Cuba, a paso de tortuga

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Duración lectura: 8m. 46s.

El proceso de reformas iniciado en Cuba por el presidente Raúl Castro no marcha a buen ritmo. Así lo consideran diversos especialistas, quienes afirman que dicho programa no acaba de cuajar, a pesar del consenso general de la necesidad de las reformas.

Desde que tomó el poder, en 2006, el mandatario se preocupó por derogar algunas de las absurdas medidas impuestas por su hermano mayor, como la prohibición a los cubanos de poseer teléfonos móviles y hospedarse en hoteles. Sin embargo, las más recientes disposiciones no han logrado los efectos deseados. Fallas en el diseño y la implementación, trabas del aparato burocrático y la propia falta de financiación en algunos casos han dado al traste con las esperanzas de muchos de una paulatina salida de la crisis.

Un agudo observador del tema cubano, Carmelo Mesa-Lago, profesor de Economía de la universidad de Pittsburgh, opina que de todas las medidas tomadas por el actual gobierno, son las menos complejas e importantes las que han tenido efectos positivos. Las estructurales, por contra, no han corrido igual suerte. “Es cierto que son positivas y están bien orientadas hacia el mercado, pero son parciales, lentas y están lastradas por excesivas regulaciones que generan desincentivos e impiden el avance necesario”.

Cubano residente en Estados Unidos, Mesa-Lago acaba de presentar en Madrid su libro Cuba en la era de Raúl Castro, donde valora el proceso por el que atraviesa el país natal.

Tres tipos de reformas
Las reformas más sencillas, explica, “son cambios administrativos, como la campaña contra la corrupción, que dejó un estimado de al menos 300 altos funcionarios y empresarios procesados, la mayoría en prisión. También se puede afirmar que ha habido una mayor apertura a la crítica, refrendada en publicaciones como Espacio Laical (de la Iglesia católica), la revista Temas, y en el aumento de blogs disidentes”.

CUBA EN LA ERA DE RAÚL CASTRO. Reformas económico-sociales y sus efectos

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Autor: CARMELO MESA-LAGO

Editorial Colibrí
Madrid (2013)
336 págs.

En segundo lugar están “las reformas estructurales, que, aunque importantes, no cambiaban la naturaleza del sistema, como permitir el acceso de los cubanos a hoteles y restaurantes”.

“Por último, están las reformas más profundas. Una de ellas es el gradual fin del racionamiento de alimentos y otros artículos de primera necesidad. Se han sacado productos de la llamada ‘libreta’ (cartilla de racionamiento) y se venden ahora al precio del mercado, cuatro o cinco veces mayor que el subsidiado”.

“Hay otras muchas gratuidades que Raúl ha ido desmontando poco a poco: se han eliminado los institutos preuniversitarios internos en el campo, se paralizó el programa de construcción de viviendas y se cerraron las 3.000 universidades que había creado Fidel Castro en todos los municipios del país, y que hicieron retroceder muchísimo la calidad de la enseñanza”.

¿Miedo al rico?
Si un problema persiste y sigue preocupando al pueblo cubano es el de la alimentación. La escasa autosuficiencia en el sector obliga al país a importar el 84% de la canasta básica a un precio de 1.700 millones de dólares, cifra de todas formas insuficiente para satisfacer las necesidades de la población.

La eliminación de subsidios es positiva desde el punto de vista de financiamiento fiscal, pero no desde el punto de vista social

Por ello, en 2008 muchos vieron con beneplácito la promulgación del decreto ley 259,que estableció la entrega de tierras en usufructo a personas naturales o jurídicas, con el fin de elevar la producción de alimentos. Pero dos años después de su puesta en vigor, el Ministerio de la Agricultura reveló que a pesar de haberse entregado más de un millón de hectáreas, solo el 46% se encontraba produciendo. Entre las causas se barajaban desde la falta de insumos hasta el desconocimiento de la labor agrícola por parte de muchos que se iniciaban en la actividad (cfr. Aceprensa, 5-09-2011).

La prensa oficial cubana vislumbró desde el inicio otros problemas. En 2010, un comentarista del diario Juventud Rebelde reiteraba la necesidad de “sembrar” en el campo a los agricultores y sus familias, lo cual solo podía estimularse si se revisaba “el límite de diez años establecido en el derecho al usufructo”. Y es que el decreto ley 259 nació con esta y otras limitaciones, pues ni se le permitía al campesino la construcción de una vivienda en la tierra entregada, ni tampoco –en caso de fallecimiento– sus familiares podían heredar el usufructo.

Todo ello provocó una inestabilidad en la producción de alimentos. En el año 2010 mermó, aumentó en 2011 y 2012 y las cifras de este año descienden de nuevo. En octubre de 2012 entró en vigor el decreto ley 300, que derogó el 259. Aunque presenta algunos cambios, mantiene prácticamente las mismas restricciones y limitaciones que el anterior. El período de usufructo máximo permanece en 10 años, y aunque es un término prorrogable bajo determinadas condiciones, el usufructuario no posee garantía alguna de que la prórroga se conceda de forma automática, aun cuando haya cumplido con todas las cláusulas contractuales estipuladas.

