Prohibido prohibir... expresarse

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El presidente de la organización Reporteurs sans Frontières (RsF), Fernando Castelló, comenta en el diario "El Mundo" (18 enero 2005) lo que considera intentos abusivos de proscribir expresiones presuntamente "homófobas" o "sexistas".

Según la prensa, los Verdes piden que se procese a los obispos por cometer supuestamente, en su documento eclesiástico "Hombre y mujer los creó", dentro de su campaña contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, un delito de homofobia, tipificado en el Código Penal (...) ¿Estamos a punto de pasarnos de rosca y de poner puertas al necesariamente ancho campo de la libertad de expresión y de crítica en estos casos, socialmente incorrectos hoy quizás, pero que no merecen caer dentro de la tipificación de delitos, y menos de opinión?

Reporteros sin Fronteras defiende en el mundo la libertad de prensa. Únicos límites, más estrictos que los genéricos, son para RsF el llamamiento al asesinato, al racismo o a cualquier otra forma de discriminación. En la práctica, digámoslo claro, sólo la apelación al asesinato, individual o colectivo, es para nosotros un límite definido a la libertad de información y opinión. Las apologías del racismo o de cualquier otra forma de discriminación, siempre que no produzcan un efecto inmediato de causa a efecto delictivo, nos parecen lícitas, aunque estemos en desacuerdo con ellas. (...) La libertad de expresión carecería de sentido si sólo sirviera para expresar las ideas socialmente correctas.

Así, nos hemos opuesto, y lo hemos denunciado públicamente, a la ley que crea en Francia desde diciembre pasado una Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y por la Igualdad, ante la cual las asociaciones que militan contra el sexismo y la homofobia podrán querellarse por injurias y difamación. (...) Pese a que compartimos la preocupación del Gobierno francés y de todos los demócratas por combatir cualquier forma de discriminación, reafirmamos que es a través de la libertad a expresarse y del debate, y no por medio de la represión, como una sociedad progresa hacia la tolerancia y el respeto de la dignidad de la persona. Nosotros pensamos que no debe sustraerse del libre debate público cualquier materia opinable, sin intocables históricos o morales, en la seguridad de que siempre resplandecerá mejor la verdad por convencimiento que por imposición penal. (...)

Serenémonos un poco de este estado de crispación y guerra judicializada de los sexos. Ni los homosexuales deberían tolerar el ser discriminatoriamente sobreprotegidos por tutores legales, ni las mujeres admitir que el sexo meramente masculino sea discriminado negativamente con penas superiores al femenino por la comisión de delitos idénticos, aunque sean tan odiosos como la violencia sexual homicida. Las discriminaciones positivas no dejan de ser humillantes ni de significar que, en realidad, el sujeto así discriminado lo es negativamente por quienes paternalmente lo protegen, a veces con fines electoralistas.

En todo caso, no vemos justificación válida en la prohibición penal o censura moral de informaciones y opiniones consideradas, aunque no claramente definidas, como atentatorias contra homosexuales y mujeres. Éstas y aquéllos deberían poder defenderse por sí solos, o con la sola ayuda de quienes les apoyan desde el bando masculino, incriminado genéricamente, y del altavoz de los medios de comunicación abiertos a éste como a los demás debates sociales. (...) Que los Verdes, en sus bienpensantes ansias represivas anticlericales, recuerden aquello que proponían los jóvenes rebeldes en los muros de París un Mayo del 68: "Prohibido prohibir". Y que nadie olvide la definición de la dictadura como un sistema en el que todo lo que no está prohibido es obligatorio.

Prohibido prohibir u obligar a hablar bien o mal ya sea de los judíos (¿víctimas inocentes de los nazis o verdugos sanguinarios de los palestinos?), de la raza aria, de la homosexualidad, de las mujeres o de lo divino y de lo humano, siempre que haya derecho de réplica de quien se dé por aludido y que los medios de comunicación, no los tribunales, se abran al debate. No se puede en democracia criminalizar ciertas opiniones, por muy desagradables que sean. No hay debate ilegítimo contra el que se pueda enarbolar la verdad histórica, la moral o la conveniencia social para privarnos de nuestra libertad de pensar y expresar nuestras ideas, incluso las socialmente menos aceptables y, por ello, más fácilmente rebatibles. Esa es la grandeza, no exenta de miseria, de la libertad de expresión y prensa, sin la cual no hay libertad.


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