Aborto: cierre por ampliación de negocio

Un buen número de las clínicas cuyo negocio es el aborto se han sumado a un paro de una semana como protesta contra lo que consideran presiones y caza de brujas. En el origen, las investigaciones en Madrid y Barcelona que han destapado una red de abortos ilegales. Sin embargo, “con el paro de esta semana las clínicas quieren mostrar que prestan un servicio ‘fundamental’ que muchas veces no realiza la sanidad pública” (El País, 9-01-2008). Y si bien es cierto que los datos recién publicados de abortos en 2006 señalan que el 97,5% se realizan en clínicas privadas, las investigaciones en clínicas de Madrid y Barcelona demuestran que en la sanidad pública se cumplen las leyes y en muchos de los centros privados no.

Además, no hay muchos médicos que quieran hacer abortos. Que haya empresarios y un puñado de facultativos dispuestos a montar centros privados destinados a la materia más parece tener que ver con las suculentas sumas de dinero que ganan que con la filantropía, tal y como el perfil del doctor Morín -ahora en prisión- pone de manifiesto (ver Observatorio del 3-12-2007).

“Desiré y Laura no pudieron abortar ayer”, titula El País su artículo. Pero no dice que otras muchas mujeres son empujadas a hacerlo diariamente. ABC (9-01-2008) recuerda que el Ministerio de Sanidad considera el embarazo como “el primer factor grave de riesgo de violencia contra la mujer”. La Fundación Línea de Atención a la mujer dice que el 63% de las mujeres embarazadas que utilizan su teléfono de apoyo 24 horas presentan casos de amenazas y coacciones con motivo de su estado. Está claro que el principal problema que la mujer embarazada debe afrontar no es el de la dificultad de acceso al aborto. Lo fácil, hoy en día, es abortar: de hecho uno de cada seis embarazos acaba así.

Las clínicas se presentan como víctimas y califican las inspecciones de “caza de brujas”. El motivo es la investigación que pone coto a un incumplimiento sistemático de la ley: fetos de ocho meses troceados y arrojados en la basura, falsificación de documentos, firmas de personas no acreditadas para justificar los abortos, certificados de riesgo para la salud psíquica de la madre hechos por psicólogos que cobran de las clínicas…

“Se presentan como perseguidos cuando sólo se les exige el cumplimiento de la ley”, dice Benigno Blanco, del Foro de la Familia. La Fundación Vida recuerda que “los detenidos lo son en base a delitos, no a persecuciones religiosas. Los proabortistas pretenden someter a la Justicia, en lugar de someterse a ella”. Y, ¿qué proponen las clínicas abortistas para acabar con estas persecuciones? “El aborto debe salir del Código Penal, ya que es un derecho sexual y reproductivo de la mujer”, dicen en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), principal promotora del paro.

Piden cambiar la ley para instaurar un sistema de plazos, en el que la mujer sería libre para abortar sin necesidad de ninguna justificación médica, pero sin renunciar tampoco al sistema actual de indicaciones que permite abortar sin plazos. Es decir, ampliar la situación actual con más seguridad para las clínicas. Aducen que el sistema de plazos es el que está vigente en países como Francia, Reino Unido o Países Bajos. Lo que no se explica entonces es por qué son las francesas las que vienen a abortar a España cuando ya no pueden hacerlo en su país, y no al revés.

No es extraño que el sector que infringe la ley pida que las penas sean derogadas. Menos comprensible es el apoyo de algunos que se llevarían las manos a la cabeza si esta flexibilidad sancionadora se aplicase a otros terrenos. El País editorializa también el 9 de enero sobre el descenso de las muertes en carretera y utiliza un criterio inverso al de la cuestión del aborto. “Ese descenso obedece a un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno”, que el editorial aplaude: “tiene sentido que el Gobierno haya prestado una atención prioritaria al comportamiento de los conductores y los pasajeros, adoptando medidas como la obligatoriedad del cinturón en todos los asientos de los vehículos, el establecimiento del carné por puntos, la ampliación del número de radares o la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal para sancionar a quienes atentan contra la seguridad en las carreteras”. Aquí se impone exigir el cumplimiento de la ley. Si se hiciera lo mismo en el caso del aborto, también disminuiría, en vez de aumentar cada año.

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