Perú sufre una “videomanía” que podría cambiar su futuro político

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Duración lectura: 4m. 15s.

Lima. La escena se repite rutinariamente dos o tres veces por semana. Por la mañana, un vocero del Congreso anuncia que el juez especial Saúl Peña ha enviado uno de los vídeos grabados secretamente por el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos por considerarlo “de interés general”. Por la tarde, con la presencia de los medios de comunicación, la sala del Congreso se adapta con una pantalla, y se apagan las luces para exhibir el vídeo. Cuando éstas se encienden, el Perú contempla cómo una fama más -de un político, un funcionario o un empresario- se estrella contra el suelo.

Desde que la justicia peruana decidió hacer público el contenido de más de mil vídeos que muestran cómo una gran parte del “Quién es quién” del país era sobornada por el entonces asesor presidencial de Alberto Fujimori, mirar televisión en vivo se ha convertido en el pasatiempo preferido de los peruanos. Un pasatiempo con un grave precio político: acabar con la credibilidad de todas las instituciones, con la sola excepción de la Iglesia. Las cintas, en efecto, han llevado ante la justicia al anterior presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a tres jueces de la Corte Suprema, a militares, empresarios y congresistas, incluido uno conocido por su lucha contra la corrupción.

Hasta ahora han salido a la luz unos 300 de los 1.400 vídeos grabados clandestinamente por Vladimiro Montesinos y sus colaboradores. Montesinos huyó del país en octubre pasado, después de que un vídeo que lo mostraba sobornando a un congresista derribara al gobierno del presidente Fujimori. El juez Peña, encargado del caso Montesinos, ha afirmado que, por lo menos, el 20% del material contiene pruebas que incriminan a políticos, jueces, empresarios, banqueros, policías y oficiales del ejército.

Entre los involucrados en el escándalo de los vladivídeos está José Francisco Crousillat, dueño de América Televisión, uno de los canales más importantes del país. El 28 de enero, América Televisión emitió una entrevista en la que un antiguo guardaespaldas de Montesinos acusaba al presidente Paniagua de haber recibido fondos para su campaña de manos de Alberto Venero, la mano derecha de Montesinos. Las insistentes preguntas del entrevistador, Nicolás Lucar, yerno de Crousillat y director del programa político Tiempo Nuevo, parecían querer dañar la reputación de honestidad del presidente Paniagua. El programa desató una ola de protestas que obligaron a Lucar a renunciar y escapar a Costa Rica. Dos días después, Alberto Venero, capturado por agentes del FBI en Miami por cargos de tráfico de divisas, negó haber tenido relación alguna con Paniagua. En un discurso televisado a la nación, el presidente interino denunció una “conspiración en contra de su gobierno”, y afirmó que su gabinete “está unido en su lucha contra los que intentan desestabilizar el proceso de democratización que se ha iniciado en Perú”.

El papel de los obispos

En estas circunstancias, la Conferencia Episcopal Peruana, en un acto sin precedentes, expresó su “firme e incondicional apoyo” a Paniagua. Incluso una delegación de obispos, que incluyó al nuevo cardenal Juan Luis Cipriani, visitó al presidente en el Palacio de Gobierno. El episcopado publicó un comunicado en el que afirmaba: “Queremos además pedir, en este dramático tiempo para nuestra nación, un total respeto por la dignidad de las personas y las instituciones a las que representan, y que buscan regresar al país a los valores morales, la democracia y la justicia”. El próximo 28 de julio, Paniagua entregará el poder al ganador de las elecciones de abril.

En respuesta al mensaje presidencial, el cardenal Cipriani propuso al Congreso la creación de una “Comisión de Honor”, liderada por algún peruano reconocido que pueda supervisar cómo los vladivídeos son manejados y hechos públicos. “La libertad de prensa debe estar siempre protegida y preservada, pero las difamaciones morales deben ser evitadas a cualquier costo”, afirmó el cardenal.

Las últimas encuestas señalan que no habrá un claro ganador en la primera vuelta presidencial del 8 de abril. Por esta razón, algunos creen que la pesada herencia de Montesinos podría convertirse en una pieza fundamental para determinar quién será, el próximo 28 de julio, quien lleve sobre su pecho la banda presidencial.

Según los sondeos realizados, Alejandro Toledo, candidato de la coalición populista “Perú Posible”, lidera la preferencia popular con el 36%. Le sigue la candidata socialcristiana Lourdes Flores Nano con un 25%, y luego el ex presidente socialdemócrata Alan García con el 15%. Carlos Boloña, ex ministro de economía de Fujimori y candidato de lo que resta del “fujimorismo”, tiene apenas un 2%. El número de indecisos sigue siendo bastante alto. Según la ley electoral peruana, si en la primera vuelta ningún candidato obtiene más del 50%, pasa a una segunda ronda electoral con quien quedó en segundo lugar.

Alejandro Bermúdez

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