La revisión de la Conferencia de El Cairo sobre la población
«Derechos reproductivos», «maternidad segura», «contracepción de emergencia»… son términos aparentemente neutros pero que suscitan una persistente polémica sobre políticas demográficas. Cinco años después de la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo, la ONU está revisando la aplicación del plan de acción entonces aprobado. Y lo que se observa en las reuniones hasta ahora celebradas es un intento de reinterpretar el documento de El Cairo, a fin de introducir medidas allí rechazadas. Es como una «píldora de cinco años después» para anular lo que allí se concibió.
La reunión más importante para evaluar la puesta en práctica del plan de acción de la Conferencia de El Cairo será una sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York del 30 de junio al 2 de julio. Para prepararla están teniendo lugar diversas reuniones pilotadas por el Fondo de Población de la ONU (FNUAP), como la que tuvo lugar en La Haya el pasado febrero (cfr. servicio 27/99). Lo que se pretende aprobar en julio quedó más claro en la reunión gubernamental que tuvo lugar en Nueva York a finales de marzo y principios de mayo. La Comisión sobre Población y Desarrollo ha elaborado un breve documento (13 páginas con 79 puntos) que ha sometido a la Asamblea General. El documento final ha quedado prácticamente elaborado, aunque faltan por decidir algunos de los puntos más conflictivos.
Reinterpretar para cambiar
Este documento tiene gran importancia, ya que pretende ser una aplicación del Plan de Acción de El Cairo (cfr. servicio 120/94), con medidas en bastantes casos conflictivas desde el punto de vista ético y político. Además influirá notablemente en la Conferencia sobre la Igualdad de la Mujer, que en marzo del 2000 revisará la puesta en práctica del documento elaborado en la Conferencia de Pekín en 1995.
En la reunión del pasado marzo en Nueva York, la premisa era que se trataba tan sólo de revisar la puesta en práctica del Plan de Acción aprobado en El Cairo y no de una renegociación del texto. Esto es lo que se decía, pero la realidad era otra. Una vez más se hizo patente el enfrentamiento Norte-Sur, así como la diferente interpretación de los «derechos reproductivos» y las pretensiones de su reinterpretación en un sentido en el que quepa el aborto a petición, el control de natalidad, el libre acceso de los adolescentes a la contracepción, etc. (cfr. servicios 45 y 103/98).
Las negociaciones del documento de El Cairo y de la actual revisión están presididas por el FNUAP. En principio, sería lógico pensar que el cometido de una agencia de la ONU dedicada al bienestar de la población debería ser combatir la pobreza y favorecer la mejora del nivel de vida a través de la educación, de la alimentación, vivienda, medidas higiénicas, etc. Sin embargo, el FNUAP sólo se ha distinguido por dirigir sus recursos y esfuerzos a fomentar campañas de control de población.
Para realizar estas campañas y obtener apoyos, el FNUAP procura rodearse de ONGs afines. Así ocurría en la reunión de Nueva York, donde la mayoría de las ONGs acreditadas eran partidarias de la política de control de población y del aborto, y vinculadas a la International Planned Parenthood Federation (IPPF). Casi todas, compuestas por mujeres representativas de un cierto tipo de feminismo radical, ya anacrónico en sus países de origen, pero protagonista en las reuniones de la ONU. Como novedad estratégica, la IPPF había apoyado la presencia de grupos de jóvenes que se hicieran eco de sus tesis.
En la reunión se analizaron los avances logrados en estos cinco años desde la Conferencia de El Cairo: cambios legislativos en pro de la igualdad de derechos de las mujeres; acceso a la política, a la educación, a la propiedad de la tierra; prohibición legal de la mutilación genital femenina; retraso de la edad legal para contraer matrimonio, etc. Pero el debate se centró en los conceptos que ya fueron problemáticos en El Cairo.
