El informe anual de la Comisión para la Protección de los Periodistas (CPJ) consigna entre el mes de enero y el pasado 1 de diciembre la cifra de 125 profesionales de la información encarcelados por ejercer su oficio. Por primera vez los periodistas que trabajan para Internet son el grupo más perseguido por los gobiernos. La CPJ es una organización de periodistas, con sede en Nueva York, dedicada a velar por la libertad de expresión de los informadores.
El primer caso de persecución contra los periodistas de la red fue denunciado por la CPJ en 1997, y desde entonces la lista se ha alargado en proporción a la influencia cada vez más grande del ciberespacio. Aunque el conjunto de las detenciones en 2008 no alcanza, por dos casos, el número del año anterior, las que afectan a blogueros, reporteros o editores de Internet se elevan ya hasta 56, frente a los 53 informadores de prensa que se clasifican a continuación, seguidos de reporteros de radio y TV y documentalistas. Los informadores independientes presos suman 45. La vulnerabilidad de este último grupo resulta notoria teniendo en cuenta que, al carecer del apoyo de una agencia, los freelancers no disponen de recursos legales o vínculos políticos que les ayuden a recobrar su libertad.
El director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, ha señalado que “el poder y la influencia de esta nueva generación de periodistas de Internet ha captado la atención de los gobiernos represivos alrededor del mundo y aceleró su contraataque”.
China y Cuba, pero también EE.UU.
Por décimo año consecutivo China encabeza la lista de los 29 países donde se producen arrestos contra periodistas. La creciente presencia de Internet en el país asiático queda evidenciada porque trabajan en la red 24 de los 28 periodistas que, según el informe de la CPJ, permanecen encarcelados allí. El caso más conocido es el de Hu Jia, que cumple tres años y medio de prisión por sus críticas al Partido Comunista, y al que el Parlamento Europeo concedió en octubre el premio Sajarov para la Libertad de Conciencia frente a las protestas del gobierno de Pekín.
La propia CPJ otorgó también, en noviembre, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa a Héctor Maseda Gutiérrez, que es con 65 años el periodista de más edad encarcelado en Cuba. Tras liberar a otros dos, el régimen castrista suma 21 informadores presos.
Birmania con 14 deyenidos y Eritrea con 13 siguen en la lista de regímenes depredadores de periodistas. En Uzbekistán, donde hay 6 encarcelados, es particularmente notorio el caso de Jamshid Karimov, sobrino del presidente del país, que trabaja para sitios independientes en la red y que ha estado recluido por la fuerza en un hospital psiquiátrico desde 2006.
Estados Unidos, que retiene en Irak al fotógrafo Ibrahim Jassam sin acusación alguna, figura por quinto año consecutivo en la deshonrosa lista. El CPJ, por otra parte, ha señalado que el número de detenciones aumentó significativamente después de que los gobiernos del mundo implantaran severas medidas de seguridad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Imputaciones vagas
Según la Comisión, las imputaciones más utilizadas para privar de la libertad a los periodistas consisten en cargos como “subversión”, “divulgación de secretos de Estado” o “actuación contra intereses nacionales”. Aproximadamente el 59% son acusados de esta forma -especialmente por parte de los gobiernos chino y cubano-, y sobre casi un 13% no recae acusación formal, aunque se les retiene indefinidamente y no se les somete al debido proceso. También Irán e Israel, además de los países mencionados, aparecen en el informe como escenarios de aquellas irregularidades.
La CPJ se ha remitido a la Global Network Initiative acordada el pasado octubre tras dos años de negociaciones, un compromiso que responde al trabajo de académicos, ONG y empresas. En virtud de este acuerdo los gigantes de Internet buscan adoptar un código ético para proteger la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de la red, contrarrestando “los esfuerzos de gobiernos que tratan de involucrar a las empresas en actos de censura y vigilancia, actos que violan las normas internacionales”. El acuerdo, al que se sumaron compañías como Yahoo, Google y Microsoft, implica que han de tomarse en cuenta cuestiones de derechos humanos antes de decidir sobre los ámbitos de operación y los servicios que se ofrecen.
Con este compromiso, las grandes puntocom que han decidido estar presentes en el mercado chino salen al paso de las suspicacias que les atribuyen una colaboración con el régimen de Pekín para la identificación de disidentes a través de la red.
El compromiso que supone este código no parece ir más allá de una mera declaración de intenciones; pero ha sido saludado como un avance significativo hacia el reconocimiento de que la red debe ser implicada en la protección de los derechos humanos.