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Estados Unidos: los pro-vida descalifican la violencia

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Los asesinatos de dos mujeres en clínicas abortistas, cometidos por un joven desequilibrado a finales de diciembre, fueron aprovechados por las organizaciones abortistas para acusar al movimiento pro-vida de instigar la violencia. Pero la campaña ha fracasado. La opinión pública ya sabe que los responsables de las muertes son individuos aislados de la corriente principal de los pro-vida y que éstos, por su parte, han deplorado siempre tales atentados.

En el marco de la campaña, el jueves 5 de enero, The New York Times publicaba un anuncio pagado por la Planned Parenthood Federation que acusaba a tres personas de favorecer por su actitud los atentados en clínicas abortistas. Los implicados eran el cardenal Roger Mahoney, presidente de la comisión de acción pro-vida de la Conferencia de Obispos Católicos; el telepredicador evangelista Pat Robertson y el nuevo jefe de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich. Ninguno de ellos está vinculado con asesinatos.

Al contrario, la amplia mayoría de los grupos pro-vida ha reprobado esas muertes; entre ellos, el activo grupo Operation Rescue, promotor de las manifestaciones contra las clínicas abortistas, que ha calificado estos atentados de asesinatos. También la jerarquía de la Iglesia católica ha rechazado frecuentemente ese tipo de violencia. El Papa Juan Pablo II, en el viaje a Denver del verano de 1993, dijo expresamente que no debe utilizarse la violencia para defender la vida. Otros representantes católicos y protestantes reafirman esa idea, como el arzobispo de Nueva York, John O’Connor, que sentencia: «Quien quiera matar a un médico abortista que me dispare a mí. Quiero ofrecer mi vida por la suya».

Pero la campaña ha sido tan virulenta que el propio New York Times, antagonista del movimiento pro-vida, llegó a publicar un artículo de una profesora de Harvard, Mary Ann Glendon, en el que criticaba a la Planned Parenthood Federation. Glendon afirmaba que esa organización estaba instrumentalizando el caso para suprimir cualquier crítica contra el derecho al aborto, lo cual es antidemocrático.

En realidad, sólo grupos marginales justifican la violencia contra las clínicas que realizan abortos. Pero el riesgo es patente: circulan 200 millones de armas de fuego en manos de los ciudadanos, y -en un país donde se cometen 25.000 asesinatos anuales- siempre hay personas desquiciadas que secundan sus ideas. De hecho, desde 1993 han sido asesinadas cinco personas por antiabortistas violentos.

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