Siempre nos quedará Lisboa

El nuevo Tratado de la UE es fruto otra vez de los gobiernos, no de la sociedad civil

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En el fondo -e incluso en la forma- reina la satisfacción sobre el Tratado de la Unión Europea. Habrá acuerdo; se firmará en diciembre (en ambiente prenavideño) en Lisboa (bella ciudad, con bonito nombre para un Tratado) y se han salvado no sólo los muebles, sino buena parte de los contenidos de la así llamada “Constitución Europea”. Parece que no va a haber muchos referendos, sino que casi todos los países optarán por la aprobación parlamentaria, con lo que los riesgos son mínimos. Por lo tanto, hay vida después de la Constitución. El barco de la integración europea sigue a flote.

No es cuestión de repasar otra vez los puntos fundamentales del nuevo Tratado (la prensa los ha presentado ya en todos los idiomas), sino de llamar la atención sobre algunos aspectos sobre los que quizá se ha reflexionado menos.

El final de un intento

Quizá lo más llamativo es la vuelta al método intergubernamental, el tan denostado, el que, definitivamente, tenía que caer para ceder paso al método “convencional”. Este suponía una mayor presencia de la sociedad civil, una mayor cercanía al ciudadano, una mayor conciencia de que Europa (esa Europa comunitaria que tantas veces identificamos con el ser y el devenir del continente) es un empeño común.

Allá por el Tratado de Niza, hacia 2001, parece que la crisis ya se hacía patente hasta para los más optimistas. Los años de los fervores europeos han pasado -¡qué tiempos aquellos los de Delors, Kohl, Mitterrand, Felipe González!- y cada gobierno, en el debate en torno a números de representantes y peso de los votos, arrima el ascua a su sardina, olvidando (o al menos dando la impresión de que olvida) que la pesca se realiza desde un mismo bote.

De otro lado, parece que la población se ha alejado de ese proyecto: las cifras de la abstención en las elecciones al Parlamento Europeo van creciendo (ver gráfico). Después de Niza, será un shock ver cómo en los países recién incorporados en 2004, la participación en sus primeras elecciones europeas es muy baja; tampoco el referéndum “constitucional” en España lleva a las urnas a un porcentaje importante de electores…

Además, las reformas se van haciendo cada vez más difíciles, más costosas. La larga noche de Niza produce no sólo el lógico cansancio, sino un desaliento de cara al futuro: ¿cómo hacerlo cuando seamos 25 (cifra ya previsible en aquel momento)?; ¿cuánto esfuerzo costará cada paso?

Un nuevo método para la “Constitución”

Y surge la idea de dar un giro radical: la “Constitución Europea” habría de ser elaborada por una Convención, con participación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, con una discusión abierta, un foro en que se recibieran contribuciones, una gran transparencia informativa.

Esto supone, además, una cierta relativización del poder de los Estados: ya no van a ser ellos quienes negocien a puerta cerrada el futuro de Europa. Aunque son ellos quienes se reservan la última palabra: a la Convención le corresponde hacer una propuesta; el Consejo Europeo (o sea, la reunión de Jefes de Estado o de Gobierno) decidirá sobre esa propuesta.

Y, además, con la Constitución se acaba el agotador tejer y destejer de puntos concretos en cada Cumbre. Ya no habrá que ir reformando un punto aquí, otro punto allá, en una construcción europea que va quedando como esa ropa usada que va pasando del hijo mayor a los más pequeños: un remiendo aquí, un apaño allá, alargamos un poco por aquí, le ponemos unas coderas. Ahora, empezamos de nuevo, no desde cero, por supuesto, porque lo conseguido desde los años cincuenta es una buena base, pero la casa se remoza de arriba abajo.

Y empieza la Convención. La participación ciudadana se ve muy limitada; son sobre todo lobbies, organizaciones, observadores cercanos de la construcción europea quienes envían sus opiniones, que quedan reflejadas en la web, como todas las enmiendas que proponen las delegaciones o miembros de la Convención (por cierto, años después, estas han quedado en la web y aquellas -las de la tan aclamada “sociedad civil”- han desaparecido y sólo ímprobos esfuerzos permiten saber qué opinaron).

