Un tercio de los jóvenes españoles de 20 a 34 años sigue viviendo en el hogar de los padres. Un factor determinante en este retraso en la edad de emancipación de los jóvenes en los últimos 25 años es la creciente dificultad de acceso a la vivienda, según un estudio que acaba de publicar el Consejo Económico y Social (CES).
El estudio, titulado La emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en España, señala que la proporción de emancipados de 20 a 34 años ha pasado del 44% en 1977, al 33% en 2001. El mayor descenso se ha notado entre los de 25 a 29 años: en 1977 estaban emancipados en torno al 55%, ahora no llegan al 30%. Aunque es más relevante el descenso de los de 30 a 34 años, que ha pasado del 78% al 68%.
El CES explica este retraso por tres factores: la prolongación de los años dedicados a la formación; las elevadas tasas de paro y temporalidad juvenil; y el difícil acceso a la vivienda en España.
En los últimos veinticinco años se ha incrementado el tiempo dedicado a la formación y, por lo tanto, los jóvenes se incorporan más tarde al empleo. Además, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, los jóvenes no compaginan el estudio con el trabajo: terminan sus estudios en el domicilio familiar.
En cuanto al trabajo, los jóvenes consideran autonomía económica a la que permite hacer frente al pago regular de rentas de alquiler o de cuotas de préstamo, en el caso de la compra de vivienda. Conseguir un sueldo suficiente requiere unos años de trabajo, por eso los jóvenes planean su vivienda no en función de las necesidades actuales, sino de su futuro proyecto familiar.
El tercer problema es que el mercado de alquiler es escaso y caro: en España las viviendas en alquiler son el 14%, mientras que la media de la UE está en el 39%. La compra es más atractiva; sin embargo, la vivienda es más cara en España que en otros países, como Alemania, Austria, Finlandia, Suecia o Gran Bretaña.
El informe propone promover el alquiler social -viviendas de propiedad pública, a precios fuera del mercado-, ya que parece el más adecuado como primer acceso a la vivienda. En España, el alquiler social representa el 2% del total de viviendas, muy por debajo del 18% de media de la UE. También propone construir en parcelas de equipamiento comunitario apartamentos de espacio reducido y con servicios comunes, destinados a la residencia transitoria de jóvenes con determinadas condiciones socioeconómicas.
El CES propugna instrumentos fiscales para desincentivar la permanencia prolongada de viviendas desocupadas; y mejorar el tratamiento fiscal del alquiler, tanto para los propietarios como para los inquilinos. Una última medida para favorecer el alquiler son los programas de vivienda intergeneracional, donde los jóvenes conviven con personas mayores que viven solas.
Según el Banco de España, las familias destinan un 36% del salario medio al pago de hipotecas. El CES sugiere que se creen nuevos mecanismos de garantía sobre el importe no cubierto por la hipoteca, con participación pública, para la compra de vivienda por jóvenes con menor nivel de renta. Asimismo, propone que se desarrollen las viviendas de titularidad compartida entre la Administración y los jóvenes -que ya se han puesto en marcha en algunos lugares-, con la idea de ensayar nuevas fórmulas de vivienda protegida (solo el 5% de las nuevas viviendas son de protección oficial).
[Sobre la situación de la vivienda en Europa, ver servicio 171/02].