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Sentencia del Supremo de EE.UU. marca un punto de inflexión para el aborto

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El Tribunal Supremo de EE.UU. ha sentenciado que es constitucional la ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Bush en 2003 (ver Aceprensa 149/03) que prohíbe el aborto por «nacimiento parcial», procedimiento que se lleva a cabo en gestaciones avanzadas y que supone la decapitación del feto.

La sentencia, aprobada por una mayoría de 5-4, supone un hito en la historia del aborto legal en Estados Unidos. Además de culminar una campaña de doce años de duración dirigida a acabar con ese tipo de abortos, es la primera vez desde la despenalización del aborto en 1973 que el máximo órgano judicial del país da luz verde a una ley que lo prohíbe en algún caso, aunque en 1992 admitió ciertas restricciones (por ejemplo, exigir la notificación a los padres antes de que aborte una menor). Supone una enorme victoria para el sector pro-vida, cuya estrategia se dirige a ganar paulatinamente el terreno perdido en esta cuestión. Con la aprobación de la ley se facilita el camino para que los estados puedan aprobar leyes restrictivas del aborto, como algunos han empezado a hacer o a plantear (ver Aceprensa 9/07).

En esa línea se ha pronunciado Clarke D. Forsythe, presidente de Americans United for Life, que afirma que la decisión servirá para devolver el poder a los estados y hacer más fácil que se elaboren «regulaciones de sentido común» sobre el aborto. Cecile Richard, presidente de la abortista Planned Parenthood Federation, ha reconocido que «hasta ahora, mucha gente era escéptica sobre la posibilidad de que «Roe» [«v. Wade», la sentencia que legalizó el aborto en 1973], fuese revocada», pero «ya no existe la presunción» de que los jueces vayan a seguir sosteniéndola. En este momento, diversas medidas legislativas referidas al aborto están pendientes de resolución en tribunales estatales, y esta sentencia favorecerá más desafíos judiciales a la ley del aborto.

Todos los grandes medios del país concluyen que la decisión sitúa la cuestión del aborto entre los temas calientes de la carrera presidencial para las elecciones de 2008. Los magistrados que son elegidos para el Supremo son propuestos por el presidente. El hecho de que dos de los magistrados que se han opuesto a la sentencia tengan edad avanzada (Stevens, 87; Ginsburg, 74), hace suponer que el próximo presidente tendría posibilidad de influir en la composición del organismo judicial. De hecho, la reciente jubilación de la magistrada O’Connor y su sustitución por Samuel Alito, contrario al aborto, han favorecido este resultado. Los posibles candidatos republicanos se han apresurado a apoyar la sentencia con énfasis mayor (McCain, Romney o Brownback) o menor (Giuliani). Los demócratas la han considerado un retroceso.

El aborto por nacimiento parcial es un procedimiento que se lleva a cabo en gestaciones ya avanzadas. Consiste en sacar del útero parte del cuerpo del feto y acabar con su vida, generalmente aplastándole la cabeza. Sucesivas encuestas durante 2006 mostraron el rechazo mayoritario de los estadounidenses a ese procedimiento abortivo. En marzo de 2006, un sondeo de Fox News señalaba que un 61% de encuestados apoyaban el veto contra un 28% que se oponían. Otro de julio de 2006 señalaba que el 76% de americanos creían que ese tipo de abortos debían ser ilegales salvo que corriese peligro la vida de la madre.

Cada vez más médicos objetores al aborto en la sanidad británica

Hace unos días, el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos de Gran Bretaña avisó de que cada vez son más los médicos de la sanidad pública que rechazan practicar abortos. El 80% de los 190.000 anuales en Inglaterra y Gales los paga actualmente el NHS, sistema público de salud, pero la mitad de ellos los lleva a cabo el sector privado: el doble del porcentaje de hace una década.

En la BBC, Josephine Quintavalle, del grupo pro-vida Alive and Kicking, se ha felicitado por esta evolución que refleja, según ella, «la sensación que tiene el país de que hay demasiados abortos, lo cual obviamente influye en los médicos». Julia Millington de la ProLife Alliance dice que era algo que ya «se había venido escuchando ahora que los médicos jóvenes, en particular, no quieren trabajar en ese terreno», lo que a su juicio se explica porque «presumiblemente quieren curar enfermedades y dolencias, no acabar con vidas de seres humanos inocentes».

Ann Furedi, la directora ejecutiva del British Pregnancy Advisory Service, ha hablado de «crisis», y dice que «a menos que podamos motivar a los doctores para formarse en la práctica de abortos, puede que afrontemos en un plazo de cinco años una situación en la que el acceso de las mujeres al aborto sea severamente restringido».

Melanie McDonagh se pregunta en el «Daily Telegraph» (17-04-2007) por qué se habla de crisis. «La crisis real es que cada año tienen lugar en Inglaterra y Gales 190.000 abortos. El hecho de que más médicos estén rechazando llevarlos a cabo por motivos de conciencia me parece un inesperado brote de moralidad en la profesión».

Señala que los médicos evitan implicarse en el aborto «no precisamente porque no haya demanda, sino porque hiede». Y afirma que, incluso desde el punto de vista económico, el aborto es perjudicial: «Cada operación cuesta entre 300 y 500 libras (450-750 euros): multiplica eso por 190.000 y verás que resulta mucho dinero, parte del cual podría ser dedicado al tipo de educación que podría reducir el número de abortos».

McDonagh afirma que «en lugar de tratar a los médicos rebeldes como un problema, ¿por qué no los escuchamos? Ellos no intentarían endilgarnos la fantasía de que los fetos por alguna razón pasan al estado de seres humanos con todas las de la ley en la semana 24 de gestación. (…) Si un creciente número de médicos no quieren tener nada que ver con el aborto, merece la pena plantearse no cómo lograr que cedan, sino si tienen razón».

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