Nueva agenda
Una vez más, la estrategia consistía en introducir nuevos términos, cargados de contenido ideológico, bajo un ropaje científico. El borrador del documento marginaba en cierta manera la referencia a la soberanía de los pueblos en estas materias. Se acordó dejarlo sentado en la introducción. También se intentaba omitir toda referencia a los valores religiosos y culturales. Ante las reclamaciones de los países en vías de desarrollo, esos conceptos volvieron a ser recogidos en el texto. En general, las fuerzas estuvieron agrupadas en dos bloques: por una parte, EE.UU., la Unión Europea, Noruega, Canadá, Australia, Japón y México; y por la otra, el llamado «grupo de los 77» (formado en realidad por 129 países) y China, Argentina, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y la Santa Sede.
En la confrontación entre el Norte y el Sur, la inmigración es siempre asunto polémico, así que muchas horas de discusión se dedicaron a los derechos de los inmigrantes.
Al hablar de los métodos anticonceptivos, un nuevo término que se intenta acuñar es el de contracepción de emergencia (emergency contraception), es decir, el uso de una píldora después de haber tenido una relación sexual con el fin de evitar un embarazo no deseado. Este contraceptivo impide la implantación del huevo fecundado (en definitiva de un embrión) en el útero.
Los partidarios de introducir este término en el texto del Documento, como un método contraceptivo más, no quieren reconocer su carácter abortivo. La manipulación lingüística es importante, ya que en los acuerdos de El Cairo se dice expresamente que «en ningún caso se debe promover el aborto como medio de planificación familiar» (art. 8.25). En esto se apoyan los que descalifican estos métodos por considerarlos una práctica abortiva, ya que si la vida humana comienza con la fecundación, impedir que el feto se implante en el útero es impedir que se desarrolle.
La educación sexual de los adolescentes
El otro tema polémico es la pretensión de imponer a todos los países el acceso de los adolescentes a los centros de planificación familiar sin consentimiento de los padres. Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud considera como adolescente al niño/a a partir de los 10 años. Dentro de este mismo capítulo, se pretende introducir la educación sexual obligatoria en el currículum escolar, sin contar con los padres. La insistencia pertinaz de la delegada de EE.UU. en suprimir del documento la referencia a los padres llevó a momentos tensos. Con cierta ironía, representantes del «grupo de los 77» preguntaron a la delegada americana qué tenía su país contra los padres. De hecho, en el documento de El Cairo se dice que corresponde primariamente a los padres «el derecho, el deber y la responsabilidad de orientar a los adolescentes respecto a la sexualidad y a la procreación».
Frente a esta clara orientación, se esgrimen casos minoritarios de abusos sexuales en el seno familiar; y de ahí se generaliza presentando a los padres como enfrentados a los hijos, de manera que en la educación sexual se garantice la confidencialidad al adolescente frente a sus padres.
Otros términos controvertidos son el concepto de aborto seguro y maternidad insegura. En el texto de El Cairo se dice que «en las circunstancias en que el aborto no es ilegal, éste debe ser seguro». Para abrir camino al reconocimiento del aborto, se asume que todo embarazo es un riesgo para la salud de la madre, cuando en circunstancias normales y con el desarrollo actual de la medicina, la realidad es otra. También se inflan las cifras de la mortalidad materna y la morbilidad por causas relacionadas con el embarazo.
Manipulaciones terminológicas
Como ya ocurrió en las conferencias de El Cairo y de Pekín, las organizaciones de control de la natalidad presionaron para introducir los «derechos reproductivos» como nuevos derechos humanos. El núcleo del problema no es que se invoquen estos derechos, sino que con ellos se pretenda legitimar cualquier tipo de conducta relacionada con la procreación.
En cambio, esta vez se evitó la discusión sobre la orientación sexual, y hubo sólo pequeños amagos de introducir el término familias, en plural, pero se acabó recurriendo siempre a textos previamente consensuados. Eso sí, los delegados tenían que estar continuamente alerta frente a los persistentes intentos de cambiar el lenguaje por parte de las delegaciones de EE.UU., países nórdicos, UE, Canadá y Australia.
También se menciona expresamente, por petición de los países en vías de desarrollo, el derecho de los médicos a no implicarse en tratamientos que vayan contra los estándares éticos (es decir, una referencia a la objeción de conciencia).
La población crece cada vez menos
En el documento se toman como evidencias afirmaciones no probadas científicamente. Como la de que el aumento de población es un mal en sí mismo, y la causa de la pobreza. Pero la División de Población de la ONU lleva un decenio rectificando a la baja sus previsiones de crecimiento demográfico. Ahora prevé que la fecundidad media mundial bajará del actual 2,7 hijos por mujer a 2,03 en el 2040.