El trabajo por cuenta propia continúa lastrado por demasiadas regulaciones, inspecciones y excesivos impuestos

Para Mesa-Lago, aún son muchos los obstáculos a superar. “El campesino debe exhibir una productividad adecuada, término este que queda a discreción del Estado; si no lo hace, se cancela el contrato. Además, a los efectos de recibir insumos y de comercializar sus cosechas debe vincularse a una cooperativa o entidad estatal, lo cual es un absurdo porque está reconocido que ambas son ineficientes”.

“Por otra parte –añade–, el tamaño de la inversión se limita al uno por ciento de la parcela; otro absurdo, pues si se pretende aumentar la producción agrícola, lo lógico es que a mayor inversión, mayor producción. Pero se impone el temor de que se produzca una concentración de la riqueza en aquellos más beneficiados. Debido a ello, aún hoy entre el 33 y el 54 por ciento de la tierra entregada no está en producción. Por eso, hasta ahora no hay efectos claros del usufructo en Cuba”.

Trabas al empleo privado
Otra reforma que está prácticamente detenida es la relacionada con el excedente de mano de obra estatal. Se calcula que entre el 28 y el 38 por ciento de la fuerza de trabajo no hace falta en ese sector, y el propósito era despedir a medio millón de trabajadores hasta marzo de 2011, y un millón en 2012. Pero a fines del pasado año solo se había prescindido de 365.000 trabajadores, el 36% de la meta. Según explica Mesa-Lago, hay que crear empleos en el sector no estatal, el cual está muy por debajo de lo proyectado.

“En este momento hay casi 400.000 cuentapropistas (pequeños empresarios privados), pero si se les restan los que estaban antes, la cifra neta son 253.000. De esos, solo el 18% estaba en paro, la mayoría ya trabajaba en el sector privado de forma ilegal, y hay además un pequeño por ciento de jubilados”.

“Esta actividad continúa lastrada por demasiadas regulaciones, inspecciones y excesivos impuestos. El peor de ellos, un gravamen progresivo de acuerdo con el número de empleados que un trabajador por cuenta propia contrata. La tasa va subiendo de un 25 a un 75 por ciento, o sea, penaliza al que tiene más empleados. Lo lógico sería, si el gobierno debe despedir a un millón de personas, dejar que ese pequeño empresario contrate el mayor número de personas, en lugar de castigarlo. Pero estos impuestos se justifican, otra vez, con el temor a la concentración de la riqueza”.

Carrera contra el tiempo
Entre los principales riesgos de las reformas lanzadas por el gobierno de Raúl Castro están sus efectos sociales. El aumento del desempleo, el alza del precio de alimentos y otros productos de primera necesidad que ya no se subsidian, el aumento de las tarifas de servicios básicos como la electricidad y el agua, entre otros factores, facilitan la expansión de la pobreza.

“La eliminación de gratuidades es positiva desde el punto de vista de financiamiento fiscal, pero no desde el punto de vista social”, explica Mesa-Lago. “Hay una población vulnerable, un sector que está creciendo y que debe ser protegido por la asistencia social. Raúl está de acuerdo con algo planteado desde hace años por los economistas cubanos: que en lugar de dar subsidios a los bienes, se subsidie a las personas. Porque se da el caso de gente que tiene altos ingresos y que se beneficia de los subsidios a los alimentos. Uno diría que la asistencia social hay que ampliarla, pero ha pasado lo opuesto. Sus beneficiarios cayeron de 2006 a 2011 en un 70%, y el presupuesto asignado a ese renglón cayó un 78%”.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las reformas es la falta de unidad en la cúpula del poder. Según explicó el economista cubano, aunque Raúl habla reiteradamente de la unidad en la dirigencia del país, la realidad ha demostrado que no es así. “Se hace una reforma que es correcta, adecuada, pero hay un grupo ortodoxo, duro, que pone trabas, impuestos, porque están preocupados por la pérdida de poder económico y político, y lo que sale ahí es un híbrido ineficiente que no produce los frutos esperados. Ahí hay un conflicto por resolver”.

“A pesar de ello, hay una aceleración de las reformas, desde fines de 2011 hasta 2012. Existen tres posibles causas: una es que no se han logrado los resultados esperados, otra, que tampoco se han encontrado yacimientos de petróleo en aguas profundas; esa era una alternativa importante que hasta ahora no ha cuajado. La última es la situación de Venezuela. ¿Qué sucedería si tras la muerte de Hugo Chávez, los conflictos en ese país hacen que se termine la ayuda a Cuba? Podría haber una crisis económica muy fuerte, aunque no tanto como en los años 90. Por todo eso es que Raúl debe darse prisa si quiere que sus reformas den resultados reales. Él mismo anunció que se retirará en 2018, así que no le queda mucho tiempo”.

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