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Tensión en torno al viaje de Juan Pablo II a Cuba

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El Vaticano ha advertido al gobierno de Cuba sobre las desastrosas consecuencias que puede tener un boicot oficial más o menos solapado contra la visita de Juan Pablo II a la isla. Los países de la UE, y España en especial, además de otros gobiernos occidentales, esperan a fines de enero para redefinir su política respecto a Cuba.

El tratamiento que las autoridades cubanas den a la visita del Papa, que tendrá lugar entre el 21 y el 25 de enero próximo, será seguido con gran atención por las cancillerías europeas y será decisivo para un deshielo de sus relaciones con Cuba, y de las ayudas exteriores a la isla, bloqueadas desde mediados de 1996 tras el derribo de dos avionetas civiles y las detenciones de disidentes.

Para preparar la visita de Juan Pablo II, la Santa Sede envió a La Habana al portavoz del Papa, Joaquín Navarro-Valls, que mantuvo entrevistas con las autoridades cubanas y fue recibido por Fidel durante seis horas. La Iglesia católica necesita, entre otras cosas, apoyo logístico para garantizar que decenas de miles de personas que desean asistir a las cuatro misas que el Papa celebrará durante la visita puedan llegar a los sitios previstos -en Cuba no hay prácticamente medios de transporte privados-, y que el gobierno permita a los trabajadores ir a los actos que tengan lugar en días laborables. Otro tema que se está negociando es la transmisión de las misas en directo por televisión, la emisión de documentales informativos sobre la figura del Papa y la finalidad de su visita a Cuba, y el acceso de los obispos y sacerdotes católicos a la radio y televisión, que son sólo estatales.

Al abandonar Cuba, Navarro-Valls declaró que Castro le había dicho que el gobierno procurará prestar la colaboración necesaria «para que la preparación de la visita del Papa esté a la altura de su carácter religioso y a la vez histórico en bien de la Iglesia católica y de todo el pueblo cubano». Pero de momento, no hay señales de distensión, sino más bien de lo contrario. La semana pasada, las autoridades impidieron la celebración al aire libre de algunas de las misas que la Iglesia quería hacer como ensayos de la que oficiará el Papa. Y durante la estancia de Navarro-Valls, restringió las compras que la Iglesia puede hacer en tiendas estatales para abastecer sus programas de ayuda a ancianos, niños y sanatorios.

El contencioso más importante de la Iglesia católica con Fidel Castro es la entrada de sacerdotes. Al llegar al poder los comunistas, salieron de Cuba expulsados o por otros motivos seiscientos sacerdotes -de los 800 en activo en aquel momento- y dos mil religiosas. En los últimos años, Castro ha dejado entrar nuevos sacerdotes con cuentagotas. Sólo tras su visita a Juan Pablo II en el Vaticano en noviembre del año pasado, el gobierno autorizó la entrada de 15 sacerdotes y 25 religiosas de distintas nacionalidades, el mayor número de permisos desde la década de los sesenta. La mayoría proceden de Colombia, México y España. Sin embargo, todavía hay una lista de espera de unos setenta sacerdotes y monjas. Actualmente en Cuba hay 450 religiosas y 250 sacerdotes, la mitad de ellos cubanos, para una población total de 11 millones de personas.

Miguel Castellví

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