Violencia en Centroamérica
Guatemala. Tras más de treinta años de conflicto civil, Guatemala se halla en pleno proceso de normalización. Todavía está en curso, con ayuda internacional, el reasentamiento de la población desplazada a causa de los combates. Ha empezado el programa de desarrollo dirigido a los campesinos, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. En medio de todo esto, el asesinato de Mons. Gerardi, obispo auxiliar de la capital, ha sido una sacudida.
Recién había terminado su trabajo de supervisar un informe, elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que reúne la memoria histórica de 36 años de conflicto armado, cuando Mons. Juan Gerardi, obispo auxiliar de Guatemala, fue asesinado.
La opinión pública internacional ha condenado este hecho, asumiendo que Mons. Gerardi fue asesinado por su deseo de esclarecer la verdad de lo que había sucedido en Guatemala, en la lucha -guerra no declarada- entre la guerrilla de corte marxista y el gobierno, militar en diversas épocas. Este crimen constituye una dura prueba para los impulsores del proceso de paz, que deberán devolver la confianza a todos acerca de la viabilidad del proyecto de reconciliación.
«Sin verdad no habrá reconciliación»
La reacción interna ha sido de absoluto rechazo, con un tinte general de desconcierto. Con la firma de los acuerdos de paz el 29-XII-96, parecían ya superados los moldes caducos de una confrontación fratricida. Previo a la firma de la paz, una ley de amnistía general fue aprobada por el Congreso de la República, con lo que se daban por cerradas todas las implicaciones judiciales de los hechos de violencia que se hubieran cometido contra la población civil por parte del ejército o de la guerrilla. La Iglesia católica tuvo un papel protagonista en las negociaciones para alcanzar la paz.
Todos asumían que esa confrontación había terminado. Los mismos guerrilleros son de hecho un grupo político democrático. El ejército -los otros «sospechosos» de la violencia- estaban en buenas relaciones con ellos…
El crimen ocurrió el 26 de abril, dos días después de que Mons. Gerardi presentara públicamente el informe «Guatemala: nunca más». Se trata de un documento de Recuperación de la Memoria Histórica, elaborado por la ODHA, que pretende ser un aporte al proceso de la paz. Su filosofía podría encontrarse en las palabras de Gerardi, en 1995: «Mientras no desterremos la legitimación de la violencia por una causa, cualquiera que esta sea, persiste el peligro de que la historia se repita. La verdad es amarga, pero sin verdad no habrá reconciliación».
Guerra sucia
Mons. Gerardi, de 73 años, había sido, desde 1974, obispo de Santa Cruz del Quiché. Era esta una zona muy poco desarrollada, con un gran índice de pobreza y fuertes problemas sociales. Quizá por ello, había sido elegida como campo propicio para el movimiento insurgente. Fue una época de mucha violencia en el país, en que se desarrollaron fuertes campañas contra la guerrilla, unas legítimas y otras muchas ilegales (guerra sucia). De 1980 a 1983 fueron asesinados 12 sacerdotes en el país, y el propio Gerardi escapó de un atentado en 1980. La relación entre el obispo Gerardi y las autoridades se tornó tensa.
En aquella época violenta y confusa, a Mons. Gerardi le tocó más de cerca la violencia de grupos paramilitares, y a ellos dirigió preferentemente sus denuncias. Siempre que se le solicitaba, se presentaba a hablar con el comandante de la zona militar de El Quiché. Era hombre de valor y gran franqueza. Cuentan que en una de esas ocasiones dijo: «Mucho me temo que combatiendo a la guerrilla, los militares van a quedar fuera de la ley. Atacando tanto a la población civil, lo que ustedes están haciendo es incrementar la guerrilla». Muchos pensaron que su actitud le costaría la vida, y la Iglesia decidió clausurar temporalmente la diócesis de Quiché.
En julio de 1980, Mons. Gerardi salió hacia Roma. A su regreso -era la época de la presidencia del general Lucas, una de las más duras de represión en todos los sentidos-, tuvo que exiliarse en Costa Rica, de donde retornó en 1984, tan pronto como se inició el proceso de pacificación, en el que colaboró personalmente.
Memoria de la violencia
El documento ahora publicado es una recopilación de testimonios de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército y la guerrilla durante el conflicto armado. Las denuncias eran presentadas en oficinas instaladas al efecto, que recogieron unos 6.500 testimonios. Estos testimonios describen 37.000 hechos de violencia que -según este informe- afectaron a 55.000 víctimas. Ese material se procesó en el documento «Guatemala: nunca más», y se presentó oficialmente el 24 de abril por la tarde en la catedral metropolitana. De todas formas, es interesante resaltar que, dado lo reciente del documento, nadie -fuera, lógicamente, de quienes lo trabajaron- lo había podido leer entero cuando Mons. Gerardi fue asesinado. Son testimonios escritos, sin ningún comentario ajeno al que lo relata: esto es básico para entender el alcance y valorar lo allí publicado.
