Los campesinos de China podrán disponer libremente de su derecho a explotar las tierras que cultivan, aunque la propiedad seguirá siendo colectiva. Así lo decidió el Comité Central del Partido Comunista en su última sesión plenaria, que terminó el 12 de octubre. Para que la nueva ley entre en vigor falta que el Congreso Nacional del Pueblo (parlamento nominal) la apruebe cuando se reúna la próxima primavera.
Con esto, el régimen espera apaciguar el campo, donde la pobreza y los abusos de las autoridades locales son motivos de continuos conflictos. La diferencia de renta entre la población rural (casi 800 millones de personas, más de la mitad del censo) y la urbana de China es una de las mayores del mundo.
El gobierno, sabedor de que esa brecha social es una peligrosa fuente de inestabilidad, ya hace dos años dispuso un conjunto de medidas para mejorar la situación de los habitantes del campo (ver Aceprensa 31/06). Pero no se tocó el régimen de tenencia de la tierra, que es la raíz de los problemas.
Ese aspecto es determinante, como por contraste muestra el caso de las ciudades. Merced a las reformas emprendidas en tiempos de Deng Xiaoping, aunque el suelo urbano es del Estado, lo que se edifique puede ser de propiedad privada. La consiguiente expansión del mercado inmobiliario ha contribuido mucho a la prosperidad de las ciudades chinas.
Pero en el campo, la reforma se limitó a suprimir la colectivización maoísta. Se adjudicó gratis una parcela a cada familia, que podía decidir por su cuenta qué cultivar, así como vender el producto. La tierra queda como propiedad colectiva, administrada por el comité del pueblo. En la práctica, los gobiernos locales disponen a su antojo, en particular con la muy lucrativa práctica de cambiar el destino de terrenos de cultivo para que se levanten fábricas. Según fuentes chinas citadas por Le Monde (9-10-2008), a los campesinos no les llega más que una trigésima parte de las fuertes sumas que pagan las industrias a los ayuntamientos.
Una ley de 2002 hizo menos precaria la posición de los campesinos al estipular sus derechos y las condiciones del arrendamiento de la tierra. Por ejemplo, se prohibió que las autoridades locales pudieran anular el contrato antes de que transcurriera el plazo de vigencia (30 años). También se dio a los arrendatarios facultades, limitadas, para subarrendar el uso de sus parcelas. Pero quedó intacto lo sustancial del sistema, que favorece los minifundios, poco mecanizados y poco rentables.
Cuando se promulguen las medidas anunciadas, los agricultores podrán vender o alquilar los derechos de uso sobre sus parcelas, así como ofrecerlos como garantía para obtener créditos. Esto permitirá concentrar parcelas y atraer inversores, cosas muy necesarias para aumentar la baja productividad de la agricultura china.
Gracias a la previsible inyección de capital y la oportunidad de mayores beneficios, el Partido espera que en 2020 se haya duplicado la renta disponible de la población rural, que es la meta que se ha fijado. Esto, a su vez, hará crecer el consumo interno, lo que hace falta para sostener el crecimiento económico de China, hasta ahora movido por la exportación. Otra consecuencia de esta reforma será que las nuevas explotaciones agropecuarias necesitarán menos mano de obra. Y el régimen siempre ha frenado la emigración del campo a la ciudad. De momento no se sabe cómo logrará retener a unos campesinos más ricos, pero sin tierras que cultivar tras haber vendido sus derechos.