Tras la matanza de Tiananmen se podía pensar que nadie más contestaría al partido comunista chino dentro de sus fronteras. Sin embargo, cinco años después, la disidencia no ha desaparecido, sino que ha renovado su estrategia. El gobierno comunista observa inquieto estos cambios y continúa la represión.
En previsión del quinto aniversario de la protesta en Tiananmen -los pasados 3 y 4 de junio-, el gobierno de Pekín reforzó las medidas de seguridad. Concretamente, se ha permitido a la policía encarcelar, sin juicio y durante dos semanas, a quien suponga culpable de un atentado contra el orden social.
A la represión, la disidencia ha respondido con un cambio de estrategia, según informa el diario Le Monde. Por ejemplo, ahora la información sobre los disidentes ya no se propaga exclusivamente en el interior de las prisiones o campos. Llega también al exterior, a otros grupos sociales e incluso fuera del país, como se verifica por la concreción de los informes de asociaciones extranjeras -Amnistía Internacional, Human Rights Watch/Asia o Human Rights in China- que examinan el respeto de los derechos humanos en el país.
La mayor difusión de noticias se debe en parte a la relativa apertura económica del país: los disidentes cuentan con ordenador y trasmiten sus escritos por módem o fax a las agencias extranjeras de prensa y a sus conocidos.
También se advierte un cambio de estilo en los documentos de la disidencia. Desligándose del tradicional carácter patético, se plantean sobre todo qué hacer con el país en el futuro. Para lograr un cambio pacífico, en vez de la reivindicación idealista de la democracia, prefieren hacer propuestas concretas que no suponen un enfrentamiento directo con el gobierno. Así, un grupo de disidentes ha dirigido al gobierno una Carta para la Paz donde le piden modificar la legislación china que no se ajusta a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos.