México es un país petrolero, y así como se supone que en la mesa del pescador no falten el buen mero y la sardina, tampoco allí, según dicta la lógica, debería escasear la gasolina, y mucho menos ser cara. Por eso a muchos les han extrañado los recientes disturbios y saqueos en varias ciudades mexicanas, a raíz del llamado “gasolinazo”, la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de incrementar hasta en un 20% los precios de ese combustible desde este mes. ¿Por qué encarecer un producto del que, se supone, deben estar inundados?
A la luz de los datos no habría de qué asombrarse: en todo el territorio, que alberga a una población de 127 millones de habitantes, hay apenas seis refinerías para la producción de derivados del petróleo. Por comparar brevemente: España, hogar de 46 millones, tiene 9 de estas plantas procesadoras y se ha convertido en exportadora de gasolina, a pesar de no ser productora. El país azteca, en cambio, debe importar más del 60% de ese carburante, lo que no es poco, pues se ubica en el lugar 25 entre los consumidores a nivel mundial.
Según la revista “Forbes”, el incremento del precio de algunos alimentos tras el “gasolinazo” es marginal
En un contexto de bonanza petrolera global el país no estaría quizás en el aprieto de tener que incrementar los precios. El problema, sin embargo, es que la tendencia de los precios del crudo ha sido ir a la baja durante ya bastante tiempo: si en 2014 el barril llegó a superar los 100 dólares, ahora apenas rebasa los 50, de modo que la gallina de los huevos de oro en que se convirtió la petrolera estatal Pemex, fuente del 20% de los ingresos del país, no puede cacarear con alegría. Y no ya porque cada vez cada vez ponga menos huevos, sino porque su dueño –el Estado, a través de sus sucesivos gobiernos–, se desentendió de echarle buen pienso y limpiarle el corral.
Subsidios insostenibles
La liberalización de los precios del combustible estaba originalmente prevista para 2018
“Pemex es una empresa cuyas ganancias sirvieron de ‘caja chica’ de sucesivos gobiernos –explica a Aceprensa el periodista mexicano Gerardo Arreola–. Con impuestos y derechos, las ganancias del petróleo durante décadas se perdieron entre la burocracia. Después de exprimirla, de llevarla a un estado de indefensión, este gobierno ha terminado por liquidar a la principal empresa del país”.
“Agotada, en el peor momento para la industria en el mundo, con producción a la baja y reservas en picada, Pemex se quedó además como simple extractora. El Estado nunca desarrolló como debía el downstream, es decir, petroquímica, derivados y, sobre todo, refinación”.
La reforma energética del presidente Peña Nieto, enmarcada en todo un programa de transformaciones iniciadas en 2013, perseguía declaradamente revertir la situación. Pero para ello se debía permitir la participación en el sector energético de empresas privadas que aportaran recursos e innovación, impulsaran la exploración y diversificaran la gama de productos derivados. Ello podría hacer disminuir los precios, tanto del combustible para los vehículos como de la electricidad, bastante más cara que la de los hogares estadounidenses.
La buena noticia es que, ya en el primer semestre de 2016, México captó inversión extranjera directa en el sector por valor de 1.489 millones de dólares, según cifras oficiales citadas por El Economista. Ahora bien, la menos buena es que esas inversiones fueron a parar casi exclusivamente al segmento de la generación, transmisión y distribución de electricidad, así como a los gasoductos. Hubo también algo destinado a la extracción de petróleo y gas, pero nada se menciona todavía de refinerías en proyecto ni de ampliación de capacidades en las que ya existen.
En lo que llegan inversiones también a ese ramo, el gobierno ha decidido que no puede seguir sosteniendo los subsidios a la gasolina, que ascendían anualmente a 200.000 millones de pesos (unos 8.674 millones de euros). Con ese monto, según explica un artículo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se pagaría casi 8 veces el presupuesto total de la Universidad Nacional Autónoma de México, o se triplicarían los recursos destinados al programa social Prospera, que atiende a 6,8 millones de familias en riesgo de exclusión.
Y los diputados se saltaron la ley
La inversión en el sector energético todavía no ha llegado al “downstream”
El subsidio al estilo “café para todos” no ha sido, por otra parte, un mecanismo demasiado justo. El IMCO refiere que por cada peso que se ahorra una persona incluida en el 10% de la población más pobre por concepto del subsidio, una persona perteneciente al grupo de mayores ingresos se ahorra 32 pesos, pues los económicamente mejor posicionados consumen bastante más combustible que los demás.
Convenido que era una compensación injusta y que debía terminar, habría que decir también que al gobierno de Peña Nieto lo han perdido las formas. “La decisión se tomó en un momento crítico –añade Arreola–. En todo Occidente, enero es el peor mes en el consumo familiar, tras las fiestas de diciembre. Y, encima, el aumento fue de un solo golpe, no escalonado como pudo ser, digamos, cada bimestre”.
Y es que, además del mes pésimamente escogido…, todavía no tocaba. La Ley de Hidrocarburos de 2014, en el título transitorio decimocuarto, señala que “hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo”. “A partir del 1o. de enero de 2018 –añade– los precios se determinarán bajo condiciones de mercado”. El detalle es que en noviembre de 2016 los diputados votaron a favor de adelantar la fecha de la liberalización. Pero no era eso lo que había firmado originalmente el presidente.
La subida de precios, todavía atenuada
México debe importar más del 60% de la gasolina que consume
Para intentar dar una de cal y una de arena en medio del descontento, Peña Nieto anunció el pasado 10 de enero el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, un pacto fraguado –según anuncia el preámbulo– entre el gobierno, las empresas y los sindicatos para “atender en un marco de diálogo y de respeto la problemática derivada del incremento internacional de los precios de los combustibles” –en referencia quizás a la gasolina, que ha aumentado de precio en los mercados internacionales entre mediados de noviembre y estos días de enero, y que México, con apenas un 38% de producción local, no tiene más remedio que ir a buscar afuera.
Entre otras cuestiones, el Acuerdo compromete al gobierno a impulsar “acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley”.
En igual sentido se ha manifestado el presidente de la Asociación Mexicana de Desarrollo Agropecuario, Héctor Padilla, quien ha negado que tenga que haber un alza exagerada de los precios de los alimentos y ha vaticinado que pudieran ser, a lo sumo, del 4%, fracción que representa el factor de los combustibles en el proceso productivo. Así lo avala, de momento, un reporte de Forbes, el cual indica que productos esenciales de la dieta mexicana han experimentado en estos días solo subidas “marginales”, aunque muchos otros medios auguran alzas descomunales.
Lo más lamentable, sin embargo, es que cuando amaine la tormenta y los bolsillos se adapten –lo que normalmente termina ocurriendo–, y a menos que llegue de una vez la necesaria inversión en el downstream petrolero, no habrán brotado de la tierra cinco, seis o siete refinerías más y los mexicanos seguirán pendientes de los precios dictados por otros. Como un pescador que tuviera que pujar en la lonja para llevarse un buen pez a casa.