El Observatorio

Trump contra la censura en la universidad

Página 1

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el 21 de marzo una orden ejecutiva por la que aquellas universidades que no protejan la libertad de expresión en sus campus, pueden perder acceso a financiación pública. Algunos críticos, sin embargo, apuntan que la medida podría resultar contraproducente.

 

El decreto presidencial establece que los organismos federales que entregan fondos para investigación a las universidades deben asegurarse de que estas cumplen con la Primera Enmienda de la Constitución, y en el caso de que sean centros privados, verificar si están respetando sus propias políticas de libertad de expresión.

El argumento de la administración republicana es que los estudiantes y oradores conservadores llevan ya tiempo experimentando restricciones injustas en los campus (ver Aceprensa, 7-03-2018). “Bajo el disfraz de las normas de expresión, los espacios seguros y los trigger warnings [avisos en los programas de las asignaturas sobre contenidos que pueden provocar ciertos traumas en los alumnos], las universidades han tratado de restringir el pensamiento libre”, dice Trump.

En un editorial, The Wall Street Journal opina que el presidente “merece reconocimiento” por poner el foco sobre un problema tan serio: “Los estudiantes exigen a las autoridades universitarias que censuren las intervenciones que ellos perciben como intolerantes o tan ofensivas que no deben siquiera ser escuchadas. Sus estrategias de silenciamiento incluyen el vandalismo y la intimidación física, y han colocado entre sus objetivos a oradores invitados y a profesores”.

Por ejemplo, en 2017, la Universidad de Berkeley debió cancelar un discurso del escritor libertario Milo Yiannopoulos, luego de que algunos alborotadores arrojaran cócteles molotov y causaran daños por 100.000 dólares. Asimismo, en el Middlebury College, los manifestantes impidieron que un investigador del American Enterprise Institute terminara su intervención, y agredieron a una profesora.

Sin embargo, The Wall Street Journal sostiene que Trump acierta a señalar el problema pero no a dar solución, que no está en la intervención federal. El editorial recuerda la del presidente Obama en 2011 para que las universidades combatieran el acoso sexual: aquella orden provocó nuevos conflictos y tuvo que ser rectificada (ver Aceprensa, 3-10-2017).

Sobre el nuevo decreto, el editorial señala que no define con claridad qué exige a las universidades ni qué hechos serían constitutivos de infracción.

En cambio, dice, el gobierno tiene otros medios menos drásticos para favorecer la libertad de expresión en los campus, y los ha empleado. En concreto, el Departamento de Justicia se ha personado a favor de algunos alumnos que han puesto pleito a sus universidades alegando violaciones de su libertad de expresión.

El diario coincide con otros críticos de la medida, como el senador republicano Lamar Alexander, jefe del Comité de Educación de la cámara. “Las universidades deben sancionar a los alborotadores y dejar de mimar a los estudiantes para protegerlos de puntos de vista desagradables”, ha dicho. Pero, agrega, “no quiero ver al Congreso o al presidente, o al departamento de nada, creando códigos para definir qué se puede decir en el campus”.

The Wall Street Journal concluye: “Cuando en un campus se restringe la expresión de opiniones o el libre intercambio de ideas, se resiente la calidad de la educación. Es un problema, pero no un problema que pueda resolver el gobierno”.


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