A finales de enero se publicó un esperado estudio sobre la integración de los inmigrantes de segunda generación en la sociedad francesa. Los autores entrevistaron a más de 22.000 personas de entre 18 y 60 años. Como la constitución prohíbe recopilar datos demográficos por origen étnico o religión, tuvieron que solicitar permiso expreso a los tribunales. El informe, de más de 600 páginas, supone una de las investigaciones más completas hasta la fecha sobre un problema que, según algunos analistas, se está intentando ocultar porque es “políticamente incorrecto” y contradice el pretendido multiculturalismo francés.
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