El nombramiento de un cardenal cubano y la reacción popular ante este hecho han servido para poner de manifiesto la nueva vitalidad de la Iglesia en la isla. Cada vez más, la Iglesia logra hacerse oír, se refuerza su presencia en la sociedad a través de la acción caritativa y aumenta la práctica religiosa entre el pueblo.
En este contexto, se ha recibido como un espaldarazo el nombramiento como cardenal -el primero de Cuba desde 1963- del arzobispo de La Habana, Mons. Jaime Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal y uno de los principales artífices de la nueva etapa. La noticia de la designación, hechapública a finales de octubre, se difundió rápidamente en el país, pese a que los medios de comunicación oficiales no se hicieron eco de ella. Mons. Ortega fue recibido calurosamente a su vuelta del consistorio, y una insólita multitud de varios miles de fieles asistió el pasado día 11 a la misa que celebró el nuevo cardenal en la catedral habanera.
El Card. Ortega, de 58 años, tiene una larga experiencia de acción pastoral en circunstancias difíciles. Entre 1966 y 1967, cuando ejercía el ministerio sacerdotal en Cárdenas, fue internado durante siete meses en un campo de trabajo. Después, siendo párroco en Matanzas, formó un movimiento juvenil diocesano. En la sede de La Habana, que ocupa desde 1981, ha ido superando las limitaciones impuestas a la labor de la Iglesia. En 1991 creó en la capital la Cáritas diocesana, que luego ha dado lugar a Cáritas Cuba, de ámbito nacional. También es iniciativa suya el boletín diocesano mensual Aquí la Iglesia, que desde 1992 es una de las pocas publicaciones no controladas por el Estado. Por este medio y a través de sus homilías y cartas pastorales multiplica sus mensajes, que están llegando cada vez más a la población pese a la censura informativa gubernamental.
La voz de la Iglesia cubana se escucha en la isla especialmente desde que los obispos publicaron, el año pasado, una importante carta pastoral en que denunciaban claramente los abusos del régimen y llamaban a un diálogo, que no excluyera a nadie, para lograr la reconciliación nacional (ver servicio 119/93). El gobierno descalificó de plano el documento, que sin embargo obtuvo gran éxito de público. Mucha gente -y no sólo católicos- acudió a las parroquias para conseguir ejemplares, y hubo de hacerse una reimpresión del texto. Esta y otras intervenciones de los obispos señalan un cambio significativo. A juicio de un diplomático europeo de misión en Cuba, citado por el New York Times, la Iglesia «ha pasado de ser espectador pasivo a ser una voz activa, la única independiente en el país».
Otra señal de la presencia pública de la Iglesia es la próxima constitución de la sección cubana de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, anunciada el mes pasado por el presidente, Card. Roger Etchegaray, durante una visita al país.
La creciente popularidad de la Iglesia se nota también en el aumento de la religiosidad. En los últimos años la asistencia a misa ha subido un 50%, los bautismo se han multiplicado por seis en un decenio, y también han experimentado un fuerte incremento las bodas, primeras comuniones, funerales y la concurrencia en las clases de catecismo.
Además, es cada vez mayor la participación de los laicos en la labor de la Iglesia, que cuenta ya entre ellos con un número importante de voluntarios. Ahora las diócesis disponen incluso de personal contratado, con dedicación completa. Los salarios -modestos- se sufragan con las aportaciones de organizaciones católicas internacionales. La presencia de laicos permite compensar, de alguna manera, la escasez de sacerdotes. Ésta es aún uno de los problemas más graves de la Iglesia bajo el castrismo. En 1959, cuando se instauró el régimen actual, había unos 700 sacerdotes para 6 millones de habitantes; hoy, con una población de 11 millones, se cuenta con sólo 220 sacerdotes. En los mismos años, las religiosas han pasado de 2.600 a 330.
La presencia de la Iglesia en la sociedad se ha reforzado de modo especial gracias a la activa labor asistencial, tan necesaria en la presente situación de crisis económica. Pero en este terreno la Iglesia carece de libertad completa: tiene que entregar al Estado las ayudas recibidas del extranjero, para su distribución. Los obispos reclaman que las organizaciones católicas de asistencia tengan autonomía para gestionar esos recursos, que el régimen intenta aprovechar para su propio prestigio y además se pierden, en buena parte, en su paso por los laberintos burocráticos.