El conflicto armado en Colombia no da tregua. La rutina de combates en las montañas ha sido alterada en las últimas semanas por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en operaciones sin precedentes han atentado contra la población civil. El 30 de mayo un comando del ELN asaltó una iglesia católica en la ciudad de Cali y secuestró a cien feligreses que participaban en la misa dominical. Antes, el 12 de abril, el mismo grupo secuestró un avión comercial en pleno vuelo y lo obligó a aterrizar en la selva; 45 personas fueron capturadas y uno de los pasajeros murió en cautiverio la primera semana de junio.
Estos secuestros masivos e indiscriminados, llamados en Colombia pescas milagrosas, han generado mayor temor y rechazo en todo el país. Ha sido el peor error político del ELN, pues la Iglesia ha sido uno de sus mejores aliados en la negociación con el Gobierno y en la aproximación a la sociedad. En Cali, la Iglesia sostiene más de 230 planes sociales en los barrios más pobres. En el verano del año pasado, las Conferencias Episcopales de Colombia y Alemania convocaron la Asamblea Nacional por la Paz en la ciudad de Mainz y en diferentes ocasiones los obispos han mediado ante el Gobierno para lograr una salida negociada al conflicto.
Por esta razón, el país ha comprendido los reclamos vehementes del arzobispo de Cali, Mons. Isaías Duarte Cancino, después del secuestro de los feligreses. «Es la aberración más grande que ha podido cometer la guerrilla en este país». Al reclamar la liberación incondicional de los secuestrados, Mons. Duarte repitió lo que en la última asamblea de la Conferencia Episcopal señalaron los obispos del país. «La paz no se construye quebrantando cada día más a un pueblo que está sometido a la barbarie de grupos irresponsables». Y precisaban: «Hay que dialogar, pero la guerrilla tiene que manifestar voluntad de paz y ello sólo se expresa con hechos concretos».
Los comandantes del ELN reconocieron su error, y ante la inminente excomunión por la profanación del lugar sagrado, el máximo jefe, Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, viajó hasta la Santa Sede para evitar la sanción y mantener los acercamientos con el Gobierno. Gabino aseguró al cardenal colombiano Darío Castrillón, prefecto de la Congregación del Clero, que «el 95% de los guerrilleros eran católicos, que estaban muy preocupados por la posible excomunión y que eso les dolería mucho».
Los guerrilleros han dejado en libertad a la mayoría de los rehenes del avión y de la iglesia, pues su propósito era «llamar la atención del Gobierno para adelantar un proceso de paz», es decir, la intención del secuestro era política y no económica. Hoy todo ha cambiado. Los ciudadanos que siguen retenidos por el ELN, más de 20, tendrán que pagar dinero por su libertad. «Tenemos que sostener los costos de la guerra», fue la justificación del comandante Gabino.
Esta decisión del ELN ha roto posibilidades de negociar con el Gobierno. El grupo subversivo exige una zona exclusiva, de distensión, semejante a la que el Gobierno concedió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para establecer allí una mesa de negociaciones.
Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Colombia ha llamado a todos los ciudadanos a rechazar las acciones de la guerrilla y otros grupos violentos. En el último mes ha convocado a miles de fieles que han colmado las catedrales y plazas más importantes de Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Este nuevo movimiento reclama «coherencia y gestos reales de paz a la guerrilla».
Con las FARC, el grupo guerrillero más fuerte y más antiguo, se iniciará el 7 de julio el proceso de negociación en firme. En cuarenta años de lucha es la primera vez que las partes logran crear un mínimo de confianza, pactar una agenda de temas y establecer un cronograma en la búsqueda de la paz.
Aunque el avance es histórico, algunos sectores dudan de la buena voluntad de la guerrilla y cuestionan las excesivas concesiones que el Gobierno, presidido por el conservador Andrés Pastrana, ha tenido que hacer para iniciar el proceso. Por petición de la guerrilla, el Gobierno tuvo que despejar una zona de 42.000 Km2, es decir, retirar todas las autoridades militares y de policía de cinco municipios y permitir el ingreso y dominio de los guerrilleros en el área, donde se instalará la mesa de negociaciones. La Iglesia y numerosos sectores de opinión en Colombia también han pedido a las FARC muestras reales de paz: suspender, al menos, los secuestros y los ataques durante las conversaciones.
César Mauricio Velásquez