La Corte Penal Internacional: 22 casos, dos condenas

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Las limitaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) han vuelto a quedar patentes ante la falta de colaboración del gobierno sudafricano en el proceso contra el presidente de Sudán, Omar Hassan Al Bashir, acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El caso se suma a otros en que las órdenes de la CPI se han visto frustradas por la escasa o nula colaboración de diferentes gobiernos, y avivado la polémica en torno a la eficacia y la imparcialidad del CPI.

Desde su creación en 2002, la CPI ha buscado dar cumplimiento al objetivo de investigar y procesar atrocidades cometidas a gran escala, tales como genocidios o crímenes contra la humanidad. La CPI es competente en los países adheridos al Estatuto de Roma de 1998, mediante el que fue constituida. El carácter subsidiario de la CPI limita su intervención a casos donde los Estados miembros son incapaces de actuar o se niegan a hacerlo. Además, la actuación de la CPI depende del consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el derecho a veto de los miembros permanentes que no han ratificado el Estatuto de Roma –Estados Unidos, Rusia y China (que ni siquiera lo firmó)– suele jugar en su contra. Por otra parte, la imparcialidad de este organismo es frecuentemente cuestionada por numerosos líderes africanos, quienes denuncian la persecución exclusiva de políticos y militares de este continente por parte de la CPI (cfr. Aceprensa, 27-11-2013).

Hasta la fecha, han sido 22 los casos investigados por la Corte Penal. Todos ellos atañen a países africanos: Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa del Marfil y Malí Los gobiernos de cuatro de esos ocho –Uganda, Congo, República Centroafricana y Malí– fueron los que solicitaron la apertura de una investigación a la Fiscalía de la CPI. En el caso de Sudán y Libia, la situación fue referida a la Corte Penal por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los procesos en Kenia y Costa de Marfil fueron promovidos motu proprio por la Fiscalía de la CPI. De estos 22 casos, cuatro siguen abiertos.

En el curso de los procesos, la Corte Penal ha decretado 33 órdenes de detención, las cuales han tenido como resultado diecisiete arrestos y tres comparecencias voluntarias. Tres de las órdenes de detención quedaron anuladas por la muerte de los sospechosos: Raska Lukwiya en Uganda, Saleh Jerbo en Sudán y Muamar el Gadafi en Libia. Por otro lado, ha habido una absolución y tres ocasiones en que la CPI ha decidido retirar los cargos o remitir al sospechoso a un tribunal de justicia nacional. Por último, la Corte Penal ha dictado dos condenas: Thomas Lubanga, líder de las milicias de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), condenado en julio de 2012 a catorce años de cárcel, y Germain Katanga, líder de otro importante grupo de milicianos del Congo, condenado en mayo de 2014 a doce años de prisión por crímenes de asesinato, esclavitud sexual y empleo de niños soldado.

Frente a los logros de la CPI, procesos como el de Sudán parecen estancados. La situación de este país, escenario de un genocidio de más de medio millón de muertos, fue denunciada por la ONU a la CPI en marzo de 2005. Aunque Sudán no ha ratificado el Estatuto de Roma, la CPI ordenó el arresto del presidente Al Bashir y tres de sus colaboradores en 2009. Ninguno de los cuatro acusados ha comparecido aún ante la Corte.

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