La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un informe en el que señala cómo se están restringiendo las libertades bajo el régimen de Hugo Chávez en Venezuela. La Comisión critica la falta de una efectiva separación de los poderes públicos y la utilización del poder punitivo del estado para intimidar o sancionar a los adversarios políticos del gobierno. Chávez calificó el informe de “ignominioso” y anunció que Venezuela abandonará la adscripción a la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El largo informe de la CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, con fecha del 30 de diciembre pasado, se ha acaba de publicar el 24 de febrero. En sus conclusiones dice:
Elecciones. La Comisión ha identificado que, “si bien en Venezuela se celebran elecciones de manera continua y frecuente, existen obstáculos que afectan a la igualdad de condiciones de los candidatos de la oposición política para ser elegidos. (…) La CIDH considera preocupante que, a través de mecanismos como la inhabilitación política de candidatos o la modificación de competencias de ciertas autoridades hasta vaciarlas de contenido, se haya restringido los derechos políticos a quienes mantienen una línea crítica del gobierno”.
Libertad política. “Los ciudadanos y organizaciones que hacen público su disenso con las políticas del gobierno son víctimas de represalias, intimidación, descalificación, exclusión, discriminación laboral y, en algunos casos, incluso son perseguidos por la justicia y privados de su libertad”.
Libertad de expresión. “La CIDH observa con preocupación que en los últimos años se hayan adoptado importantes reformas al marco jurídico existente que tienden a cerrar y no a promover el debate público. (…) Por otra parte, los numerosos actos de violencia e intimidación provenientes de grupos de choque contra periodistas y medios de comunicación, sumados a las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, y a la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales vagas que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y que amparan la imposición de sanciones desproporcionadas, configuran un escenario restrictivo que también inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
Acceso a la información pública. “La Comisión ha identificado también como uno de los desafíos para el ejercicio mismo de la democracia en Venezuela la falta de mecanismos para el acceso a la información pública sobre la gestión de los órganos del Estado así como respecto de las cifras que permiten evaluar la efectiva vigencia de los derechos humanos”.
Violencia y delincuencia. “La Comisión considera alarmante el número de casos en los que se ha denunciado o comprobado la existencia de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, abusos de autoridad y tratos crueles, inhumanos o degradantes propiciados por agentes estatales en Venezuela. (…) Si bien el Estado ha desplegado esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a actos de criminalidad común y organizada, así como frente a posibles abusos de la fuerza por parte de los órganos estatales, la respuesta del Estado frente a la inseguridad pública ha sido insuficiente y en ocasiones incluso incompatible con el respeto a los derechos humanos”.
Impunidad. “Los actos de represalia contra el disenso, los ataques contra los defensores de derechos humanos y los periodistas, la represión de la protesta pacífica, los abusos de la fuerza estatal, la criminalidad común y organizada, los hechos de violencia en las cárceles, la violencia contra la mujer, y otras graves violaciones de derechos humanos, se caracterizan en Venezuela por los altos grados de impunidad en que se mantienen”.
Poder judicial. “La Comisión considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana”. Esa falta de independencia “se genera por el incumplimiento de ciertas garantías en los procesos de designación y destitución de jueces y fiscales, así como también por los altos porcentajes de jueces y fiscales que se encuentran en situación de provisionalidad. La CIDH mira con especial preocupación la cantidad de jueces que son designados sin que medie un concurso público de oposición, y que en consecuencia son de libre remoción, lo que los vuelve vulnerables a presiones indebidas al momento de emitir sus decisiones”.
Derechos económicos, sociales y culturales. La CIDH “reconoce los logros del Estado relacionados con la progresiva vigencia de estos derechos, entre los que se destacan la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza, y el incremento en el acceso de los sectores más vulnerables a servicios básicos como la salud. La Comisión valora además los esfuerzos del Estado para implementar programas con miras a erradicar los problemas estructurales de inequidad y discriminación existentes en Venezuela”. Al mismo tiempo, resalta que en aras de la realización de esos derechos económicos, “no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble”.
Derechos humanos. La CIDH “mira con profunda preocupación la negativa del Estado a aceptar una visita de esta Comisión, así como también la posición adoptada por Venezuela frente a las decisiones y recomendaciones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos”. Venezuela no ha dado cumplimiento total a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y, en general, “ha asumido una actitud de rechazo hacia las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos bajo el argumento de que contravienen la soberanía nacional”.
La CIDH elaboró este informe sin haber podido realizar una visita de observación a Venezuela debido a la negativa del Gobierno de Chávez. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan a título personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.