Macri pisa fuerte

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En el discurso del 1 de marzo en el Congreso, con que se abría el nuevo período legislativo, Mauricio Macri criticó el pasado kirchnerista y presentó sus propuestas de gobierno. Con un parlamento en minoría, delineó sus proyectos de aquí a cuatro años, prometiendo giros radicales y de fondo en la forma de gobernar.

Ahora, Macri podrá sentir desde ahora todo el rigor de ser un presidente no peronista en un país que ama el dramatismo. Antes de asumir del todo ese desafío, Macri aprovechó el verano para acelerar cambios, a puro decreto y no sin polémicas.

En lugar de convocar sesiones extraordinarias del Parlamento, Macri prefirió el camino de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Un instrumento legal pero no siempre legítimo, que puede ser utilizado solamente en circunstancias excepcionales, de acuerdo a la Constitución argentina.

De ese modo, el presidente eliminó un DNU del gobierno anterior que lo obligaba a devolver dinero a las provincias, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal, colocó las escuchas telefónicas judiciales en la órbita de la Corte Suprema, nombró nuevos miembros de esa institución y modificó la polémica Ley de Medios, bandera de la gestión anterior.

La luna de miel acabó

Macri llegó al discurso inaugural de la legislatura luego de haber quemado buena parte de la luna de miel de los primeros cien días que se suele conceder a un nuevo gobierno. La intensidad aplicada entre diciembre y marzo resultó inusual: el presidente argentino aprovechó para meter mano, fundamentalmente, en cuestiones económicas, y para tejer redes que le dieran mayor margen de maniobra de aquí en más.

Argentina podrá volver a obtener créditos en los mercados internacionales, tras alcanzar un acuerdo con los acreedores que le reclamaban el pago íntegro de la deuda

Macri ya está cargando con el ajuste iniciado, que incluyó –siempre de la mano de los DNU– una devaluación del 60%, la liberación del mercado cambiario, la eliminación de impuestos a las exportaciones agrícolas e industriales, una gran subida de las tarifas eléctricas, una ola de despidos de funcionarios estatales y una política monetaria contractiva, en medio de una inflación que no cede y que se mantendrá en 2016 en torno al 30%, según las consultoras.

Macri puso al frente de Hacienda y Finanzas a Alfonso Prat-Gay, a quien le encomendó la tarea de sacar al país del estancamiento de la actividad, a alentar el empleo privado y a detener la caída del comercio exterior. Todo esto, en un contexto de una tremenda baja de las reservas en el Banco Central.

El fin del cepo cambiario resultó ser una de las primeras intervenciones del actual gobierno. Llegó antes incluso que finalizara la primera semana de gobierno. Prat-Gay anunció el levantamiento de todas las restricciones para operar en el mercado de divisas que estaban en vigor desde 2011. Con el cepo, la administración kirchnerista pretendía evitar la fuga de reservas, que aumentaba a pasos agigantados.

El gobierno también alcanzó un acuerdo con los fondos especulativos que no habían aceptado la quita de la deuda argentina cuando el país se declaró en suspensión de pagos, otra herencia K. Los acreedores tenaces aceptaron finalmente una rebaja del 25% sobre los más de seis mil millones de dólares que les debe Argentina. A principios de marzo, el juez de Nueva York Thomas Griesa levantó las medidas cautelares contra Argentina, que podrá así volver a financiarse en los mercados internacionales y emitir nuevos bonos para pagar su histórica deuda pendiente tras la suspensión de pagos de 2001. El levantamiento está condicionado a que el Parlamento argentino derogue la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano.

El “tarifazo” y los despidos masivos

Decisiones como el pago a los fondos generaron controversia en Argentina. De todos modos, las mayores polémicas provinieron por otras medidas. La primera, el alza de la tarifa eléctrica. El “tarifazo” ya había sido anunciado durante la campaña electoral, pero llegada la hora de concretar, al nuevo presidente le llovieron las críticas. El otrora subsidiado servicio tuvo un incremento entre 200% y 300% en el precio mayorista de la energía eléctrica. Los contribuyentes que más consumen pagarán este mes hasta seis veces más que antes. La idea del gobierno de Macri es sacar de la crisis al sector dañado por un retraso tarifario y sin inversión.

Otra de las polémicas tuvo relación con los despidos masivos en el Estado, como parte de una promesa de recortar el gasto público generado en los 12 años de gobiernos kirchneristas. Un 10% de la población, unos 4 millones de personas, trabaja para la administración pública. En 2003, antes de la década K, la cifra se ubicaba en 2,3 millones.

Macri deshizo las nuevas contrataciones y las renovaciones en varios ministerios e instituciones públicas, muchas de ellas realizadas en los últimos meses de la gestión de Cristina Fernández. También se removió a funcionarios y periodistas que desarrollaban labores en los medios públicos, y se anuló un acuerdo entre el Estado y algunas universidades por el cual accedieron a cargos públicos miles de personas sin concurso, “muchos de ellos militantes kirchneristas”, según la BBC.

El Centro Cultural Kirchner, que no hace falta aclarar en qué época surgió, resultó ser la organización emblema en cuanto a despidos y recortes del gobierno actual. Cerca de 600 empleados, el 85% de los trabajadores, vieron cómo no se les renovaba el contrato porque, según la administración macrista, esos puestos ya no eran necesarios.

Macri impuso importantes reformas económicas a fuerza de decretos, durante el receso estival del Parlamento

En los primeros días de marzo, la vicepresidenta argentina y titular del Senado, Gabriela Michetti, ordenó despedir a 376 empleados de la planta temporal de la cámara alta tras alegar un aumento “desmedido e injustificado” del empleo público.

En total, los recortes y las revisiones contractuales alcanzaron a unos 25.000 empleados, algunos de los cuales llevaban años trabajando para el Estado y no necesariamente eran ñoquis (los que cobran del Estado sin trabajar), aunque por supuesto había, y en abundancia.

El discurso y lo que vendrá

En su discurso del 1 de marzo, Macri apeló a la unidad para superar la situación de “fragilidad” de Argentina y trazó como retos reducir la inflación, acabar con el narcotráfico, reformar el Estado, la justicia y la educación, y restaurar los lazos internacionales.

En este sentido, es marcada su tendencia a restablecer vínculos con Estados Unidos y Europa –ya lo ha hecho–, y mejorar las relaciones con los vecinos, como Uruguay. Toda esta renovada estrategia hacia fuera, no implica sin embargo –como dijo Macri–, renunciar a reclamos históricos como el de la soberanía sobre las islas Malvinas, bajo dominio británico.

Macri ratificó además el compromiso con los derechos humanos y con buscar la “verdad” sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman –sin esclarecer tras más de un año– y sobre el atentado que este investigaba, el ataque a la mutualista judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994. La investigación del fiscal acusaba de encubrimiento de este hecho a la expresidenta Cristina Fernández.

En estos tres meses, Macri armó su propio escenario para generarse un ambiente propicio de reformas. Si bien corrigió gran parte del aparato estatal, y amigó en buena medida al país con la realidad, el riesgo ha sido generar críticas de propios y extraños por el ritmo y la velocidad impuestos. La hora de la gobernabilidad llega ahora, con el Congreso en marcha.

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