Activistas chinos que luchan en pro de los derechos civiles están siendo detenidos. El último en ser arrestado ha sido el empresario Wang Gongquan acusado de participar en el movimiento civil chino Nuevo Ciudadano y como sospechoso de “reunir a una multitud para alterar el orden público”. Asimismo, hace apenas dos meses el fundador de este movimiento, Xu Zhiyong, también fue detenido por esta misma causa. En total, más de 25 personas pertenecientes a este movimiento han sido detenidas.
Cientos de simpatizantes a este movimiento han firmado un comunicado en el que denuncian el encarcelamiento del empresario Wang, ya que “apoya el uso de métodos pacíficos y legales para luchar en favor de los derechos de los ciudadanos chinos que promete la Constitución, el desarrollo de la sociedad civil china y el logro de la transición pacífica de la sociedad”.
Wang, que en 2004 abandonó el Partido Comunista, ya había suscrito un comunicado para exigir la puesta en libertad del activista Xu, y en el que los firmantes se comprometían a “no ceder frente al poder despótico”. Wang fue encarcelado durante seis meses tras la matanza de Tianamen y tras su puesta en libertad consiguió hacerse millonario mediante inversiones inmobiliarias y en el sector tecnológico.
Otro gran activista e influyente en las redes sociales, Charles Xue, también fue detenido, acusado de cargos de prostitución, aunque se duda de la veracidad de tales acusaciones.
El Movimiento Nuevo Ciudadano promueve la lucha por los derechos civiles. En marzo de este año muchos de los integrantes de este movimiento firmaron una carta que enviaron al Congreso de la 12 ª Asamblea Popular Nacional de la República Popular de China, en la que saldría elegido el nuevo Presidente Xi Jiping. En esta carta pedían, entre otras muchas cosas, que China ratificase el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “con el fin de promover y establecer los principios de los derechos humanos y el constitucionalismo en China”. Sostienen que se han hecho avances en estas materias; sin embargo esta ratificación sería un paso constructivo hacia la renovación del país, la protección de la vida y la autoridad de la Constitución.
Estas detenciones se producen una semana después de que el Tribunal Supremo chino hiciese oficial la resolución en la que determinó que enviar mensajes que se consideraran falsos o difamatorios a través de las redes sociales y que tengan una gran difusión podría suponer hasta tres años de cárcel. El Tribunal fijó esta “gran difusión” en que el mensaje fuera reenviado más de 500 veces o visto más de 5.000. El gobierno, preocupado por el surgir de un movimiento social que haga sombra a su partido, ha decidido poner trabas a su difusión restringiendo el uso de las redes sociales y persiguiendo a aquellos no afines al Partido Comunista que tengan gran influencia en Internet y puedan provocar “desorden público”. Wang era uno de estos últimos.