Montevideo. La intensidad de los primeros doce meses del gobierno de Cristina Fernández se asemeja a un período completo de cualquier otro presidente. Pero en Argentina las cosas son diferentes. La presidenta, que fue elegida con el 45% de los votos y con un aprobación ciudadana del 60%, ha tenido abundancia de problemas en su primer año de un mandato de cuatro, más por errores propios que por una coyuntura regional y mundial desfavorable. Néstor Kirchner, el “esposo presidencial” como algunos le llaman, tuvo mucho que ver en la pérdida de popularidad de Cristina.
El prolongado y desgastante conflicto con el campo, el anuncio del pago de la deuda con el Club de París, la nacionalización de los fondos del sistema de jubilación privada, la expropiación de Aerolíneas Argentinas, el famoso caso de la valija, la relación con el vicepresidente Julio Cobos y la crisis financiera mundial, que al gobierno le costó reconocer que impactaba en su país, son algunas perlas que debió cargar la administración de la señora de Kirchner.
Cristina arrancó su mandato en momentos de expansión económica heredada del gobierno anterior de Kirchner (2003-2007), que dejó atrás la tremenda crisis de 2001 y 2002. Si bien el crecimiento no se frenó en los primeros meses de 2008, la aceptación de la presidenta por parte de la población decayó notoriamente: el conflicto del campo -entre marzo y julio de 2008- le deparó la primera prueba en la que ella, y su esposo, fueron derrotados con claridad.
Pulso con los agricultores
La intención gubernamental de aumentar las retenciones a las exportaciones de granos, recibida con la furia del campo, cortes de ruta, desabastecimiento y cacerolazos populares, terminó con un debate parlamentario que se desempató con el “no positivo” del vicepresidente Cobos a favor de los ruralistas. A pesar de contrariar los deseos presidenciales, el ex radical continúa en el gobierno.
Un sinfín de discursos en los que llamó golpistas a los dirigentes agropecuarios y a los medios, el apenas velado deseo de facturar con los impuestos al agro, y una autoridad desdibujada -el poder parecía ejercerlo Néstor en las sombras de la presidencia del Partido Justicialista- le valieron a Cristina una caída muy fuerte en su popularidad que llegó al 25%. Y en 2009 habrá elecciones legislativas…
El conflicto del campo provocó la renuncia del ministro de Economía, Martín Lousteau -quien ya no confiaba en los ficticios niveles de inflación del gobierno-, y del jefe de gabinete, Alberto Fernández. El propio Kirchner se encargó de colocar a gente de su esfera: Carlos Fernández por el primero y Sergio Massa por el segundo.
Entre tanto, el caso de la valija. A los pocos días de asumir, el FBI aseveró en Estados Unidos que los 800.000 dólares que el empresario Guido Antonini Wilson portaba en su maleta cuando arribó a Buenos Aires en agosto de 2007, estaban destinados a la financiación de la campaña electoral de Cristina. Los coletazos del caso salpicaron las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, y restaron confiabilidad al gobierno en el mundo -que, cabe consignar, siempre fue poca puertas afuera durante el período de Kirchner, quien mantuvo buenas relaciones con el presidente venezolano Hugo Chávez y pocos más-.
En busca de liquidez
A pesar de los problemas, el gobierno kirchnerista confiaba en la buena marcha de la economía, dada sobre todo por los altos precios de los alimentos y de las materias primas en los mercados internacionales. Pero todo eso se vino abajo con la actual crisis financiera. Y la famosa caja peronista bien podría sufrir con el impacto.
Con las luces de alerta encendidas por una crisis que no quiso aceptar en un primer momento, y en una movida inesperada, Cristina envió al Parlamento una disposición para nacionalizar las pensiones privadas, tildada por la oposición de “saqueo”. Luego de las aprobaciones legislativas, el Estado pasó a controlar 23.350 millones de dólares en activos de estos fondos conocidos como AFJP, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Y eso que había anunciado la cancelación de una millonaria deuda con el Club de París de 6.400 millones de dólares, que buscó además superar el aislamiento internacional de Argentina.
No le ayudará lograrlo la polémica desatada en torno a Aerolíneas Argentinas que, perteneciente al grupo turístico español Marsans, está a las puertas de la expropiación. Se avizora un largo pleito en el tribunal arbitral del Banco Mundial.
En diciembre anunció un Plan de Contingencia para paliar la crisis y lanzó incentivos fiscales para que las empresas repatríen capitales e incorporen a empleados no declarados. Los problemas económicos han provocado el despido, suspensión o vacaciones anticipadas de unos 150.000 trabajadores.
Cristina también heredó de su marido el largo conflicto con Uruguay por la instalación de la planta de celulosa Botnia en el departamento de Río Negro y sobre el río fronterizo. El corte del puente que une a las dos naciones entre Fray Bentos y Puerto Unzué, por parte de activistas que afirman que la planta es contaminante, ya lleva dos años ininterrumpidos, y la presidenta poco ha hecho para alcanzar una solución.
Entre herencias y propias medidas, Cristina pasó un año a puro golpe. Aún le quedan tres años, bastante margen como para mejorar lo hecho y deshecho, y para levantar la imagen de un país descreído a nivel mundial.