Se va elaborando el largo, complejo documento. Y el debate sólo se establece en torno a dos puntos: la distribución del poder (el número de diputados al Parlamento Europeo, el peso de los votos en el Consejo) y la mención o no de las raíces cristianas de Europa en el Preámbulo. El primer punto es lógico y no supone sino retomar el debate de Niza, cuyo resultado a algunos no les había gustado: estamos en un proyecto político y que el ejercicio del poder desempeñe un papel en la política no resulta muy extraño. El segundo punto ya es más curioso, porque nadie se imaginaba que se iba a desatar un debate en torno a tal cuestión, debate en que participaron intelectuales de varios países y de tendencias muy diferentes. Es como si, junto a lo más pragmático, interesara el saber quiénes somos y de dónde venimos, quizá para saber hacia dónde debemos ir.

Finalmente, se llegó a la versión que se presentó a los Jefes de Estado y de Gobierno y que, convenientemente removida, fue aprobada y sometida a los procesos de ratificación. El resto de la historia es conocida. Tras el abrumador “sí” español (con tímida participación del 42%), el “no” francés primero y neerlandés después (en referendos en que, como es habitual, se mezclaron muchos componentes a la hora de votar), frenaron en seco el proyecto.

Tras largos “períodos de reflexión” (fue la terminología oficial), en los que no trascendieron muchos resultados, tenemos ¡el Tratado de Lisboa!, acordado… al viejo estilo; los gobiernos entre sí, sin sociedad civil, sin mucha transparencia, sin acercamiento del ciudadano, sin Convención. El más puro estilo intergubernamental, aquel que era causa de los males, y que tenía que ser sustituido si se quería reflotar la maltrecha nave.

Conclusiones malévolas

Se pueden sacar muchas conclusiones malévolas en torno al intento fallido. Quizá conviene no dar tanto curso a la maldad y algo más al realismo: el proyecto europeo ha sido desde los inicios un proyecto intergubernamental, “cocinado” por unos cuantos políticos, bastante al margen de una población que estaba básicamente de acuerdo con las líneas maestras y sólo salía a la calle (véanse los agricultores) cuando sus intereses se veían afectados por “Bruselas”, ese ente mítico que no es sino el resultado de la capacidad y del interés de negociar de los gobiernos.

Es cierto que los tiempos han cambiado y que hoy es más difícil avanzar en un proyecto sin un cierto refrendo social. Pero pensar que la apertura de un foro en Internet o incluso un referéndum vaya a crear ese refrendo es un punto de partida ingenuo. Como ingenua fue la valoración del estado de ánimo en ciertos países en los que los gobiernos se lanzaron alegremente a un referéndum innecesario -la aprobación parlamentaria hubiera sido suficiente-, para perderlo. Ahora estamos donde estábamos: los gobiernos lo han hecho, la distancia de los ciudadanos sigue siendo la misma, y nos queda la sensación de que “aquello” no salió, de que los políticos fracasaron, con lo que aumenta su desprestigio y la sensación de que esto de la integración europea no hay quien lo entienda.

Estamos donde estábamos, pero con una necesidad cada vez mayor de entrar ya en un diálogo serio, a fondo, con los ciudadanos. De explicar, sin irenismos ni buenismos, las bondades y problemas de este proyecto -y de sus alternativas.

Eso sí: parece que el tándem germano-francés vuelve a funcionar. Llevábamos bastante tiempo preguntándonos quién iba a sacar esto adelante, y no se veían grandes líderes. Quizá no los haya, pero sí hay la tenacidad y la voluntad suficientes para superar atascos y contrariedades, especialidad no sólo de algunos gemelos, sino más bien una constante en la historia de la integración europea.

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Enrique Banús es director del Centro de Estudios Europeos (Universidad de Navarra)


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