La Paz. Después de la abrumadora victoria del primer presidente indígena en la historia del país, en diciembre de 2005, por más del 50%, muchos bolivianos esperaban un cambio, particularmente en dos grandes cuestiones: más empleos y mayor estabilidad política. Al cabo de un año de gobierno, la situación no ha mejorado sustancialmente.
Si bien algunas cifras macroeconómicas en 2006 han sido muy positivas -récord de exportaciones, un interesante crecimiento del 4,5% del PIB, superávit fiscal por primera vez en años, baja inflación-, la inversión se ha estancado y el único proveedor importante de empleo sigue siendo el Estado. La causa generalmente aducida para esta desconfianza de los inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros es la inseguridad jurídica.
Cuando en mayo de 2006 Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos -Bolivia cuenta con la segunda reserva de gas de Sudamérica-, la medida fue aplaudida por la mayoría de la población, que desconfía de las empresas transnacionales que los explotaban. A la vez, las empresas del sector hidrocarburífero aceptaron firmar nuevos contratos en el marco de la nacionalización, pues un reciente acuerdo con Argentina aumentará las exportaciones de gas.
Pero los analistas económicos tomaron nota de que cualquier inversión exitosa corría el riesgo de ser nacionalizada, aunque la población percibe cada vez con mayor claridad que el gobierno utiliza la palabra «nacionalizar» en un sentido poco preciso, que en ocasiones no pasa del nivel del discurso. En realidad, el problema parece ser que, al igual que en otros sectores públicos, el gobierno no encuentra personal capacitado para que se haga cargo de YPFB, la empresa estatal de hidrocarburos.
De todos modos, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) anunció repetidas veces que se producirían más nacionalizaciones, promesa que ha cumplido recientemente, al ocupar la planta de fundición de Vinto, propiedad de una empresa suiza, a la que Morales no piensa pagar indemnización por considerar fraudulenta su privatización en los años noventa.
En el aspecto político, el MAS, según el vicepresidente García Linera, «tiene el gobierno, pero aún no tiene el poder»: no cuenta ni con la mayoría en el Senado, ni con los dos tercios necesarios en la Asamblea Constituyente elegida en 2006 para reformar la Constitución, y seis de los nueve gobiernos departamentales son opositores. Esto ha provocado numerosos enfrentamientos, el último de los cuales, en enero de este año, en Cochabamba -departamento gobernado por la oposición- ha provocado dos muertos. También es preocupante para el gobierno la oposición del departamento de Santa Cruz, el más rico del país, que reclama de manera continua la autonomía para no depender del gobierno central de La Paz.
Demandas contrapuestas de las bases
En política exterior, aunque la postura antinorteamericana del gobierno haya halagado el orgullo nacional, el paralelo acercamiento a Cuba y Venezuela no ha significado por el momento grandes ventajas económicas. Esto es bastante lógico, si se piensa que Cuba tiene poco que ofrecer, y que Venezuela es un competidor en el negocio de los hidrocarburos.
Sin embargo más allá de la retórica violenta, y del giro del país hacia una izquierda indigenista que se proclama antiimperialista, antiglobalizadora y antioccidental, lo más preocupante es la escasa capacidad del MAS para unificar sus heterogéneas bases. Según Morales, son los «movimientos sociales» -los sindicatos- los que guían su gobierno. Pero repetidamente se ha puesto de manifiesto que los movimientos sociales tienen demandas contrapuestas, difícilmente conciliables.
Tal es el caso de la minería, donde compiten por los yacimientos y por los puestos de trabajo los mineros que trabajan para la COMIBOL, la empresa estatal, y los cooperativistas, que trabajan por cuenta propia. En Huanuni, una importante mina de estaño, los enfrentamientos en octubre de 2006 culminaron con 16 muertos, y cuando el gobierno propuso subir sustancialmente los impuestos a los minerales, veinticinco mil cooperativistas literalmente invadieron la ciudad de La Paz los primeros días de febrero de este año, obligando a Morales a archivar la medida.
Aunque Bolivia es un país bastante complejo e impredecible, lo cierto es que la sangre no ha llegado al río: cada crisis ha sido resuelta como se ha podido, antes de que superara los límites tolerables. El reciente cambio de ministros parece indicar que el gobierno de Morales apuesta por el diálogo, por ejemplo con la Iglesia católica, con la cual tuvo frecuentes roces a causa del proyecto de reforma educativa.
Los recientes conflictos del gobierno con los departamentos opositores parecen haber constituido un punto de inflexión: si hasta entonces el gobierno utilizó a los sectores sociales para llevar la «lucha» a las calles, ahora (sorpresivamente, en medio del conflicto cochabambino, el gobierno quitó su apoyo a las bases que él mismo había convocado) parece preferir las maniobras políticas tradicionales, que por cierto son más inofensivas.
Sin embargo, muchos bolivianos siguen viendo el futuro con desconfianza. Se calcula que alrededor de cuatrocientos mil -en una población de nueve millones- han emigrado en 2006, principalmente a la Argentina y a España.