Hace siete meses, y tras un largo debate, se aprobó en Francia el Pacto Civil de Solidaridad (PACS), que da un estatuto jurídico a las parejas no casadas, del mismo o distinto sexo, equiparándolas en algunos derechos con el matrimonio (cfr. servicio 146/99). La ley estaba pensada para parejas de hecho, que no quieren o no pueden casarse conforme a derecho. Pero ahora empieza a comprobarse que también está siendo utilizada por parejas que de hecho no lo son, pero que quieren acogerse a ciertos beneficios del derecho.
Según datos recogidos en un reportaje de Le Figaro (25-V-2000), son sobre todo profesores aspirantes a un traslado y jóvenes que han agotado las prórrogas del servicio militar los que han descubierto las ventajas que puede suponer un PACS.
De acuerdo con lo estipulado en la ley, la Administración debe tener en cuenta la existencia de un PACS en los traslados de funcionarios. En los baremos para los traslados del Ministerio de Educación, que tienen en cuenta la «reagrupación de los cónyuges», el PACS está equiparado al matrimonio o a un concubinato en el que haya nacido al menos un hijo reconocido por los dos padres. Con la ventaja de que es un compromiso mucho más flojo. Las partes del PACS establecen los términos en que se obligan, y pueden rescindir el pacto por mutuo acuerdo o por ruptura unilateral, comunicándolo al tribunal por carta certificada.
En el primer trimestre de este año se habían registrado 7.761 pactos. Pero no en todos los casos parecen ser expresión de amor y sinceridad. Jóvenes profesores que aspiran a lograr un puesto en determinada ciudad, buscan a alguien de allí -ya aparecen incluso anuncios- dispuesto a establecer un pacto que aumentará su puntuación a efectos del traslado. Se comprometen a liquidar este PACS «blanco» a los tres meses.
Para los 300.000 jóvenes que disfrutan de una prórroga del servicio militar, el PACS puede ser el último cartucho cuando ya han agotado todos los plazos. Si no se animan a casarse con su compañera, un paso intermedio puede ser un PACS. Recientemente el Ministro de Defensa declaraba que los jóvenes que han establecido un PACS podrían beneficiarse de una dispensa si «su incorporación a filas les impidiera mantener las condiciones de existencia de las personas que tienen a su cargo». Una intención que todavía no se ha concretado en normas, pero que ha suscitado expectativas entre los jóvenes interesados.
La ley del PACS sólo había previsto la posibilidad de fraude en el caso de inmigrantes. Por eso, cuando uno de los firmantes del pacto es extranjero, el PACS apenas mejora su situación para obtener el permiso de residencia. En cambio, no había establecido especiales cautelas para posibles fraudes entre nacionales. Pero algunos han empezado ya a descubrir los trucos para sacar el mayor partido a una ley que pretendía «acabar con la hipocresía».