Algunos autores consideran que este fenómeno se produciría de todas maneras de un modo natural, mediante una mayor educación de la mujer, sin forzarlo a través de medidas drásticas de planificación programadas desde el Estado. Al permanecer más años en la escuela, se retrasa la edad del matrimonio y, por tanto, comienza a tener descendencia más tarde; su mejor educación lleva a una maternidad responsable; y el descenso de la mortalidad infantil lleva a su vez a retrasar los embarazos.
Pero en el borrador del documento en ningún momento se habla del desarrollo de la mujer basado en la adquisición de una mayor educación y una mayor independencia económica. El desarrollo de la mujer se identifica con el control de su fertilidad, en el sentido de reducir la natalidad. Se dice que la contracepción contribuye a la salud, pero se silencian los efectos secundarios de determinados métodos anticonceptivos.
Problemas de salud
La misma visión reductiva se observa al hablar de la corresponsabilidad del varón: sólo aparece como corresponsable de la contracepción de su mujer, pero no se menciona su papel en la educación y crianza de los hijos. Otras veces, la patología familiar sirve para silenciar la normalidad: de la existencia de niños de la calle, o sin padres, se pasa a argumentar que, como muchos niños no tienen padres, se debe suprimir esa palabra del texto.
Al leer el documento, da la impresión de que los problemas de salud de los países en vías de desarrollo se reducen al SIDA y a la mortalidad materna. Pero otros informes de la Organización Mundial de la Salud dejan claro que en la mortalidad de los países del Tercer Mundo influyen otras causas más decisivas, como la malaria, cólera, aguas en mal estado, deshidratación, etc. El argumento de la prevención del SIDA se utiliza para imponer el uso del preservativo masculino, y ahora femenino, cuando en realidad lo que se persigue es su efecto anticonceptivo. Como decía un médico africano, «no tenemos guantes para operar, pero tenemos cajones llenos de preservativos».
Lo que se silencia
Entre los países ricos del Norte, preocupados por el miedo a la invasión de los pobres, y los países en vías de desarrollo, que necesitan su ayuda y sufren sus presiones, se advierte una disparidad de intereses y de prioridades. Y esto se manifiesta tanto en las afirmaciones de los documentos como en los silencios.
Entre lo que se silencia están los efectos secundarios de los distintos métodos anticonceptivos (como el escándalo con el empleo de Norplant, prohibido ahora en EE.UU.). O un atentado a los «derechos reproductivos» como las esterilizaciones forzadas, impulsadas por Fujimori en Perú (cfr. servicio 4/99). La delegada de Nicaragua insistió en que se introdujera en el documento que la contracepción debe ser libre y no forzada por los gobiernos u otros organismos. Pues es bien sabido que las ayudas internacionales están supeditadas a menudo a campañas de anticoncepción. Se acordó añadir el término «libre». Pero ante la sugerencia de que se prohibiera expresamente fijar determinadas cuotas de esterilizaciones, los países occidentales dijeron que era reiterativo, ya que si la contracepción debe ser libre, se excluye el sistema de cuotas.
Esta idea de libertad no parece casar bien con políticas demográficas como la del hijo único en China, apoyada en su día públicamente por la presidenta del FNUAP, la pakistaní Nafis Sadik; motivo por el cual el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de EE.UU. se niega a financiar al FNUAP, que sin embargo cuenta con el apoyo de la Administración Clinton.
Junto al silencio, otro modo de descalificar al disidente es acusarle de «obstruir la marcha del documento», si propone algo distinto. Pero si alguien frenó la marcha del documento fue Estados Unidos, que proponía continuamente nuevas redacciones, copando el uso de la palabra, que como de costumbre no fue nada equilibrado.
En esta línea se inserta la campaña para que la Santa Sede no tenga status consultivo en las reuniones de la ONU. La Santa Sede no es susceptible de someterse a las presiones de los poderosos y no se calla, lo cual molesta a los que quieren imponer sus opiniones.
María Elósegui Itxaso es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza. María Elósegui