tendrán que vencer la resistencia de las autoridades locales, que siempre han rechazado ampliar los permisos de residencia, y también la de los propios residentes, que creen que un mayor número de beneficiarios puede colapsar o deteriorar los servicios públicos.