Contrapunto
Por un puñado de votos (50,3% a favor contra 49,7% en contra) los irlandeses van a poder disfrutar por fin las mieles del divorcio. Por supuesto, sería de mal tono democrático volver a discutir este asunto en el futuro después de que el pueblo ha hablado. Es verdad que también había hablado en 1986 (cuando rechazó el divorcio en referéndum por una proporción de dos a uno). Pero entonces era diferente: el amplio «no» sólo podía ser una etapa provisional hacia el apretado «sí», que desde ahora pasa a ser una conquista social «irreversible».
La cuestión del divorcio en Irlanda atañe a los irlandeses. Pero buena parte de los comentarios en la prensa extranjera han reflejado una postura militante, como si también los que escribían necesitaran ir a Dublín para divorciarse. Ante el triunfo del «sí», han dado un suspiro de alivio: por fin los «rezagados» irlandeses se «homologan» al resto de países europeos. ¿Será el divorcio un nuevo criterio de convergencia para entrar en el club de la moneda única? Lo que está claro es que el derecho a la diferencia, el respeto a la identidad cultural -intocables a la hora de juzgar a otros pueblos-, resultan intolerables en el caso de un pueblo europeo que ha demostrado poder vivir sin divorcio y sin aborto. Una cosa es que Londres se reserve el derecho a no aceptar la moneda única, la política de inmigración comunitaria o los derechos laborales reconocidos en la Carta social europea, y otra que Dublín tenga un régimen peculiar de matrimonio.
Pero los comentarios en el extranjero transmitían la convicción de que la resistencia de la mitad del electorado a aceptar el divorcio se debía fundamentalmente a las «presiones» de la Iglesia católica. Sin embargo, es manifiesto que la campaña contra la ley del divorcio ha sido encabezada por personalidades laicas, con argumentos civiles. En todo caso, quienes han recurrido a un argumento «confesional» a sensu contrario son los que aseguraban que con la aprobación del divorcio se demostraría que la capital de Irlanda estaba en Dublín y no en Roma. Como si no se pudiera defender una u otra postura por las propias convicciones, sin necesidad de atribuir los votos de unos a Roma y los de otros a Bruselas.
Lo curioso es que para arrancar el «sí» por tan sólo 9.000 votos haya hecho falta la movilización de todos los partidos representados en el Parlamento, del conjunto de la prensa nacional e internacional, del gobierno y de numerosos artistas, todos volcados en la misma dirección. ¿Es que ellos no presionaban? Pues si hay que mirar con sospecha a la Iglesia porque puede condicionar al electorado, no hay que ser menos precavido cuando es el Estado el que dice al ciudadano lo que hay que votar.
Para financiar la campaña a favor del «sí», el gobierno ha gastado medio millón de libras, aunque luego fuera desautorizado en esto por el Tribunal Constitucional. Si hubiera hecho lo mismo en favor del «no», ¿no se habría dicho que actuaba al dictado de la Iglesia con una prensa mediatizada desde el poder y con la utilización fraudulenta del dinero público? Pero, ya se sabe, la única presión intolerable es la de esos curas rurales que avasallan al gobierno, a los partidos políticos, a la televisión y a la prensa.
Ignacio Aréchaga