El Salvador: el lobby abortista vuelve a instrumentalizar un drama personal

Un caso para forzar un cambio legislativo

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(Actualizado el 4 de junio de 2013)

El caso de ‘Beatriz’, la salvadoreña de 22 años cuya petición de aborto ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional, suscita naturalmente el deseo de que su dolencia sea cuidada y se haga todo lo posible para preservar su vida. A la vez, es inevitable plantearse el carácter oportunista y sensacionalista del lobby pro-aborto, cuya preocupación es cambiar la ley aunque invoque la salud de la paciente.

Oportunista porque se pretende forzar un cambio legislativo (ni más ni menos que en la Constitución) basándose en un caso particular; porque para forzar este cambio se ha organizado una campaña de presión que ha incluido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a un grupo de expertos de Naciones Unidas; porque se está utilizando como argumento la alta tasa de mortalidad materna del país (81 por 100.000 nacimientos), como si esta fuera consecuencia directa de la restricción del aborto y no de la pobreza, olvidando que otro de los países “retrógrados” en esta materia, Chile, tiene la menor mortalidad materna del continente.

Sensacionalista, o directamente falsa, porque se ha vendido a la opinión pública la idea de que se trata de un enfrentamiento entre los derechos del hijo y de la madre. Sin embargo, la lectura de la sentencia revela que lo que el Tribunal ha decidido es proteger dos vidas humanas. Por eso, aunque no habría necesidad de hacerlo, los jueces han querido recordar al final del texto la obligación que tienen los médicos de cuidar la salud de la madre.

Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, el equipo del Instituto de Medicina Legal había publicado un informe unánime desaconsejando el aborto

Sensacionalista porque, tirando de tópicos, atribuye la sentencia negativa a la presión de la jerarquía católica, pasando por alto que en la sentencia no existe ni un razonamiento religioso, sino solo argumentos legales y médicos. (¿Tan difícil de entender es que una misma postura se pueda argumentar desde la religión, el derecho y la ciencia?). Además, el equipo del Instituto de Medicina Legal que días antes había publicado un informe unánime en contra de practicar el aborto, está compuesto por ginecólogos, psiquiatras y psicólogos, no por obispos y activistas pro-vida.

Sensacionalista también porque se omiten los detalles que no cuadran con la interpretación maniquea de la realidad. Por ejemplo, no se dice que, en su voto disidente, el juez que sí reconocía el amparo a Beatriz aclara que lo hace porque la acusación de esta era por falta de diligencia de los médicos, algo que efectivamente ocurrió desde el momento en que no practicaron a Beatriz una intervención (“pequeña cesárea”) que no implicaba un acto de aborto, sino una provisión médica legítima.

En uno de los últimos párrafos de su voto particular (ver la sentencia completa), este juez señala que “mi voto disidente no implica, por tanto, que esté de acuerdo con la práctica del aborto de la madre, sino con la defensa de la vida de ambos, tal como lo ordena la Constitución y el derecho internacional”.

Tampoco se dice que en el primer embarazo de Beatriz, que resultó exitoso, el equipo médico que la atendía también le aconsejó abortar a riesgo de su vida, como la misma Beatriz reconoce en una entrevista.

En el primer embarazo de Beatriz, que resultó exitoso, el equipo médico que la atendía también le aconsejó abortar

Informaciones directamente falsas
Más allá de las opiniones o de la falta de imparcialidad, en ocasiones las informaciones dadas se pueden calificar directamente como falsas. Uno de los principales medios digitales de El Salvador recoge en una noticia las declaraciones de José Miguel Fortín, director del Instituto de Medicina Legal.

Según él, “se ha vendido a la sociedad algo que no es verdad”: no es cierto que el dictamen de este organismo vaya en contra de la mayor parte de la comunidad científica, pues en él participaron también miembros del Colegio Médico, una institución con prestigio internacional; no es cierto que el lupus eritematoso sea una amenaza tan grave para la embarazada, como señalaba un estudio internacional que el IML recogía en su informe a la Corte Suprema de Justicia; por otro lado, la hipertensión arterial de la madre y el propio lupus, que ya se agravaron en el primer embarazo, se encuentran estabilizados (en el primer embarazo los médicos indujeron el parto de forma prematura, salvando al niño y a la madre).

Tampoco es cierto que la madre y los médicos se enfrenten a penas de hasta 30 años, como se ha dicho en ciertos medios. El Código penal sanciona el aborto con penas que van de los dos a los ocho años para la madre, y de seis a doce para los médicos.

