Se han publicado en Francia tres reglamentos de aplicación de la ley aprobada en 2005 que permite al paciente terminal rechazar tratamientos y establecer instrucciones anticipadas sobre el final de su vida (ver Aceprensa 46/05).
Un primer decreto precisa el modo de establecer las instrucciones anticipadas, documento escrito en el que el paciente manifiesta sus disposiciones para el caso en que ya no esté en condiciones de expresarlas. Tienen una validez de tres años, renovable. Cada nueva modificación abre otro plazo de tres años. En el caso de que el paciente, aunque esté en condiciones de expresar su voluntad, no pueda escribir y firmar por sí mismo el documento, puede pedir a dos testigos que den fe de que esa es su voluntad. Las instrucciones pueden incorporarse a su historial médico, ser entregadas a una persona de confianza o ser conservadas por el interesado.
El segundo decreto se refiere al procedimiento para decidir la interrupción de un tratamiento que «no tiene otro objeto o efecto que mantener artificialmente la vida», en el caso de un enfermo que está inconsciente. El médico del paciente adopta la decisión mediante un procedimiento colegial dentro del equipo médico, si existe, y con la opinión motivada de otro médico que no tenga ningún vínculo de naturaleza jerárquica con él. Habrá que consultar a la familia y, en su caso, las instrucciones anticipadas.
El tercer decreto amplía a las residencias de ancianos y discapacitados la obligación, que ya existe en los centros sanitarios, de tener un proyecto de cuidados paliativos.