“Las 17” y el aborto en El Salvador

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Teodora Vásquez siempre sostuvo que había sufrido un aborto espontáneo cuando estaba trabajando como limpiadora en un colegio. Los jueces determinaron, movidos por pruebas científicas, que el niño había nacido con vida y había sido asfixiado posteriormente. Este es tan solo uno de los casos conocidos como “las 17” en los medios. Se trata de mujeres condenadas por homicidio agravado por parentesco, delito que medios y organizaciones abortistas internacionales se han afanado en llamar “el equivalente en este país a un aborto”.

En febrero, Teodora Vásquez fue liberada después de que la Corte Suprema de Justicia del país conmutara su sentencia.

Explica que comenzó a sentir fuertes dolores abdominales por lo que acudió al baño y ahí mismo dio a luz a su hijo. Alega que ella no realizó ninguna acción para provocar la muerte de la niña. Sin embargo, tal como se manifiesta en el dictamen de indulto, el Instituto de Medicina Legal de El Salvador practicó la autopsia y esta reveló que el niño había nacido con vida, respiró al nacer (se constató a través de la prueba de docimasia hidrostática) y posteriormente falleció por una asfixia. Además, en la autopsia también se encontraron rastros de asfixia por sumersión ya que los pulmones estaban llenos de líquidos.

Tanto Vásquez como el resto de “las 17” fueron condenadas por homicidio agravado y no por aborto

En El Salvador, el aborto está tipificado como un delito con penas máximas de 5 años, pero tanto Vásquez como el resto de “las 17” fueron condenadas por homicidio agravado, pues se corroboró que los niños habían nacido con vida y que habían sido asesinados por otros medios (asfixia, golpes en la cabeza, cuchilladas en el pecho, etc).

Quienes solicitaron el indulto de Vásquez por primera vez en 2014 alegaron la “incapacidad” del Instituto de Medicina Legal y aseguraron que no habían pruebas contra la condenada. Sin embargo, la resolución del indulto rechazó esa primera solicitud. Ahora, tras 10 años en prisión, el gobierno de El Salvador le ha conmutado la pena y distintas organizaciones internacionales y activistas proaborto han organizado una gira para Teodora, que espera abrir nuevamente el debate sobre el aborto en El Salvador y exigir la libertad de “las 17”.

El Colegio Médico de El Salvador publicó un comunicado en el que exigía la defensa de la vida como esencia de la profesión médica

Del indulto al aborto

En medio de la presión internacional, políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido socialista y revolucionario, han reabierto el debate sobre la legislación. En octubre de 2016, se propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos de violación, riesgo de muerte de la mujer o inviabilidad fetal. Ante esto, el Colegio Médico de El Salvador publicó un comunicado en el que manifestaba el conocimiento científico sobre el inicio de la vida y exigía la defensa de la vida como esencia de la profesión médica. Además, proponía mantener la legislación actual por ser buena praxis médica, buscar soluciones de fondo enfocadas en la prevención y desarrollar alternativas de apoyo a las embarazadas en situaciones difíciles.

Asimismo, el comunicado condenaba la “campaña mediática de desinformación en torno al aborto manipulando conceptos y datos” y expresaba respecto a los casos de “las 17”: “Ninguno es aborto”. Añadía también que estas campañas creaban incertidumbre en las madres al hacerlas pensar que se trataba de casos de “abortos espontáneos”, además de crear una campaña de desprestigio internacional al país. Finalmente, hacían un llamamiento a todos los profesionales médicos a respetar el valor de la vida y los valores deontológicos médicos.

Se podría hablar de una revisión jurídica de las pruebas y de la condena, pero la revisión de la legislación sobre el aborto queda lejos de las cuestiones discutidas en el caso

Peras y manzanas

Sorprende que el caso de Vásquez haya llevado a legisladores a plantear la legalización, pues ambos lados de la discusión niegan que haya habido un aborto: la mujer asegura que fue una “complicación ginecológica” y un accidente por un parto de emergencia, y, por su parte, el Instituto de Medicina Legal, junto al juez que dictó la condena, sostienen que hay pruebas suficientes para demostrar que fue un homicidio. En cualquiera de estas situaciones, se podría hablar de una revisión jurídica de las pruebas y la condena, pero la revisión de la legislación sobre el aborto queda lejos de las cuestiones discutidas en el caso.

Las asociaciones provida salvadoreñas aseguran que se trata de un oportunismo mediático para hacer presión sobre el país y que tanto estas mujeres como sus defensores se valen de “mentiras y eufemismos” para justificar la presión a los diputados. Los titulares de algunos medios internacionales aumentan la confusión sobre el caso al asegurar que estuvo 10 años en prisión por abortar, a pesar de que la condena a Teodora y a las otras mujeres del caso “las 17” fue por homicidio agravado por grado de parentesco. El Salvador es uno de los 7 países latinoamericanos que prohíben el aborto en cualquier caso, junto con Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Haití y Surinam.


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