Tras ser aprobada en las dos cámaras del Parlamento ruso, el 26 de septiembre Borís Yeltsin ha firmado la ley sobre la Libertad de Conciencia y las Asociaciones religiosas. Esta segunda versión -el presidente vetó la anterior- tampoco ha convencido por completo a la Iglesia católica ni a las protestantes. El nuevo texto incluye el «cristianismo» entre las religiones que «constituyen una parte inalienable de la historia de los pueblos de Rusia» (junto con el islam, el judaísmo y el budismo). Pero los reglamentos y la forma de aplicar la normativa pueden complicar la actividad a las Iglesias cristianas no ortodoxas.
Según ha declarado al diario Avvenire (26-IX-97) Mons. John Bukovsky, nuncio en Moscú, «el paso más significativo [con respecto al proyecto de ley que vetó Yeltsin] es la eliminación del concepto de asociación pan-rusa, que exigía a cada una de las confesiones religiosas estar presente al menos en la mitad de las provincias de la Federación. Para nosotros se habría creado una situación insostenible. Ahora, por el contrario, las dos Administraciones apostólicas, la de Rusia europea y la de Rusia asiática, pueden recibir la aprobación sin demasiados problemas».
Aun así, la nueva ley, que pretende combatir el avance de las sectas (ver servicio 95/97), «no tiene en cuenta la estructura de la Iglesia católica en diócesis y parroquias, órdenes monásticas y monasterios», según el arzobispo católico de Moscú, Tadeusz Kondrusiewicz. Y esto puede crear problemas de registro, según sean los reglamentos de aplicación que emanen del Ministerio de Justicia y «aún más de los administradores que deberán ponerlos en práctica», puntualiza Mons. Bukovsky.
La ley pone trabas a las confesiones religiosas que no demuestren su existencia legal en un territorio durante al menos los 15 años anteriores (como es el caso de instituciones católicas y confesiones protestantes, no reconocidas oficialmente durante el régimen comunista). Mons. Bukovsky se mantiene optimista respecto al futuro de la actividad de la Iglesia católica: «No se nos ha negado el derecho de desarrollar actividades pastorales, de imprimir y publicar libros, de invitar a personalidades religiosas del extranjero». Pero también advierte que «desde luego, pueden hacernos la vida muy difícil, sobre todo en el ámbito local».
Ante las quejas de otros países, el presidente Boris Yeltsin vetó el primer texto de la ley, considerando que contradecía la Constitución. Se formó una comisión conciliadora que mantuvo reuniones con católicos y protestantes y redactó el nuevo proyecto.
Sobre la ley actual, el Patriarca de Moscú, Alexis II, ha declarado que «responde a las normas europeas» y que le parece bien que tenga en cuenta las tradiciones y cultura rusas. La ley define a Rusia como un Estado laico, aunque reconoce el «papel fundamental de la Iglesia ortodoxa en la historia de Rusia» y da preeminencia a esta Iglesia, a la que considera «parte inalienable del patrimonio histórico, espiritual y cultural de Rusia».
A finales de agosto, el arzobispo católico de Viena, cardenal Christopher Schönborn, se reunió con Alexis II para impulsar el diálogo entre católicos y ortodoxos. En este encuentro, Schönborn comentó que el Vaticano está de acuerdo en que la legislación tenga en cuenta las particularidades de cada país, siempre que los legisladores rusos igualen los derechos de todas las confesiones que existen en Rusia.
Ambos conversaron, entre otras cosas, de la posible reunión del Patriarca y Juan Pablo II, a la que el jerarca ortodoxo pone como condición la firma conjunta de una declaración que condene el proselitismo. Alexis II definió el proselitismo como «el intento de atraer a otra religión, por métodos indecorosos, a personas que profesan la religión de sus antepasados».
Tampoco las Iglesias protestantes están libres de temores ante la nueva ley. Algunos análisis señalan que, con una interpretación restrictiva de la norma, 75 de las 200 iglesias protestantes que funcionan en Moscú no serían registradas como «organización» religiosa, sino como «grupo», lo que significa que deberían registrarse todos los años, sin derecho a crear escuelas o editar publicaciones hasta cumplir los quince años.