En una sociedad tan afectada por las disparidades socioeconómicas como Latinoamérica, es preciso reorientar la fiscalidad y el gasto público para combatir la pobreza y reducir la desigualdad. Este es el diagnóstico que hace la última edición de Perspectivas Económicas de América Latina (2009), publicado por el Centro de Desarrollo de la OCDE.
Como en el informe del año pasado (cfr. Aceprensa 121/07), la OCDE insiste en que el sistema fiscal debe aumentar y diversificar sus ingresos, y mejorar la eficiencia y la justicia del gasto público.
Como principales recomendaciones para la acción pública, el informe señala:
- Diversificar los ingresos fiscales, para que los ingresos del Estado no dependan fundamentalmente de los impuestos indirectos y de los ingresos no fiscales. Como media, los impuestos directos solo suponen un 25% de los ingresos tributarios, frente al 42% en los países de la OCDE; y el impuesto sobre la renta solo representa el 4% de los ingresos fiscales. Solo uno de cada tres ciudadanos está sometido a ese impuesto. En Latinoamérica, la presión fiscal -porcentaje de los ingresos fiscales sobre el PIB- supone un 23%, mientras que en los países de la OCDE alcanza el 42%.
- Mejorar la eficiencia del gasto público. El gasto público en la región supone un 25% del PIB, contra un 44% en los países de la OCDE. La calidad de los servicios básicos en sanidad y educación no responden a las necesidades de desarrollo de la región ni refuerzan la adhesión de los ciudadanos al Estado. Por eso no se trata solo de aumentar el gasto social, sino de que ese gasto sea más eficiente y esté mejor dirigido hacia los que más lo necesitan.
- Simplificar los regímenes fiscales. Si se quiere reducir el peso de la economía informal, hay que dar facilidades al contribuyente para incorporarse a la legalidad. El sector informal de la economía no contribuye a los ingresos tributarios, pero tampoco sus trabajadores gozan de los beneficios sociales. Actualmente más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos tienen un tipo de trabajo con el que no pueden obtener derechos de jubilación.
- Utilizar la política fiscal para reducir las desigualdades. “Los bajos niveles de recursos fiscales constituyen uno de los factores que explican los pobres resultados del sistema fiscal en las economías latinoamericanas”, asegura el informe. A diferencia de lo que en general ocurre en el ámbito de la OCDE, los impuestos y las transferencias apenas tienen un efecto de redistribución de la renta en la mayoría de los países de la región. Si se mide la desigualdad en la distribución de la renta con el llamado coeficiente de Gini, se observa que en Europa los gastos sociales permiten reducir las desigualdades en 19 puntos, contra solo 2 puntos en Latinoamérica. Por eso el informe recomienda aumentar los impuestos y los gastos públicos dedicados a las prestaciones sociales, para evitar que aumenten las desigualdades.
- Mejorar la eficiencia en el gasto en educación. La proporción del gasto en educación en el gasto público total ha ido aumentado en los últimos años, y ahora supone un 4% del PIB, un nivel similar al observado en los países de la OCDE. No obstante, el gasto por alumno sigue siendo cinco veces menor en Latinoamérica, porque es mayor la proporción de la población en edad escolar. La diferencia se nota especialmente en la educación secundaria, en la que los países latinoamericanos gastan menos de un tercio que sus homólogos de la OCDE.
La diferencia se refleja también en el rendimiento. Las puntuaciones de los seis países latinoamericanos que participan en las pruebas PISA son bajas en comparación con las obtenidas por los países de la OCDE. La brecha de rendimiento equivale a tres años de escolarización. - Seguir progresando en la gestión de la deuda pública. Desde 1990, los déficits fiscales en proporción a los ingresos públicos han ido disminuyendo. Pero la secuela de estos déficits es la deuda pública, que aún se mantiene a un nivel elevado, lo que hace que los países de la región sean vulnerables a choques adversos.