El documento está dividido en cuatro tomos: I.- Impactos de la violencia; II.- Los mecanismos del horror; III.- Entorno histórico; IV.- Las víctimas del conflicto. También es de interés señalar que, de las víctimas reseñadas, 45.000 corresponden al periodo 1980-83. Se trata de la época en que la guerrilla, coincidiendo con el triunfo en Nicaragua desde 1979 de la revolución sandinista -también de línea marxista-, pensó que podía llegar al poder. En algunos sectores del país -incluidos algunos del ejército- cundió este temor. En esa época, la guerrilla intentó pasar de la «guerra prolongada» a un alzamiento revolucionario generalizado. Ya en 1980, comenzaron a bajar de Ixcan y la zona Ixil hacia el sur de El Quiché.
La opinión más común es que la táctica del ejército se dirigió a separar a la guerrilla de las poblaciones que la apoyaban, lo que originó en ocasiones auténticas matanzas. La guerrilla respondió con similares técnicas, asesinando a colaboradores del ejército y haciendo de ello un castigo ejemplar. Aunque también se cuentan casos de aldeas en que la población no se alineaba y fue eliminada. Todo ello originó, además, desplazamientos de enteras poblaciones que huyeron del conflicto hacia México.
De hecho, en el documento, de los 55.021 casos de violencia, el 79,2% se acreditan al ejército y el 9% a la guerrilla. De las matanzas colectivas -la mayor parte cometidas en El Quiché, donde era obispo Mons. Gerardi-, se atribuyen 322 al ejército y 66 a la guerrilla.
Incógnitas
Mons. Gerardi fue asesinado sin dar tiempo a que la opinión pública diera su parecer sobre esta publicación. Antes, junto a los elogios al trabajo de la ODHA, hubo críticas a la actividad de Mons. Gerardi, por considerarla demasiado política, impropia de un obispo.
Los comentarios sobre los responsables del asesinato son, por el momento, puras especulaciones. Diversas versiones elucubran sobre grupos incontrolados de una u otra parte. Algunos -pocos- se inclinan por un crimen no político. El presidente de la República, Álvaro Arzú, ofreció formar una comisión investigadora integrada por miembros del gabinete y dos representantes de la Conferencia Episcopal.
Si el crimen fue político, no consiguió su objetivo, pues la reacción que se palpa en la opinión pública es de llevar a término, a toda costa, el ideal que movió a Mons. Gerardi: consolidar realmente la paz en Guatemala.
José Joaquín CamachoDesarrollo para la paz
Poco después de la firma del acuerdo que puso fin a la guerra en Guatemala, la comunidad internacional aprobó una ayuda de 1.900 millones de dólares para financiar el plan de normalización, que el gobierno ha de aplicar en cuatro años, hasta el 2000. De los proyectos en curso, quizá el más importante sea el Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz (Decopaz), que se dirige especialmente a la población campesina de las zonas más castigadas por el conflicto. El Decopaz está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha destinado a este fin 50 millones de dólares. El gobierno guatemalteco aportará otros 5,6 millones. La duración del programa será de tres años.
Al seleccionar las zonas donde aplicar el Decopaz, se da preferencia a las más pobres; pero también se tiene en cuenta el conjunto de los efectos de la guerra. Uno de los más importantes es el desplazamiento de personas. Desde 1992, cuando la lucha empezó a mitigarse, han regresado al país unos 48.000 refugiados; pero en México quedan todavía alrededor de 29.000. A los exiliados hay que sumar los desplazados -miles también-, que huyeron de una región del país a otra para evitar los combates.
A El Quiché han llegado miles de huidos. Allí, como en otras zonas, viven también ex combatientes de una u otra parte; algunos de ellos han formado temibles bandas armadas. Lograr que los habitantes, incluidos los desmovilizados, reconstruyan sus comunidades y se ganen la vida dignamente es la meta del Decopaz.
Los agentes del programa no se presentan en los pueblos con sus proyectos preparados bajo el brazo. Lo primero, dice uno de ellos a Le Monde, es conseguir que la gente recobre la confianza. En cada lugar se habla con todos, para que nadie se sienta excluido. Sólo después se planean las iniciativas, en función de las prioridades definidas por los propios habitantes: el alcantarillado o el suministro de electricidad, por ejemplo. Después se realizan las inversiones, según los presupuestos, que gestiona cada ayuntamiento.
Uno de los responsables del Decopaz declara a Le Monde: «En tres meses, mis equipos tienen que visitar 500 comunidades todavía traumatizadas por la guerra, donde muchas cuestiones -entre ellas la propiedad de la tierra- no están aún resueltas, donde se siguen exhumando decenas de cadáveres sepultados en fosas comunes. Nos encontramos frente a una tarea económica y cultural colosal. Haría falta un año más».
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