Dar al paciente lo que necesita
A pesar de que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña contiene un voto disidente y una abstención, hay algo en lo que sí están de acuerdo todos los jueces: el derecho a la vida no es absoluto, pero sí el mayor de los derechos, por lo que no puede ser anulado por uno superior (la sentencia dice literalmente que “los derechos de la madre no pueden prevalecer sobre los del nasciturus, ni viceversa”). De ahí se deduce que el deber de los médicos es cuidar cualquier vida: en este caso, la de la madre y la del feto. Pero cuidar la salud de la madre no significa obedecer a lo que ella entienda que debe hacerse. Ni siquiera a lo que entienda un determinado consejo de médicos; significa, en primer lugar, tratar de aliviar sus dolores y de curar sus enfermedades.

Beatriz padece, desde antes de quedarse embarazada, lupus eritematoso discoide y nefritis. Por su estado de embarazo, estas enfermedades se manifestaron de forma grave y tuvo que ser ingresada. Aunque el equipo médico aconsejó el aborto, Beatriz ahora se encuentra estable, aunque su pronóstico es incierto. Más previsible es el destino del feto, que padece anencefalia y presumiblemente morirá poco tiempo después del parto. No obstante, lo cierto, y lo que debe orientar la actitud de médicos y legisladores, es que tanto madre como feto están vivos aunque enfermos, por lo que habrá que ir ofreciendo en cada momento los cuidados que requiera la enfermedad. Esto es exactamente lo que propuso el Instituto de Medicina Legal de El Salvador.

Si lo que preocupa es la salud de una paciente, lo que habrá que hacer es indignarse porque no esté garantizada una buena atención médica –si es el caso–; si se trata de reducir las tasas de mortalidad materna en El Salvador, habrá que reclamar una mayor inversión en recursos sanitarios. Pero nada de eso se arregla con el aborto.

Desenlace: se preservó la vida de la madre
El caso de Beatriz se ha resuelto como cabía esperar por la sentencia de la Corte Suprema salvadoreña. Para evitar un agravamiento de su salud, se le ha inducido el parto por cesárea en la vigésimo séptima semana de embarazo. La niña, como también se preveía, ha muerto poco tiempo después (cinco horas), debido a la anencefalia y a otras anomalías.

De esta forma, se ha evitado crear un precedente que pudiera avalar el aborto en determinadas circunstancias –algo prohibido por la ley nacional–, a la vez que se ha conseguido salvar la vida de la madre. La actuación de los médicos ha seguido la recomendación del Instituto de Medicina Legal y de lo establecido en la Constitución; de ahí que en una comparecencia tras conocerse el desenlace del caso, la Ministra de Sanidad lo haya calificado como una victoria para todos (aunque cabe matizar que el panel de expertos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos apostaron por otra solución).

Desde algunas instancias pro choice (quizás no muy contentas con este final) se ha presentado el recurso a la cesárea como una forma hipócrita de realizar un aborto sin llamarlo por su nombre. Llama la atención este análisis, que considera lo mismo matar al niño que no poder evitar su muerte.


Pro memoria: otros casos, otras mentiras

La instrumentalización basada en falsedades que se está produciendo en el caso de Beatriz recuerda a la de otros casus belli del lobby abortista. En 2003, Una niña de nueve años costarricense conocida como Rosita se convirtió en la bandera de los pro-choice en ese país. Supuestamente se había quedado embarazada tras ser violada por un joven, con lo que la situación reunía todos los ingredientes dramáticos necesarios para convertirse en una causa feminista. La asociación Red de Mujeres contra la Violencia (RMV) tomó el caso como propio e incluso ayudó a Rosita, su madre y su padrastro a esconderse en Nicaragua, donde la niña abortó. El joven fue acusado y pasó tres meses en la cárcel, mientras la RMV reclamaba un cambio legislativo. Tiempo después, la joven volvió a ser violada, y las investigaciones descubrieron que el autor de esa violación, y también de la primera, había sido el padrastro, a quien la madre había protegido por miedo.

Unos años más tarde, en 2006, el New York Times provocó un escándalo internacional al denunciar en un reportaje la “injusta” condena a una mujer salvadoreña, Carmen Clímaco. Según el autor del reportaje, había sido condenada a 30 años de cárcel por abortar. Sin embargo, un portal pro-vida sacó a la luz que la verdadera causa de la pena era el infanticidio cometido por Clímaco, que asfixió a su hijo recién nacido.

Según admitió el New York Times en un artículo de disculpa, el periodista no se había tomado la molestia de leer la sentencia del tribunal; solo hizo caso de la información que le suministró la organización pro-choice estadounidense Ipas.


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