Honduras: entre la fuerza y el desprecio a la ley

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Duración lectura: 5m. 12s.

Al pie de un artículo sobre la situación de Honduras, entre los comentarios de los internautas, un lector ha dejado esta afirmación: “No queremos gobiernos autoritarios en Honduras”. Lo extraño, sin embargo, es que en el estado de cosas que vive el país centroamericano resulta difícil saber a quién se está refiriendo: si al depuesto presidente Manuel Zelaya Rosales o al gobierno que ha tomado el mando, una vez que la decisión de Zelaya de promover una consulta sobre una Asamblea Constituyente lo situó, según declaración del Tribunal Supremo Electoral, al margen de la ley.

Los medios de comunicación han retratado las diferencias entre los partidarios del mandatario expulsado y una oposición que no debe entenderse necesariamente en términos de color político, pues el presidente del Congreso, Rodolfo Micheletti, es un militante del mismo Partido Liberal al que pertenece Zelaya, cuya representación parlamentaria cuenta con 62 diputados elegidos de manera nominal. De los 128 miembros que componen el legislativo unicameral del país, 124 votaron la elección de Micheletti como presidente interino.

Sólo una consulta”

El embajador de Honduras en Venezuela, Germán Espinal, ha intervenido en un programa de la televisión pública venezolana para exponer que “el único delito que ha cometido el presidente Manuel Zelaya fue proponer una consulta popular, con el fin de profundizar la participación del pueblo hondureño”. La encuesta, gestionada por medio del Instituto Nacional de Estadística, bajo el control del Ministro de la Presidencia, buscaba incorporar en las elecciones de noviembre 2009 una urna adicional para decidir sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Este recurso, distinto de la simple reforma (que sólo puede ser hecha a través del Congreso), permitía abolir los cinco artículos llamados “pétreos” de la Constitución, que por prohibición expresa de la misma Carta Magna no pueden reformarse, y entre los cuales se encuentran los relativos a impedir que el presidente se perpetúe en el poder.

Uno de estos artículos es el 239, que tras disponer la imposibilidad de la reelección, establece: “el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyan directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública”. La declaración de inconstitucionalidad con que el Poder Judicial vetó la consulta de Zelaya fue recurrida por el gobierno y ratificada luego por la Fiscalía del Estado y por la Corte de Apelaciones.

En cumplimiento de tal sentencia, el Ministerio Público giró instrucciones a todas las entidades e instituciones del Estado y a las Fuerzas Armadas, advirtiéndoles de no participar en ningún acto ilegal. Una orden que motivó la decisión del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Romeo Vásquez Velásquez, de negarse a cumplir la orden presidencial de custodiar las urnas y organizar logísticamente la consulta, prevista para el 28 de junio. El general, al que esta desobediencia le costó la destitución, se amparaba además en el artículo 272 de la constitución hondureña, que si bien establece la sujeción de las Fuerzas Armadas al jefe del Estado, como Comandante General, les impone la obligación de mantener “el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.

Valorando lo que sucedió poco después, la politóloga Margarita Montes ha afirmado que “por primera vez en la era de la post Guerra Fría (desde 1989 hasta la fecha), un ejército depone un Presidente constitucional y democráticamente electo para restaurar el Estado de Derecho y no para romperlo, como era característico de los militares en épocas anteriores”.

El modelo chavista

Un artículo de The Wall Street Journal (2-07-2009) afirma que “los sucesos en Honduras requieren ser comprendidos en el contexto de la década del chavismo en América Latina”. Según el texto, Chávez, tras llegar al gobierno por la vía electoral (habiendo fracasado antes por la de las armas), ha sometido a su control a todos los poderes públicos de Venezuela y “ha usado todos los recursos del poder, legales y extralegales, para subvertir la democracia”. Este modelo, continúa el artículo, ha sido exportado a otros países con la ayuda económica del régimen “bolivariano”, que ha hecho de esos gobiernos sus satélites en la región (ver Aceprensa 23-01-2009).

Asimismo Álvaro Vargas Llosa ha escrito en The New York Times (30-06-2009) para afirmar que “a pesar de que el golpe tiene el apoyo popular en Honduras, ha permitido también que el Sr. Chávez, quien es líder en la respuesta internacional, reivindique la superioridad moral. Los líderes del golpe, que trataban de impedir que el Sr. Chávez llevara a Honduras a plegarse a su grupo, pueden terminar dándole más fuerza en la región”. Una valoración que coincide con la de Fidel Castro, pues el dictador cubano se ha referido a la acción de los militares como una “acción suicida”.

Según un trabajo de la agencia Reuters, Estados Unidos ha aprovechado los sucesos para sacarse de encima el sambenito de intervencionista en los asuntos internos de América Latina, quitando argumentos a los ataques de Chávez. Dan Erikson, del Inter-American Dialogue en Washington, afirma en ese reportaje que “para la administración de Barack Obama el derrocamiento de Manuel Zelaya se transformó en un test de nervios sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la democracia en América Latina”. Según Erikson, “la administración Obama está ansiosa por ser percibida del lado correcto en este asunto, pese a que el golpe contra Zelaya fue provocado por el temor a que estuviera socavando abiertamente las garantías democráticas en Honduras”. Sin embargo, el presidente venezolano afirmó recientemente que “es ésta una hora de prueba para los militares de Honduras, que deben desconectarse del imperialismo norteamericano”.

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